Nicolás Maduro se jugó la carta del dictador. Una vez lo dijo. “Estoy dispuesto a convertirme en dictador”. Y en efecto de ser un populista radical de izquierda por herencia de Hugo Chávez, consolidó una dictadura civil pero manejada por el sector militar y los fusiles de los grupos armados.
Aunque el componente fundamental, en el plano ideológico, puede encontrarse en el comunismo cubano, el régimen que ha implantado Maduro ha desarrollado su propio perfil en el cual priva una alianza con el crimen organizado y el manejo subterráneo de negocios ilegales. “Negocios” suficientemente demostrados en casos de corrupción que se ventilan a nivel internacional, en el que, además de los relacionados directamente con el Estado, se cuenta la exportación ilegal de minerales como el oro y oros productos, cuyo rendimiento es superior al narcotráfico.
Esa alianza es la base fundamental de sustento y la que ha propiciado el derrumbe de la producción industrial, tanto privada como pública. PDVSA, las siderúrgicas, las empresas de aluminio, de bauxita, todas ellas del Estado, trabajan precariamente en niveles de subsistencia.
Una denuncia reciente daba cuenta de cómo los países del Caribe ahora se registran como exportadores de oro y otros minerales producto del oro que se extrae ilegalmente en la región de Guayana y el Amazonas y se saca de forma clandestina hacia esos destinos por vía aérea.
Esa degradación de la economía ha permitido que el país en general opere con una suerte de mecanismos mafiosos en los que las fuerzas públicas del orden han tenido que formar parte de ese engranaje. Ya no por las leyes de la República, sino por las leyes de la sobrevivencia, del mas fuerte.
Hay zonas del país, como la región sur del Lago de Maracaibo, en donde transitar por las carreteras requiere de contratar (en dólares) a un contingente militar para que resguarde al grupo de usuarios, que pueden ser transportistas de productos, o simplemente profesionales que deben trasladarse, para evitar ser secuestrados y robados por las bandas armadas.
Ya es normal que para cualquier trámite legal que requiere un ciudadano debe pagar una suma adicional para que se haga efectiva su solicitud. Ser detenido por alguna causa menor o fabricada, implica ingresar en un laberinto de extorsión del que no se sale si no paga.
Pero el concepto dictatorial que representa Maduro ha cobrado una nueva dimensión internacional con la llamada “masacre de El Junquito” en la cual fueron asesinados Oscar Pérez y seis de sus acompañantes, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 15 de enero.
Ciertamente, el gobierno de Maduro, y anteriormente el de Chávez, han acumulado una serie de asesinatos contra disidentes desde aquel histórico 11 de abril de 2002 en el que fueron abatidas 19 personas en el contexto de una manifestación pacífica.
De allí en adelante han ocurrido numerosas acciones similares, pero desde el ascenso de Maduro al poder, éstas se hicieron más abiertas.
Pero esta última acción desproporcionada en la que se atacó con armas de guerra, que incluyó la utilización de un lanzagranadas, contra el grupo disidente que intentaba entregarse, le agrega a la larga trayectoria de violaciones a los Derechos Humanos, un componente mayor, que eleva a Maduro a la categoría de otros dictadores que como Charles Taylor de Liberia, terminó sentenciado por la Corte Penal Internacional.
Así pues el aislamiento internacional de Maduro se intensifica con las medidas de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá y el Grupo de Lima. Hasta aliados de la izquierda, como el colombiano Gustavo Petro, precandidato presidencial en Colombia, calificó su asesinato como “crimen de guerra”.
La gestión de Maduro como heredero del socialismo del siglo XXI ha conducido a esa corriente que tuvo fuerza internacional y fuera exaltada por importantes intelectuales europeos y corrientes políticas del continente y Europa, a un callejón oscuro del que difícilmente resucite. Ya nadie se entusiasma en identificarse con ese socialismo.
Maduro ha logrado desterrar el concepto de “Socialismo del siglo XXI” del mundo ideológico internacional, colocando a Venezuela como el peor desastre económico, político y social, de los últimos tiempos.