La conclusión es unánime. El informe de investigación de los hechos de la ONU es de una importancia crucial. Por primera vez Naciones Unidas, o una misión oficial de la ONU, señala directamente a las cabezas del régimen –militares y civiles– por haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Esto es una ruptura, un antes y un después. En Naciones Unidas se había hablado de violaciones de derechos fundamentales, pero no de crímenes. El concepto de crímenes lo recoge el estatuto de Roma que se refiere a responsabilidad directa, no estatal, que apunta a sujetos, a individuos. Esta precisión es fundamental porque la Misión al hablar de la Corte Penal Internacional no generaliza, al contrario, precisa. Asegura que hay sujetos a los que las evidencias señalan como responsables y deben ser investigados: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Esto es fundamental porque la defensa de Maduro ante otras causas en organismos internacionales ha argumentado que las faltas han ocurrido por el desvío de algunos funcionarios. Pues no, el informe precisa que esto es una política de comisión de crímenes de Estado. La consecuencia de tales señalamientos debería ser el enjuiciamiento: “de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.

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Allí está la clave. Extensos detalles, rigurosos registros prueban lo que víctimas, testigos, familiares, ONGs, periodistas políticos, la Iglesia, venían denunciando: “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajan con ellos vienen cometiendo violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”. La Misión identificó “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con la política de Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Todo crimen tiene una autoría. La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones, en particular las torturas, vejámenes, ejecuciones extrajudiciales, siembra de evidencias, detenciones con secuestro, amenazas a familiares y un largo etcétera. Por eso los investigadores señalan a los jefes de los servicios de seguridad e inteligencia en Venezuela y directamente a Maduro y los ministros del Interior y de Defensa, “quienes tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

En la cadena de responsabilidades no se salvan jueces, fiscales y miembros del TSJ.

La estadística ratifica denuncias de expertos: Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado. Estos asesinatos recibieron no solo protección a los funcionarios para garantizarles impunidad, sino además premios, aplausos y ascensos colocándolos como referencia del comportamiento debido.

Para la Misión es alarmante la cifra de muertes ilegales cometidas por fuerzas de seguridad y las ejecuciones extrajudiciales. Ejemplos sobran en el extenso informe de más de 400 páginas. Fue un trabajo que a los expertos ha llevado 6 años, donde reiteran que la FAES debe ser desmantelada, asunto que el régimen ha ignorado y al parecer la alta comisionada Michelle Bachelet ha olvidado.

Torturas con las peores técnicas conocidas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos los de violencia sexual, han sido ratificados.

Registra el informe también la actuación de los colectivos como grupos armados para inhibir toda participación política o cualquier tipo de protesta. Y reiteran que en Venezuela se ha producido una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial.

Queda en lo inmediato la Asamblea General de la ONU para el próximo 23 de septiembre, para cuyo evento los tentáculos de la dictadura tienen rato activados. De hecho, la última intervención –de hace pocos días– de Bachelet, fue opaca y débil. Como ejemplo dos casos: no mencionó a la FAES y evadió llamar a los presos políticos como tales, dejando como guinda palabras algo laudatorias para el oficialismo al interpretar como otorgamiento generoso de libertad, lo que en realidad se trató de la liberación de unos rehenes.

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