Muchos recordamos el dicho “Hialeah, la Ciudad que progresa”. Hoy, con más de 238.000 habitantes, es la ciudad que sufre, no de dólares de crecimiento –su presupuesto ha aumentado a más $270.000–, sino de política barata y sucia. Hemos visto reportajes de prensa donde se demuestra una corrupción en el otorgamiento de licencias temporales de negocios, cuando el Condado Miami-Dade y Hialeah tiene un arreglo de sentencia judicial con el Gobierno federal.
Los pequeños negocios sufren al tener que pagar por licencia temporaria –trimestralmente– a través del asistente ejecutivo del alcalde Carlos Hernández, el cual utiliza cabilderos no registrados para cobrar sumas insólitas por la gestoría de dichas licencias ilegales.
En nuestro país nos acostumbramos a la igualdad de protección bajo la ley, que le aplica a Hialeah y a sus empleados públicos bajo la 14 Enmienda de nuestra Constitución federal. La Florida, como estado, garantiza que un cargo público es un fideicomiso público. Las personas tendrán derecho a asegurar y mantener esa confianza contra el abuso (Art. 2 Sec. 8 Fl. Const.). Cargos caprichosos, no legislados, violatorios de sentencias judiciales con gobiernos del Condado y federal, son abuso público que violenta la confianza pública del alcalde, su asistente ejecutivo y el director de permisos del municipio.
La manipulación de cabilderos, amigos del alcalde y su administrador, para gestionar cargos abusivos, caprichosos e ilegales, es extorción y abuso de la confianza pública. En el medio tiempo, no hay policías, bomberos, ni servicio de alcantarillado sostenible. Los servicios básicos están manipulados por un grupo de nepotistas y amiguitos. ¿En dónde terminamos?
¿Será Hialeah una sociedad abusada, utilizada, afligida y violada? ¿Será que el pueblo saldrá a reciclar al alcantarillado a estos políticos inconfesables con sus cabilderos? La multa por dicha conducta la pagará el pueblo de Hialeah.
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