Mientras el mundo parece seguir una tendencia dirigida hacía la moderación y la sensatez en torno a este muy delicado tema, en Venezuela nos regimos por una, aparentemente sana pero muy peligrosa, norma constitucional que consagra la prohibición del uso de fondos provenientes del Estado para el financiamiento de las asociaciones con fines políticos (Art. 67 CN).

Cabe destacar que la referida prohibición constitucional fue parcialmente mitigada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dictada en el mes de Junio del 2008, muy convenientemente antes del referéndum sobre la enmienda constitucional, que permitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) dictar unas normas sobre publicidad y propaganda electoral, a la medida de la dictadura.

Para conocer más sobre este álgido asunto, conviene pasearse por las distintas opciones adoptadas en otros países. En cuanto al origen de los recursos para el financiamiento de los Partidos Políticos, podemos distinguir tres modalidades: de fondos públicos, de fondos privados o mixta. En cuanto al destino de los fondos públicos obtenidos por los Partidos Políticos, encontramos que algunos países limitan la utilización para sus actividades cotidianas, organizacionales o formativas, así como para sus campañas electorales.

Quienes abogan en favor del financiamiento exclusivamente privado para los Partidos Políticos, que es la fórmula venezolana, sostienen que el dinero de los contribuyentes no debe ser utilizado para el mantenimiento partidista, lo que en el fondo tiene cierto sentido, especialmente si tomamos en cuenta la muy mala reputación que la política ha adquirido frente la sociedad civil.

Quienes, por el contrario, están a favor del financiamiento exclusivamente público, esgrimen el argumento de que el financiamiento privado compromete la gestión de los gobernantes electos, quienes deben luego repagar con creces los aportes recibidos que, por lo general, provienen de entes corporativos con intereses comerciales específicos.

Bajo la legislación venezolana, pudiera pensarse que la financiación de los Partidos Políticos es casi en su totalidad proveniente de fuentes privadas. Sin embargo, comparto la posición de Francisco José Virtuoso S.j. plasmada en un estudio que sobre el tema realizó en el año 2009 y que expresa de manera diáfana su percepción en los siguientes términos: “…En la práctica ha resultado que esta forma de financiamiento rige sólo para la llamada oposición política y grupos independientes, porque toda la actividad política oficialista se desarrolla fundamentalmente con recursos públicos, tanto partidista o extra-partidista, consagrándose una inequidad sustancial, además de una clara violación a la ley…”.

La propuesta de Control Civil es que, sujeto a un férreo control por parte de un ente adscrito al Poder Civil, se adopte la modalidad mixta de aportes públicos y privados, conforme a la cual el Estado, a través del Poder Electoral, financie ciertas actividades no electorales de los Partidos Políticos, siempre que estos hubieren obtenido más de un 4% de los votos en la última elección nacional o que tengan no menos de 6 diputados en la Asamblea Nacional. La distribución propuesta del presupuesto anual, sería de un 40% equitativamente entre todos los partidos y de un 60% con base proporcional en su número de diputados.

Igualmente se propone que, en años electorales, además del presupuesto anual regular, se disponga de un presupuesto adicional que se utilice para adquirir espacios publicitarios en los medios públicos y privados, a fin de distribuirlos equitativamente entre los candidatos apoyados por Partidos Políticos e independientes, representando este el único aporte público para las campañas electorales.

Por lo que respecta a los aportes privados para los Partidos Políticos o para los candidatos independientes, Control Civil propone que para cada evento electoral se establezca un monto máximo de aporte por persona, natural o jurídica, que sea relativamente pequeño de manera tal que no se generen compromisos inapropiados de los futuros gobernantes para con sus aportantes.

Otra fuente alterna de financiamiento para los Partidos Políticos pudiera estar representada por bonificaciones del Estado cada año que sus miembros en posiciones de gobierno desempeñen exitosamente su gestión pública, todo ello enmarcado dentro de la propuesta efectuada por Control Civil de otorgar bonificaciones económicas a los gobernantes, cada año que logren mejorar la mayoría de los índices seleccionados por sus electores al momento de elegirles.

En el siguiente capítulo de la historia republicana venezolana, debemos poner énfasis en evitar los compromisos que afecten la independencia de cada gobernante, al tiempo de permitir el crecimiento y fortalecimiento de los Partidos Políticos, como medios ductores necesarios para el desarrollo de un sano sistema democrático.

juanriquezes@gmail.com

@juanriquezes

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