Estados Unidos no es diferente a otros gobiernos en cuanto a querer proteger lo que considera información confidencial, que pudiera afectar su seguridad nacional.

Durante la presidencia de George Washington se firmó el Tratado Jay, o Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad Británica y Estados Unidos, en 1794, con el fin de evitar una guerra entre ambos países.

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Washington consideró que tales negociaciones requerían secreto, pues su difusión podría influenciar negativamente o poner en peligro la relación con otras potencias.

Intentar proteger los documentos gubernamentales del público es una práctica tan antigua como la misma República.

El 15 de junio de 1917, unos dos meses después de la entrada formal de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje bajo la presidencia de Woodrow Wilson, que tipificó como delito transmitir información para interferir con las fuerzas armadas o para promover el éxito de los enemigos del país.

Cualquier persona declarada culpable está sujeta a pagar una multa de 10.000 dólares y recibir una sentencia de prisión de 20 años.

El sistema de clasificación de información del Gobierno, establecido bajo Orden Ejecutiva 13526, la última de una larga serie de órdenes ejecutivas sobre el tema, clasifica los documentos en confidenciales, secretos y ultrasecretos.

Con tantos problemas de gran alcance, comprender cómo preservar y proteger a Estados Unidos requiere un conocimiento integral de las intrincadas amenazas a las que se enfrentan todos los días los organismos e instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad del país.

Así, mantener documentos clasificados del gobierno en una caja fuerte en casa podría ser ilegal por una cuestión básica de seguridad nacional.

Sin embargo, el tema no es tan fácil cuando está relacionado con Donald Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, pues todo se convierte en un gran problema político.

El allanamiento del FBI a la mansión de Trump en Mar a-Lago, Florida, y la sustracción de cajas de documentos de una caja fuerte generaron la mayor tormenta política desde la invasión del Capitolio el 6 de enero del año pasado por parte de los partidarios del expresidente.

Incluso antes de que el fiscal general, Merrick Garland, confirmara haber autorizado el allanamiento, con autorización de juez federal, el registro sin precedentes a la residencia de un expresidente ha provocado protestas entre los republicanos.

La redada, según opinan los seguidores de expresidente, buscaba causar el mayor daño político a los republicanos en el período previo a las elecciones de medio mandato de noviembre y en particular a Trump, mientras se prepara para anunciar su decisión de si se presentará a las elecciones presidenciales en 2024.

En otras palabras, para los republicanos la redada fue un movimiento deliberado de la administración de Joe Biden para socavar las esperanzas de Trump de recuperar la Casa Blanca.

Si esto fuera cierto ¿estarían justificadas las acusaciones republicanas de que el país se ha convertido en una “república bananera”, más asociada a países corruptos e inestables que a la tradicional democracia estadounidense?

Sin embargo, parece que la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y la supuesta retención de algunos de ellos en su residencia, lleva mucho tiempo en curso y el propio exmandatario estaba al tanto de ello.

Según el Departamento de Justicia, la redada fue la culminación de esa investigación.

Ahora, ¿era posible mantener la política fuera de la discusión?

Trump calificó de cacería de brujas en su contra, la acción y el posterior interrogatorio que enfrentó por parte del fiscal general de Nueva York, aunque éste último era sobre un tema distinto relacionado con sus actividades comerciales.

Independientemente de lo que suceda será difícil separar lo que debería ser un asunto legal de la controversia política que rodea siempre al expresidente.

Lo polémica surge si alguna acción que tome el Departamento de Justicia impedirá que Trump se presente a la presidencia.

Si eso sucediera, inevitablemente habría un estallido de ira en las filas republicanas, aún entre los que no necesariamente están estrechamente vinculados al expresidente.

El propio exvicepresidente Mike Pence manifestó preocupación por las implicaciones futuras.

¿Está en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos, como afirman algunos?

Desde el ataque del 6 de enero al Congreso esa pregunta sigue siendo legítima.

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