¡El bien contra el mal!, desde la primera piedra tallada por el hombre hasta el último misil lanzado en nombre de la mezquindad civilizatoria, la historia ha sido un escenario donde se entrelazan la aspiración sublime por la dignidad y la inclinación entrópica hacia el colapso. Los derechos y la maldad humanos, lejos de ser realidades aisladas, conforman un mismo tejido trágico: son las dos caras de una misma moneda forjada por el drama de la existencia y la lucha por el poder. Hans Morgenthau, figura emblemática del realismo clásico, lo expresó con contundencia en su célebre obra Política entre las naciones: la lucha por el poder y por la paz. Al encender la televisión cada mañana y repasar las noticias internacionales, no predominan los signos de cooperación o desarrollo; en el mejor de los casos, se mencionan de forma marginal, eclipsados por un panorama dominado por conflictos armados, matanzas indiscriminadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Derechos que, pese a su proclamación universal en 1948, jamás han sido verdaderamente protegidos a escala global.
La historia posterior da cuenta de esta contradicción: Vietnam y Camboya, con el horror de los jemeres rojos; las matanzas en Laos; y las dictaduras militares que han asolado diversas regiones del planeta. Muchos de estos regímenes fueron sostenidos —o al menos tolerados— por potencias que, con una mano, enarbolaban la bandera de la democracia, mientras con la otra sostenían armas manchadas de sangre. Esta doble moral, denunciada por el realismo desde su concepción, sigue siendo uno de los rasgos estructurales del sistema internacional.
La mala noticia —incómoda pero irrefutable— es que no vamos a cambiar, al menos no en esencia, ni siquiera ante los más nobles esfuerzos impulsados desde las buenas intenciones de ciertos grupos. Y hay una razón sólida: los buenos no tenemos todo el poder, ni la fuerza suficiente para conducir el rumbo del mundo hacia otra dirección. En la estructura del sistema internacional, la acción moral sin respaldo de poder resulta políticamente ineficaz, mientras que el poder sin legitimidad moral conserva su eficacia, incluso cuando socava los principios del orden y del derecho. Hagamos una comprobación empírica sencilla, casi experimental: mientras usted lee este artículo, abra los canales oficiales de noticias internacionales -sea CNN, BBC, DW, France 24 o Al Jazeera- y registre cuántas de las informaciones destacadas aluden a hechos que refuercen el conflicto, la matanza, la tensión geopolítica o la carrera armamentista. Colóquelas en un lado. Luego, identifique cuántas noticias se refieren a iniciativas de cooperación internacional, construcción de paz, diálogo diplomático o desarrollo sostenible. Colóquelas en el otro. El desequilibrio será evidente. Esta desproporción no es fruto del azar ni del sesgo mediático exclusivamente, sino una expresión estructural del sistema internacional: un orden donde la confrontación es más noticiable porque es, también, más habitual que el entendimiento.
Los derechos humanos nacieron como antídoto contra la infamia. Cada uno de ellos es una cicatriz convertida en bandera: el derecho a la vida, contra la muerte arbitraria; el derecho a la libertad, contra la esclavitud; el derecho a no ser torturado, contra la bestialidad institucionalizada. El siglo XX, con su doble rostro de progreso y horror, parió la Declaración Universal de 1948, como respuesta a la Shoá, a Hiroshima, a los gulags. Fue una promesa escrita con las lágrimas de millones. Un “nunca más” elevado al rango de norma. Desde entonces, las Naciones Unidas y los sistemas internacionales han tejido una arquitectura de tratados, convenciones, tribunales y organismos que buscan limitar la capacidad del poder para infligir daño. El lenguaje de los derechos se convirtió en el nuevo evangelio laico de la humanidad.
Sin embargo, la maldad no ha dado tregua. La misma humanidad que firmó la Declaración ha presenciado matanzas y desapariciones en el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, genocidios en Ruanda, limpieza étnica en Bosnia, ejecuciones extrajudiciales en Irán, esclavitud moderna en Libia, tortura sistemática en Siria, represión letal en Gaza, crímenes de guerra en Ucrania, y también crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cometidos con una impunidad asquerosa y sostenida. La lista es interminable. La maldad humana, sofisticada y reincidente, ha burlado a los vigilantes, ha saturado de cinismo los informes y ha erosionado la credibilidad de las instituciones. ¿Cómo es posible que, tras setenta años de derecho internacional humanitario, sigan existiendo campos de concentración, niños-soldado, trata de personas, crímenes de lesa humanidad? ¿No es acaso un fracaso que la ONU se declare “profundamente preocupada” mientras poblaciones enteras son aniquiladas? ¿No resulta profundamente vergonzoso escuchar al representante de la dictadura de Nicolás Maduro en Ginebra denunciar presuntas violaciones de derechos humanos en El Salvador, mientras intenta ignorar —o incluso legitimar— la existencia de más de 900 presos políticos que desfallecen en las mazmorras del SEBIN en Venezuela? ¿No es acaso un funcionario así imputable por crímenes de lesa humanidad, o deberíamos aceptar que se oculte indefinidamente tras el amparo de la inmunidad diplomática, como si esta fuese un escudo contra la justicia y no una herramienta al servicio de la paz?
Hobbes no exageraba cuando escribió, en su obra Leviatán (1651), que “el hombre es un lobo para el hombre”, retomando la expresión latina homo homini lupus -dejada siglos antes por el comediógrafo romano Plauto en su obra Asinaria- para describir la condición natural de la humanidad sin ley ni autoridad común. Pero lo que Hobbes quizá no imaginó es que ese lobo sabría usar toga de juez, traje diplomático en Ginebra o uniforme de pacificador. La maldad humana ha aprendido a camuflarse, a hablar en nombre del orden, de la soberanía o incluso de la paz. Ha perfeccionado su arte: ya no sólo asesina, sino que justifica sus crímenes ante el mundo. Ya no sólo tortura, sino que lo hace al amparo de leyes dictadas por tiranos. Y mientras tanto, los derechos humanos, convertidos a veces en fórmulas vacías, son invocados por todos, pero defendidos por pocos.
El problema no es tanto la falta de normas, sino la ausencia de voluntad, de mecanismos coercitivos reales y de una comunidad internacional estructurada para actuar con eficacia. La Corte Penal Internacional es lenta e impotente frente a las grandes potencias. Los comités de derechos humanos emiten informes, pero no detienen balas. La Asamblea General de la ONU condena, pero no impide la impunidad. A pesar del andamiaje normativo, la justicia global se parece más a una plegaria que a una espada. Se juzga a los vencidos, no a los poderosos. Se documentan los crímenes, pero no se evita su repetición.
Falta valentía política. Falta coherencia. Falta un orden moral verdaderamente global. Falta que los derechos humanos sean más que un discurso diplomático para las cumbres y se conviertan en el eje de un nuevo contrato mundial. Falta que las víctimas no sean solo estadísticas, sino voces escuchadas y protegidas.
Y entonces surgen preguntas inevitables, que quizás incomoden, pero que el tiempo exige formular: ¿La ONU ha fracasado en su mandato fundacional? ¿Tiene sentido seguir hablando de un sistema internacional que no puede frenar la barbarie?
¿Es hora de pensar en un nuevo orden mundial con normas globales de cumplimiento obligatorio? ¿Debemos aspirar -como soñaron Kant o los federalistas de la Ilustración- a un gobierno mundial limitado que actúe como árbitro moral y jurídico de la humanidad?
¿Puede existir una humanidad sin un Leviatán de la justicia que impida que los hombres se devoren unos a otros?
La civilización contemporánea sigue en duelo. Son el testimonio de nuestra condición rota, pero también de nuestra esperanza persistente. Quizá el sentido último de la historia esté en esa tensión incesante entre la sombra y la luz. Pero si la luz ha de prevalecer, no bastará con proclamar derechos: habrá que forjar instituciones nuevas, moral firme y justicia efectiva, no como gesto retórico, sino como mandato irrenunciable. Porque mientras la moneda siga girando, toda civilización será juzgada por cómo trata al inocente ante el poder del lobo. Para que el lenguaje de los derechos no se extinga, no debemos, en ninguna circunstancia, permitir que la impunidad prevalezca. Todo violador de derechos humanos —sea perpetrador directo, juez al servicio de una dictadura o embajador que haya justificado matanzas— debe ser identificado, procesado y condenado, sin importar su edad ni el tiempo transcurrido. Es imprescindible sacarlos del anonimato que les otorga la caída de su protector, para que enfrenten la fuerza del Derecho, que es, en esencia, el verdadero y legítimo sustituto de la defensa armada de la comunidad internacional.
Luis Manuel Marcano Salazar
Académico, Universidad SEK - Chile.
