viernes 6  de  febrero 2026
OPINIÓN

La constitucionalización de Venezuela

Un análisis minucioso y normativo que plantea reflexiones y tiene en cuenta los dictámenes de la historia

Diario las Américas | ASDRÚBAL AGUIAR
Por ASDRÚBAL AGUIAR

El denominado proceso de democratización planteado dentro de la trama de apertura de los espacios físicos y humanos que experimenta Venezuela, por secuestrada y transformada en una suerte de «gulag» caribeño mientras se la sujetaba a expoliación, como la ocurrida en los lejanos tiempos de la conquista de los Welser (1528-1546), implicará y exigirá de algo vertebral. No habrá una vuelta simple a la democracia, tal como ocurriese en 1958 a la caída de la penúltima dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Dos razones abonan al respecto.

Una es que nos hemos desmaterializado constitucionalmente. Medramos sin instituciones reales ni reglas que se acaten o respeten, pues ha dominado la más burda arbitrariedad y la ley del miedo, impuesta por quienes aún dominan sobre nosotros guiados por el realismo y el voluntarismo. Y la nación, entre tanto, ausente durante doscientos años dentro de los espacios de la república, al alcanzar su madurez, en 1998, optó por regresar a la infancia mediante el voto “democrático”. Eligió a otro tutor o padre bueno y fuerte, como los que se nos instalaran desde la caída de nuestra Primera República (1812) hasta la muerte del general Juan Vicente Gómez (1935).

El causahabiente del tutor fallecido en La Habana en 2012 hoy se encuentra encarcelado en la ciudad de Brooklyn. Este pulverizó a la nación unido al procónsul, a la dama que le sustituye interinamente. Hizo de nuestra nación una diáspora. Enhorabuena, sin embargo, si se estima que en la hora de la guerra fratricida por la Independencia perdimos al 30% de la población, en cifra igual que se repite durante la guerra federal, los migrantes de ahora estamos vivos. Seremos la próxima inmigración, con efectos modeladores similares a las del pasado.

Al concluir nuestra primera guerra e iniciarse nuestra vida republicana cierta, a partir de 1830, el general José Antonio Páez autorizó que nos volviésemos a casar con españoles y españolas, decretando la venida de canarios para que nos poblasen, por ser los más parecidos en el habla y en las costumbres a nosotros. Al cabo, he aquí lo central, la nación hoy está pendiente de reintegrarse, como lo hiciesen las dos Alemanias después del desmantelamiento de la Cortina de Hierro. Lo he machacado no pocas veces: no habrá república sin la nación. Se lo ha dicho María Corina Machado al presidente estadunidense Donald Trump, no habrá etapa de democratización “sin la gente”.

La otra razón, que se relaciona con lo último, será el asumir la democracia como forma de vida y estado del espíritu, pues ella no se limita al voto y a su transparencia, o a tener o no una buena autoridad electoral para que se cumpla el proceso conducente a la formación y legitimación de los poderes públicos.

Se entiende que lo último sea lo que más preocupa a quienes sirven dentro de la política como oficio laboral, distinto de quienes participan en la política para servir a una causa. La experiencia es aleccionadora. A lo largo del siglo XXI no han dejado de realizarse elecciones y referendos, no sólo en Venezuela sino en América Latina. La paradoja es que, habiéndose realizado tantas o más que en el transcurso del siglo XX, volviéndoselas incluso una manía, en igual proporción las gentes han perdido sus espacios de libertad.

Aquí vale como guía y desiderátum lo suscrito por la misma María Corina en su Manifiesto de Libertad, a saber, “que la dignidad [humana] sea la fuerza motriz de nuestra revitalización nacional: la fuera que establezca un mercado libre de ideas y de empresas, que promueva el desarrollo pleno de cada persona y que limite la autoridad del Estado a su función legítima: la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables”.

Esto implica, de suyo, lo más difícil, es decir, la renuncia por todos los venezolanos al cómodo estadio de minoridad en el que hemos vivido y a la que se nos ha sometido bajo la idea matriz consignada por El Libertador desde Cartagena de Indias, a la caída de nuestra Primera República.

Fundó “la Junta [Suprema] su política en los principios de humanidad mal entendida que no autorizan a ningún gobierno, para hacer por la fuerza libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano”, reza el texto del Manifiesto bolivariano de 15 de diciembre de 1812.

Desde entonces, una narrativa reduccionista, acaso válida en tiempos en los que Marte hace de las suyas, terminó en dogma patrio y constitucional, encontrando en el camino a los apologetas del Cesarismo. La volvió Simón Bolívar el eje de su doctrina constitucional, que termina por destruir su obra cimera, la Gran Colombia. En efecto, así como en Angostura (1812) le sugiere a sus constituyentes inspirarse en el modelo del monarca británico y forjar un senado hereditario formado por los militares, a quienes se les debe todo, en 1821 procura, desde Cúcuta, la forja de un Estado centralista y presidencialista. En 1826 y con su constitución boliviana, establece el carácter vitalicio del presidente, que escoge a su vicepresidente y lo hace sucesor. Es cuando la Municipalidad de Caracas lo protesta y surge La Cosiata.

La “re” constitucionalización” de la república, teniendo como soporte a la nación implicará, así, un giro copernicano en el devenir de lo venezolano. Tal como lo señala el Manifiesto de Libertad, “la dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos. Inspirará la esperanza y creará un nuevo mundo donde nuestro pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable: la libertad”. Pues la dignidad, justamente es “el primer principio del cual emana toda libertad”.

Avanzar en libertad hacia la experiencia de la democracia, en suma, significa poder “vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos; de donde el voto habrá de ser la expresión instrumental, aguas abajo, del previo y “libre intercambio de ideas y del valor de expresarlas”; del derecho a reunirse, a protestar y exigir como “el latido de la democracia”. Todo ello, lógicamente, no es ni podrá ser la obra de un instante y en su conjunto, en el proceso que adelanta Venezuela. Pero su significación es tanta y tal, que lo que se vaya armando para reintegrar a la nación y sucesivamente constituir de nuevo a la república, será viable sí, levantando a la educación como “la fuerza que impulsa el progreso” desde las escuelas y las universidades, empoderamos a “nuestros hijos para sean una nación de líderes, innovadores y pensadores”.

En fin, el final por hacerse será la emancipación de la nación y el término de su tutelaje por parte de la república. Así de grave es el desafío.

El pecado original

Llegará el momento formal de constituir, es decir, sobre las realidades y experiencias actuales, propias del siglo en avance, delinear nuestro marco social y calibrar la voluntad de nación por los venezolanos y teniéndose como hito catalizador a la dignidad de la persona humana. Es la captación de lo sociológico leído y corregido desde el atalaya de la justicia, es decir, desde el ángulo de la libertad. Cabra, entonces, la tarea descriptiva posterior, el dibujo de lo que somos y aspiramos ser los venezolanos. Será el instante constitucional, el de la traducción en normas para ponerle su otro final al pecado de 1999, a esa Constitución redactada por una mayoría casi total de constituyentes revolucionarios y pretorianos que se casaron consigo mismo, excluyendo al resto de los venezolanos.

El régimen se hizo, tras la manipulación electoral con las “morochas” de unos 124 escaños constituyentes, quedando la oposición sólo con siete. El equilibrio electoral parlamentario de 1998 quedó hecho añicos. Y la obra constitucional salida de las manos del último gendarme militar quedó aprobada, ciertamente, pero con una participación en el referendo respectivo de sólo el 44% del registro de electores.

En nuestro texto pionero, Revisión Crítica de la Constitución Bolivariana, editado por El Nacional en el año 2000 a pocos días de publicarse aquella – enmendada de manera integral fuera de la Constituyente por el presidente – hay una síntesis cabal de nuestras observaciones a la misma, que prueban la forja de un Estado totalitario y militarista, que si bien se expresó atado a la doctrina bolivariana ya referida la desborda. Es un oxímoron, además.

Abundando la mitad de su articulado en derechos humanos y reivindicaciones, desde sus normas inaugurales se los desnaturaliza y transforma en dádivas del Estado. Así como se ata el todo a lo que diga la doctrina bolivariana – que siempre conjuga a favor del poder, jamás en favor de la libertad – se abroga el Estado como competencia “el desarrollo de la persona” (artículo 3). No solo eso, propende como servicio público que cada ser humano se consustancie con los principios constitucionales del bolivarianismo tutelar (artículo 102). El presidente, a su vez, usando y abusando de su mayoría coyuntural y forjada, como lo ha dictado la experiencia, gobierna y legisla a la vez, por delegación y en circunstancias ordinarias (artículo 203); tanto como, sujeta al universo de la sociedad venezolana y sus actividades a los principios de la seguridad nacional y de su estructura militarista, en modo de que cada individuo sólo tenga identidad dentro del Estado, no como parte de la nación (artículos 322 y 326). Por si no bastase, se vacían las autonomías conquistadas por los estados y municipios de Venezuela en 1961, debilitándose a la democracia como experiencia cotidiana, vaciándose de todo contenido a la prédica participativa.

Al cabo, la Administración de Justicia, punto o fiel de la balanza que debe contener el abuso de poder por el gobierno o el parlamento, o por ambos a la vez, en su cúpula se organiza de tal manera que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo se sobrepone al conjunto de todas la Salas – la Plena y las especializadas – para someterlas a la doctrina constitucional prevalente, la bolivariana, antes explicitada. Y para que la misma Sala Constitucional o el resto de los jueces supremos no se le zafen del poder omnímodo totalizante y totalitario del presidente y de su oclocracia parlamentaria, dispone el texto constitucional que un Poder Ciudadano, integrado por poderes del Estado y no de la ciudadanía, sea el que califique las faltas de esos jueces para removerlos. Al contralor lo pueden destituir los controlados, cuando no les sirva.

Toda Constitución, en suma, ha de gozar de estabilidad, sin desmedro de su perfectibilidad por vía de reformas o enmiendas. Mas, como en el caso de la Constitución de 1999 su verdadero autor insurgió de facto contra la de 1961, al convocar y formar “su” constituyente, hizo disponer, para purificar sus propios entuertos, que el pueblo libérrimamente puede desconocer a sus autoridades (artículo 350). Todo ciudadano, es decir, cualquiera, puede disponer lo necesario para restablecer la vigencia del texto constitucional cuando fuere derogado por los hechos.

Es máxima de la experiencia, así las cosas, que quienes legítimamente han insurgido desde la oposición democrática, para contener al despotismo, con base en esas cláusulas abiertas de la Constitución de 1999 arbitraron un texto de transición que instaló en Venezuela un «gobierno parlamentario» inexistente en la primera y extraño a nuestra larga tradición histórica y constitucional.

Acaso pueda emerger hacia el futuro y deberá emerger – las realidades culturales, sociales y políticas adentro y afuera en nada son las conocidas por nuestros siglos XIX y XX – un modelo constitucional distinto e inédito. Los alemanes, en 1949, tras conocer el mal absoluto y vivir la tragedia del Holocausto, se volvieron a constituir mirándose en la gente, no en El Leviatán que la sustituyese y oprimiese. Sus partes dogmática y orgánica quedaron atadas al principio ordenador del respeto a la dignidad humana.

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