“La democracia venezolana se encuentra herida de gravedad; la represión sistemática y la exclusión electoral son el fuego que la consume.”
Un proceso electoral marcado por la exclusión y el abuso institucional
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 consolidaron la permanencia del régimen de Nicolás Maduro, pero a un costo democrático insostenible. La negativa arbitraria a la candidatura presidencial de María Corina Machado y la descalificación selectiva de partidos políticos tradicionales minaron la legitimidad del proceso. Se trató de una elección profundamente desequilibrada, donde no existieron garantías básicas de participación ni condiciones justas para competir.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por los jueces del régimen, fue utilizado una vez más como instrumento cómplice para validar un proceso electoral carente de auditorías técnicas, control ciudadano y de transparencia.
Esta maniobra, además de vulnerar el marco legal con una inédita auditoría judicial secreta y fuera de las competencias formales, representa un abuso de poder sin precedentes que viola tanto la legislación venezolana como los principios fundamentales del derecho electoral. Tal como advirtió Human Rights Watch en su informe de 2025: “El uso del poder judicial para encubrir irregularidades electorales es un síntoma grave del deterioro institucional en Venezuela”.
La justicia, en lugar de actuar como garante de legalidad, sigue degradada a una herramienta del poder político del régimen para revestir de aparente legitimidad procesos profundamente ilegítimos.
Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido reiteradamente sobre la falta de garantías electorales y la exclusión política en Venezuela, las prácticas que podrían considerarse formas de terrorismo de Estado se renuevan no solo en la anulación de derechos políticos, sino en el patrón represivo posterior: detenciones arbitrarias, persecución judicial, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
La respuesta ciudadana: más de 4.100 protestas en medio de la crisis
La reacción de la ciudadanía fue masiva y sostenida. Durante los meses posteriores a las elecciones, se documentaron más de 4.100 protestas, en su mayoría pacíficas, que expresaron no solo rechazo al robo electoral, sino también demandas sociales urgentes como la crisis de los servicios públicos, la precariedad laboral y el acceso a alimentos y medicinas.
Estas manifestaciones se concentraron en estados como Distrito Capital, Zulia, Lara, Mérida y Bolívar, regiones históricamente movilizadas y con alto deterioro de las condiciones de vida. “La protesta social en Venezuela refleja el agotamiento de los canales institucionales para la expresión democrática”, como lo sostiene el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en sus informes mensuales (jul-dic 2024).
Represión selectiva y violaciones sistemáticas a los derechos humanos
El régimen respondió con una estrategia de represión selectiva que incluyó al menos 357 detenciones arbitrarias y 10 muertes documentadas por uso excesivo de la fuerza entre julio y diciembre de 2024. Cuerpos como la FAES y la DGCIM lideraron la persecución, con denuncias reiteradas de torturas, desapariciones temporales y tratos crueles a detenidos.
“La violencia estatal contra manifestantes pacíficos es un instrumento de terror y control político”, calificado por el Foro Penal en informe de 2024. La CIDH ha alertado sobre el riesgo de que estas prácticas constituyan terrorismo de Estado, debido a su carácter sistemático y la intención de intimidar y silenciar a la oposición.
Un país marcado por la erosión democrática desde 1999
La conflictividad social que estalló tras las elecciones de 2024 no es un fenómeno aislado. Desde la llegada del chavismo en 1999, Venezuela ha experimentado una erosión gradual de sus instituciones democráticas y un aumento de la represión política.
Este proceso ha incluido la persecución judicial de opositores, la concentración de poderes y la manipulación de los procesos electorales para favorecer al oficialismo. La crisis venezolana, como señala el artículo "La degradación del Estado de derecho", publicado en Le Monde el 18 de septiembre de 2024, “es el resultado de dos décadas de autoritarismo que han minado el Estado de derecho”.
El desafío internacional y la urgencia de la acción
La comunidad internacional ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos y el quiebre institucional en Venezuela. Sin embargo, la fragmentación interna de la oposición y la consolidación del régimen dificultan una respuesta eficaz. No basta con alcanzar acuerdos electorales si no existe una voluntad real por parte del régimen de respetar condiciones mínimas que garanticen la expresión libre y soberana del pueblo en las decisiones públicas. Ignorar esta realidad ha sido un error recurrente.
Ante este escenario, es imprescindible reforzar la presión diplomática, documentar de forma sistemática los abusos y respaldar activamente a la sociedad civil venezolana. Solo con un compromiso internacional sostenido será posible abrir un espacio para la reconstrucción democrática y el restablecimiento del respeto a los derechos humanos.
Como advierte el artículo “El chavismo impone con puño de hierro su poder absoluto”, publicado en El País el 28 de julio de 2025, “la falta de cooperación del régimen y la dispersión opositora son obstáculos para una solución pacífica”.
El fuego que consume a Venezuela exige acción urgente
Venezuela está “en llamas” no solo por el autoritarismo y la represión, sino también por la resistencia de un pueblo que clama por justicia, dignidad y democracia. La salida a este conflicto no se logrará únicamente con denuncias; requiere un compromiso global firme, sostenido y coherente con la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y el restablecimiento de la institucionalidad democrática.
Miguel Angel Martin
Doctor en Ciencias por la Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Público (UCAB) y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D. C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región. Es un firme defensor de la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad frente a las crecientes crisis democráticas.
@miguelmartint_
