Aunque comparten fonéticamente su denominación, la Justicia Social es un anhelo jamás alcanzado por vía del Socialismo, que es una ideología siempre fracasada.
A comienzos del siglo XVI, Tomás Moro imaginaba una comunidad pacífica en la ficticia isla de Utópia (nombre de su obra literaria), en la que sugiere la propiedad común de los bienes, contrastando con el esquema de propiedad privada de la sociedad europea contemporánea.
Entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el teórico político y económico Henri de Saint-Simon, identificó a la clase industrial como aquella que efectivamente trabajaba en la producción de bienes y contraponiéndola a la que llamó clase inactiva (idling class), entre los que estaban los propietarios y dueños del capital invertido en las industrias. A pesar de que no favoreció directamente la centralización estatal de la propiedad de los medios de producción, sirvió de inspiración a Karl Marx y a Friederich Engels, quienes lo identificaron como un precursor de los socialistas utópicos.
Entre los primeros socialistas utópicos reconocidos se encontraba el manufacturero textil gales Robert Owen, quien luego de alcanzar el éxito como empresario en Escocia a comienzos del siglo XIX, liquidó sus empresas y en 1824 se mudó con su familia a New Harmony, Indiana, USA, donde invirtió su fortuna tratando de desarrollar un modelo socialista utópico experimental, que luego de dos años, fracasó estruendosamente. Al decir de su propio hijo David Dale Owen, el fracaso del experimento se debió a que “las comunidades atrajeron una colección heterogénea de radicales, devotos entusiastas de principio y latitudinarios honestos y teóricos perezosos, con una pizca de lanzados partidarios sin principios".
A mediados del siglo XIX Karl Marx, un alemán que nunca tuvo un trabajo formal y que vivió de las ayudas recibidas, primero de su padre Herschel Marx quien poseía un viñedo y luego de su amigo Friederich Engels, cuya familia detentaba posiciones en la industria inglesa del algodón, escribió El Manifiesto Comunista y El Capital, que propugnaban una sociedad con una sola clase social, en que la propiedad de todos los medios de producción eran del Estado, que a su vez eran manejados por burócratas pertenecientes a un solo partido político, obviamente, el partido comunista.
Aunque con distinta gradualidad, tanto el Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez como los gobiernos social demócratas y social cristianos que le precedieron, nos consideraban a los ciudadanos venezolanos como incapaces de valernos por nosotros mismos (hipo suficientes jurídicos), por lo que sus gobernantes, en representación del Estado, debieron dedicarse a ejercer el control y el manejo (sin tanto control) de las industrias básicas, así como de los servicios y las áreas que los mismos gobiernos estimaron estratégicos. En todos los casos, frente a esa prioridad, la corrupción hizo de las suyas y los gobiernos descuidaron la atención de las funciones esenciales del Estado.
No hay un solo ejemplo registrado en la historia de la humanidad en el que el socialismo haya alcanzado de manera sustentable un estadío de justicia social. Simplemente, no lo hay.
Para los venezolanos llegó la hora de probar otra cosa. La izquierda, con la excusa de protegernos, nos ha esquilmado siempre y cada vez.
Probemos por la derecha, con una buena mezcla del concepto anglosajón del consumidor responsable (Caveat Emptor) y del concepto alemán de economía social de mercado propugnado por el canciller alemán Konrad Adenauer y su sucesor Ludwig Erhard, que representó el milagro económico de postguerra y que su mejor explicación está contenida en la famosa frase “tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”.
Quienes deseen liderar el camino de Venezuela hacia un futuro de paz y prosperidad, deben oír y entender el clamor de la ciudadanía resumido en los dos siguientes mensajes:
• Los ciudadanos podemos valernos por nosotros mismos, conocemos nuestras obligaciones y defenderemos nuestros derechos; y
• El Estado debe dedicarse a ofrecer a la ciudadanía exclusivamente: Seguridad, Justicia, Salud, Educación, e Infraestructura.
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