El mar Caribe fue siempre una posición estratégica, disputada por ingleses, franceses, españoles y otras potencias de antaño.
En 1898, Estados Unidos tomó la zona aledaña a la bahía de Guantánamo, ubicada al sureste de Cuba, como base de operaciones en su lucha contra el imperio español y más tarde fue arrendada, aunque el Gobierno cubano actual no acepta el pago.
Durante el siglo XIX, republicanos y demócratas en estados Unidos reconocieron las ventajas de tener bases estratégicas en la región, para facilitar el comercio y fortalecer su poderío naval.
El presidente Theodor Roosevelt acordó con Cuba, en 1903, el arriendo de 45 millas cuadradas de tierra y agua en la zona en cuestión para ser utilizadas por el ejército estadounidense.
El tratado, que tuvo por nombre Enmienda Platt, fue modificado en 1934 para otorgar el pago de 2.000 dólares en monedas de oro por año, el valor equivalente de 1934 de 4.085 dólares estadounidenses.
Las estables relaciones con Cuba se truncaron cuando irrumpió la revolución cubana y se rompieron relaciones diplomáticas en 1961.
“En 1964, Fidel Castro cortó el agua y las vías de suministro a la base. Desde entonces, la Base Naval ha sido autosuficiente, con sus propias fuentes de energía y agua” según la página web del Comando Sureste de la Armada que tiene bajo su jurisdicción a la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, o Gitmo como también se le conoce.
Las actividades de Gitmo han incluido capacitación de flotas, reparación de barcos, reabastecimiento de combustible, ayuda humanitaria regional, asistencia en casos de desastre, operaciones de búsqueda, rescate y detención y plataforma de energía marítima.
En 1991, tras un golpe de estado en Haití, miles de haitianos huyeron por mar hacia Estados Unidos y Guantánamo se convirtió en un campo de refugiados para quienes buscaban el asilo.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001, perpetrados por grupos terroristas islámicos, cambiaron la historia.
En respuesta, el entonces presidente George W. Bush tomó dos decisiones controversiales: convertir a la base militar en centro de detención para terroristas y desconocer como sujetos de derecho a los prisioneros de al-Qaeda y talibanes ante la Convención de Ginebra, que vela por la protección de los derechos humanos durante los conflictos armados.
El campo de detención sigue representando un desafío para el presidente Joe Biden pues, aunque quiere cerrarlo, no ha encontrado cómo hacerlo.
Hay allí 39 detenidos sospechosos de terrorismo que en su mayoría no han sido imputados formalmente, aunque son considerados peligrosos, según se determinó más tarde. “Tenían poca o ninguna conexión con al-Qaeda o los talibanes”, de acuerdo con un articulo de Jonathan Masters, del Council on Foreign Relations de Washington.
Durante su mandato, Donald Trump apoyó mantener el centro e incluso sugirió enviar más sospechosos allí.
Biden, en cambio, ordenó al Pentágono, el departamento de Estado, el Departamento de Justicia y los servicios de inteligencia realizar una exhaustiva revisión para explorar posibilidades.
El exmandatario Barack Obama tampoco pudo sortear el principal obstáculo de la ley estadounidense, según la cual no está permitido trasladar a los detenidos del campo a cárceles federales en Estados Unidos y el Congreso se opone a cambiar la ley.
Sin embargo, el camino del cierre de Guantánamo se inició hace tiempo.
De los 780 detenidos originales, la mayoría fue liberada luego de un acuerdo que permitió a Estados Unidos enviarlos a sus países de origen o terceros lugares.
Nueve prisioneros murieron por mala salud y solo quedan 39 reclusos en el centro.
Resolver el futuro de estos detenidos es más difícil.
Por ejemplo, Khalid Sheikh Mohammed, uno de los presuntos autores intelectuales de los ataques del 11 de septiembre, ha esperado 18 años por un juicio de la Comisión Militar de Guantánamo.
Otro detenido está acusado del atentado suicida en el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000, en Yemen, donde murieron 17 marineros.
El mayor reto es que los acusados sufrieron de las llamadas "técnicas mejoradas de interrogatorio" de la CIA, incluido el método de ahogamiento, durante su reclusión en prisiones secretas en Europa y Asia antes de llegar a Guantánamo.
Las denuncias de tortura han retrasado los procesos porque los abogados defensores argumentan que el caso de la fiscalía está ‘contaminado’ por los castigos sufridos mientras estaban bajo custodia de la CIA.
A menos que el Pentágono, a cargo del campo, desista de los juicios, no hay alternativas fáciles y el Congreso que se ha opuesto durante casi 20 años no parece inclinado a cambiar de opinión.
