Las críticas a la policía, a los servicios de inteligencia y a las autoridades se incrementan a medida que trascienden detalles operativos sobre una sofisticada red de terroristas cuya base de operaciones ha encontrado cobijo en esta comunidad autónoma.
La matanza -que podía haber sido mayor- fue preparada en España y de allí proceden los integrantes del peligroso comando que la cometió. Es el caso del supuesto cerebro de la matanza, el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, miembro de la secta ‘Takfir Wal Hijra’, la más clandestina y secreta del salafismo y a la que perteneció también Mohamed Atta, el jefe de los suicidas del 11-S, así como los principales autores del atentado de Nueva York.
Precisamente, una serie de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fechados entre 2007 y 2008, ya alertaban del preocupante crecimiento en España de esta corriente y de la apertura entonces de al menos ocho mezquitas: cinco en Barcelona, dos en Valencia y una en Melilla, dirigidas por takfiris, con tácticas y actitudes idénticas a la del imán de Ripoll que adoctrinó a los terroristas, discretos y metódicos para no levantar sospechas entre sus fieles y vecinos.
Fichados en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, los takfires, se han convertido el movimiento más radical y violento del fundamentalismo islámico que, a juzgar por los hechos, actúan en España con total impunidad y sin ningún rastreo por parte de los servicios de inteligencia, como recoge otro informe de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el 19 de abril de 2008, en el que tras analizar la oleada de atentados suicidas en Argel y Casablanca, avisaba de la presencia de este grupo terrorista amparado por el aumento de la polarización social y radicalización de núcleos importantes de la comunidad musulmana en Barcelona.
Si se sabía que Cataluña era ya antes del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, con diferencia, la comunidad española de mayor actividad radical islamista, ¿cómo se explica que ningún cuerpo policial español -Mossos d’Esquadra, Policía Nacional o Guardia Civil- haya seguido los pasos de El Satty, alumno aventajado de Mohamed Mrabet, imán de la mezquita Al Furkan en Vilanova i la Geltrú y cabecilla de un grupo de Al Qaeda en Cataluña?
En 2016, Bélgica preguntó a España si el imán de Ripoll tenía vínculos con el terrorismo. Sin embargo, la policía española desconocía el oscuro historial del terrorista y sus relaciones con la comunidad de Vilvoorde, una de las cunas del yihadismo en aquel país.
La lucha contra el terrorismo exige la máxima coordinación y unidad de acción entre las diferentes administraciones y fuerzas de seguridad del Estado. Pero los hechos demuestran que en Cataluña esto no se ha cumplido.
Por esta razón, resulta cada vez más incomprensible el libertinaje con qué los 12 miembros de la célula terrorista, bajo la dirección de Es Satty ocuparon el chalet de Alcanar para utilizarlo durante meses como almacén para guardar 106 bombonas de gas y otros materiales explosivos con los que los yihadistas pensaban provocar una auténtica masacre.
La movilización cívica es un punto de partida responsable para que el Estado democrático salga triunfante del acoso a que le somete el terrorismo. Pero es un deber apremiante de los gobernantes y de las fuerzas políticas articular estrategias de unidad y vigilancia parar llevar a buen término la lucha contra el enemigo común.
Es evidente que uno de los mensajes que ha querido lanzar ISIS con estos atentados es que dispone de una amplia capacidad operativa y que utiliza el territorio catalán para formar a sus integrantes, para comprar, almacenar o fabricar explosivos, para falsificar documentación y traficar capitales, y además como lugar de residencia de algunos miembros de su dirección que operan en el mundo.
Los informes arriba citados cuestionan la idea de una colaboración ejemplar entre ambos Gobiernos, el de Rajoy y el catalán, y menos aún entre los diferentes cuerpos de seguridad y de la policía.
¿Dónde está la verdad? ¿En la hipocresía y eufemismos de los políticos o en las revelaciones que hacen estos documentos, archivados y olvidados durante años?
A pesar de todos los pretextos y evasivas que se puedan poner, no hay duda de que los yijadistas cuentan con una temible estructura operativa en España (actualmente existen alrededor de 80 mezquitas, una de cada tres son salafistas), y que parte de ese soporte sectario, estratégico y financiero encuentra cobijo en una Cataluña sacudida por los intereses del secesionismo y la ruptura con el Estado, en medio de tensiones sociales exacerbadas y manipuladas políticamente por el oportunismo de las fuerzas de izquierda y la desidia de la derecha.
Por eso la sociedad española, en concreto la catalana, con conocimiento de esta amenaza real del terrorismo en su propia casa, necesita, por parte de las autoridades algo más que declaraciones de buenas intenciones y promesas de colaboración para el futuro.
Este radicalismo-santuario en Cataluña, incubadora de células terroristas sólo comprable a Bélgica y Francia, es inaceptable para la nueva imagen de una comunidad autónoma que aspira a garantizar el éxito de su modelo de autogobierno, basado tanto en el Estatut como en la Constitución, la convivencia democrática y pacífica de sus ciudadanos.
Algunos expertos consideran que el atentado terrorista en La Rambla de Barcelona podría alimentar el rechazo de los ciudadanos hacia los refugiados de origen musulmán ya afincados en suelo español.
Creo que no.
España es una nación diversa y multicultural que por encima de todo defenderá la unidad nacional, forjada en una movilización en todos los frentes contra el terrorismo etarra y en la que prevalecen las aspiraciones de vivir en paz y en democracia por encima de la barbarie.
Eso sí. Es necesario que la sociedad española en su conjunto tome conciencia de que es un objetivo prioritario del terrorismo yihadista. Que el fundamentalismo y todo lo que éste implica (ignorancia, oscurantismo y fanatismo religioso) es una amenaza real que exige emprender medidas en todos los frentes para detectar los posibles focos de radicalización.
No se trata de islamofobia ni de culpar a la comunidad musulmana que supera ya los dos millones de personas en España, sino de llevar a cabo desde el sentido común y la convivencia pacífica planes de prevención de la radicalización, así como evitar los guetos y el adoctrinamiento en el discurso del odio que al margen de la ley proliferan por España y toda Europa.
La unidad de los demócratas es una exigencia ineludible para luchar contra el terrorismo. La lucha contra Al Qaeda o IS requiere una implicación en profundidad de los diferentes partidos democráticos, jueces, fuerzas de seguridad, de todas las instituciones y la sociedad civil, pero sobre todo de la comunidad musulmana para desmentir y contrarrestar la instrumentalización que los yihadistas hacen de su religión.
La iniciativa de consensuar una política antiterrorista más que un pacto de seguridad que mejore las respuestas contra el terrorismo dentro del Estado de derecho puede ser un reto para Madrid, para evitar que los políticos y dirigentes policiales se tiren los trastos a la cabeza ante cada asesinato terrorista. Pero su cumplimiento deberá estar acompañado de otras medidas tan contundentes como la retirada inmediata de la nacionalidad a quien se involucre en actos terroristas, la revisión de los estados de excepción y de sitio o la inhabilitación de aquellas asociaciones que instiguen al odio.
La historia reciente en España contra ETA demuestra con creces que no hay nada peor en la lucha antiterrorista que los intereses partidistas y los atajos demagógicos. Si como indican las investigaciones, España se ha convertido en uno de los principales territorios de reclutamiento de musulmanes extremistas y refugio de salafistas que regresan de las guerras de Siria e Irak, la circunstancia histórica obliga a luchar con unidad y firmeza, pero también con lealtad, por las libertades individuales, el Estado de Derecho y el modelo de democracia Occidental. Así de claro.
(*) Analista y consultor
