Los venezolanos estamos en la obligación de exigir ayuda nacional e internacional para proteger a las diferentes comunidades indígenas de la cuenca del Rio Orinoco, en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que están huyendo de Venezuela hacia Brasil o hacia Trinidad debido a la violencia y a las condiciones de desnutrición e insalubridad en que se encuentran.

Los centros de salud se encuentran en un estado deplorable en cuanto a infraestructura, falta de personal médico, sin los insumos necesarios y con el agravante y peligro inminente de enfermedades infecto contagiosas tales como el COVID19 y la Malaria que requieren tratamiento específicos. Las mujeres son sometidas y abusadas. Los niños son explotados en las minas de oro. No hay escuelas, ni hay suministro de alimentos y a esto le sumamos el miedo y terror hacia las guerrillas colombianas que penetran sus territorios en búsqueda de oro, y apropiándose de las tierras que les son suyas desde tiempos inmemorables.

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Los pueblos indígenas venezolanos llevan décadas de abandono institucional, lo cual se ha manifestado en una pobreza estructural galopante que se ha incrementado, generando la necesidad de dejar sus tierras ancestrales e inmigrar hacia países que se resisten en reconocer derechos específicos y colectivos a estas etnias venezolanas, que solo son tomadas en cuenta en Informes -que van y vienen- mientras continúan siendo maltratados.

Que, a las familias Warao, Yecuana, Pemon, Jivi y otras no les puede suceder nada más, no es cierto; si les puede suceder más, mucho más. La epidemia de malaria en Venezuela es la peor en el hemisferio occidental en el siglo XXI, y afecta fundamentalmente a los más desatendidos y olvidados: las etnias indígenas venezolanas. A esto se le llama genocidio: la extinción de pueblos enteros de forma brutal con la complicidad del gobierno.

De acuerdo con el informe que se centra en la situación de la Malaria en Venezuela desde enero del 2000 hasta Julio del 2019 elaborado por Global Development One (GDO), las comunidades indígenas están afectadas por una gran diversidad de vectores y parásitos cuyas tasas de morbilidad y mortalidad por malaria son asombrosas. Por dar un ejemplo, el Municipio Sifontes (en el Estado Bolívar) ha sido el epicentro de la transmisión de la malaria en el país desde el año 2002. La respuesta a este caos epidemiológico es un apoyo inmediato y sustancial, comenzando por la concientización a los propios compatriotas venezolanos de la dramática situación, para que la hagan suya, y luego buscar el auxilio de donantes nacionales e internacionales como el Fondo Mundial, USAID, Banco Mundial con procesos transparentes y monitoreados con sus debidas auditorias financieras y técnicas.

Por otra parte, los conflictos armados no son nuevos en las comunidades mineras; la minería ilegal ha generado inseguridad en esta zona, que en cualquier momento son atacados por grupos armados que se han instalado en el área, y luchan por apropiarse del territorio y sus riquezas naturales; muchos afirman que el temor es tal que no pueden dormir por miedo. “Vivimos en la constante zozobra de perder nuestras pertenencias, incluso la vida, tenemos que afrontarnos con los grupos armados que son un peligro. Nosotros por eso exigimos respeto en nuestros territorios y la no violación a nuestro derecho como pueblos originarios” (Kape-Kape, 2021).

Se hace evidente y urgente, apelar a las recomendaciones hechas por la Sra. Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la dictadura de Nicolas Maduro, en el sentido de “llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes y operaciones con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos armados que controlan las actividades mineras y adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas dentro del Arco Minero del Orinoco y asegurar condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables para los pobladores. Hay que asegurar que nuestras comunidades indígenas puedan disfrutar de su derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad y que puedan poseer, usar, controlar sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante la demarcación de las tierras tradicionales

  • Liliana Ponce es miembro del Comité de Derechos Humanos de VenAmerica
FUENTE: VENAMERICA 

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