El buque tanquero iraní Fortune llegó a Venezuela sin mayor inconveniente. Los restantes le seguirán en pocos días. El evento ha ocupado espacio en los medios y, naturalmente, provocado narrativas opuestas según quien sea el narrador.

Para quienes aún ocupan Miraflores se trata de una victoria histórica destinada a marcar hito en el marco de la política internacional que de paso disimula el hecho de que un país co-fundador de la OPEP carece de gasolina para su población. Para los iraníes el evento se presenta como una victoria geopolítica que les permite poner pie en el hemisferio occidental a través de la exhibición exitosa de una provocación de alto vuelo y una muestra de “solidaridad revolucionaria”, además de la concreción de un negocio que materialmente pudiera ser ventajoso. Para el gobierno de Donald Trump la cuestión, siendo preocupante y de su gran desagrado, no llega al punto de tener que tomar medidas de fuerza que pudieran comprometer los resultados electorales de noviembre. Para el venezolano de a pie –preocupado más por su supervivencia del día a día– pareciera existir la percepción de que el origen del combustible que llega queda opacado por el hecho de que con el mismo podrá el país movilizarse otra vez, los alimentos llegarán a los mercados al haber transporte, etc., mientras analistas y políticos invierten su tiempo en evaluar el hecho.

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Desde el punto de vista jurídico, los principios universalmente aceptados de la libertad de comercio y la libre navegación de los mares se ha impuesto. Ni Irán, ni Venezuela ni EEUU están en estado de guerra entre ellos por cuya razón no existe ninguna razón de derecho que permita a Washington impedir la operación comercial entre PDVSA y Petropars, ni el transporte de la mercancía por las aguas internacionales. De igual manera es evidente que PDVSA es dueña de comprar donde le plazca y a quien le venda sin que por ello tengan que verse limitados por las sanciones que pueda imponer Washington como resultado de una operación que políticamente desaprueban y que –en el análisis de ellos– compromete su seguridad nacional. Las consecuencias se sentirán a través de las sanciones que Venezuela e Irán ya enfrentan ante el sistema financiero norteamericano, la “lista negra” para que los buques comprometidos reciban restricciones, etc. El planteamiento es claro: si ustedes quieren hacer negocios es cosa suya pero conmigo quedan “out”.

Dicho lo anterior también hay que reconocer que el caso ciertamente compromete la seguridad nacional de los EEUU toda vez que Irán lleva años señalado por Washington como “Estado terrorista” y Venezuela acaba de ser redesignada como “Estado que no colabora en la lucha antiterrorista”, lo cual conlleva la necesidad de tomar las medidas pertinentes en forma unilateral dentro de los límites de su jurisdicción.

Esto equivale a reconocer que el enfoque legal y la indispensable protección de la seguridad nacional norteamericana parecen ser opuestos. El tema es demasiado grave como para dejarlo solo a juristas e igualmente difícil como para dejarlo solo a políticos. Es por ello que lo más razonable es hacer un balance y mantener prudencia y mesura. Eso sí, si llega la hora de las chiquitas y son la seguridad nacional y la supervivencia las que están en juego, bien parece que estas últimas deben imponerse pero no por impulsos ni necesidades electorales sino como último recurso.

El autor de esta columna pertenece al equipo de Política de Venamérica

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