miércoles 17  de  abril 2024
OPINIÓN

La mano peluda de los dictadores en el extranjero

Maduro estrechó esta alianza y todo indica que se utilizó en el asesinato en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda para evitar que el exmilitar declarara en la Corte Penal Internacional

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Los dictadores cometen innumerables atropellos en sus países. Sin embargo, pocos se arriesgan a asesinar o agredir físicamente a opositores refugiados en otros lares. Cuando lo deciden es porque el miedo y la manía persecutoria se imponen sobre el temor a represalias de la comunidad internacional o a reacciones dentro del país. Recordemos algunos casos y, desde luego, el reciente asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile.

El dictador ruso Joseph Stalin ordenó en 1940 asesinar en México a León Trotzky, su excompañero de ruta, por sus críticas que ponían en peligro la unidad del partido comunista. El dictador chileno Augusto Pinochet ordenó en 1974 asesinar en Argentina, mediante una bomba, al general Carlos Prats. En 1976, también con una bomba, fue asesinado en Washington el exministro Orlando Letelier, a quien Diego Arría había logrado le cambiaran la cárcel por el exilio. En 1975, fua baleado en Roma Bernardo Leighton. Él y su esposa quedaron incapacitados. El dictador ruso Vladimir Putin ordenó asesinar en España al piloto militar Kuzminov quien desertó a Ucrania por dinero o por convicción. También intentó envenenar en Londres al opositor Navalny, quien temerariamente decidió regresar a Rusia y todo indica que fue asesinado el mes pasado.

En relación a Venezuela, cabe recordar que Rafael Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana, tenía un odio visceral contra Rómulo Betancourt por las críticas a su gobierno y apoyo a los opositores. Por ello ordenó tres atentados. El primero en 1950 en La Habana, en donde nuestro expresidente se encontraba exiliado, mediante el intento de inyectarle un veneno. Otro en San José de Costa Rica en 1953, según refiere Francisco Suniaga en artículo en Prodavinci del 2018. Los potenciales asesinos fueron descubiertos y ejecutados por Orlando García, quien después integró el equipo de seguridad de Carlos Andrés. El tercero fue el conocido atentado en Los Próceres en 1960 mediante bomba traída de República Dominicana y colocada en un vehículo estacionado. Betancourt sufrió quemaduras en sus manos y falleció el coronel Ramón Armas Pérez, jefe de su Casa Militar y un estudiante que pasaba por el lugar.

En 1953, el dictador Marcos Pérez Jiménez ordenó a Miguel Silvio Sáez que fuese a Curazao con grupo de la Seguridad Nacional para asesinar al entonces mayor Edito Ramírez, mi padre, exiliado en esa isla. La policía curazoleña descubrió el hecho y le dio protección, pero a al poco tiempo el régimen presionó para que lo expulsaran, trasladándose a Trinidad. A principios de 1954, el gobierno de Trinidad descubrió un operativo organizado por la Seguridad Nacional para secuestrar a Jóvito Villalba, al mayor Edito Ramírez y al teniente León Droz Blanco. El plan era que el contrabandista Nolly Dage los trasladara en su lancha para asesinarlos en Venezuela. Dicho plan también incluía dar palizas a Tenorio Sifontes y a Vicente Gamboa Marcano, dirigentes de URD y de AD, también exiliados. Dage confesó haber recibido dinero de Pedro Estrada, encontrándosele 39 medios billetes de quinientos bolívares y, años después, fue condenado a la horca. Droz vivía en nuestra casa en Puerto España y durante varios días tuvimos protección policial, hasta que nos solicitaron abandonar la isla por presión del gobierno venezolano. Al ser expulsado de Trinidad, Droz se fue a Barranquilla con la esperanza de que su esposa Lola Sandoval y dos hijas pequeñas pudieran visitarlo, pero poco después, el dictador ordenó su asesinato. El temor del sátrapa era que él había sido campeón de tiro. Le disparó por la espalda el agente de la Seguridad Nacional Braulio Barreto, quien fue detenido, pero al poco tiempo propiciaron su fuga. Al caer Pérez Jiménez pasó varios años preso. En España, Pérez Jiménez ordenó darle una paliza al distinguido intelectual don Mario Briceño Iragorry en diciembre de 1954. El agresor le causó una herida grave en la cabeza al autor de La traición de los mejores.

Hugo Chávez inició la relación con el hampa para agredir opositores, como fueron los asesinatos de José Manuel Vilas y de Maritza Ron. Maduro estrechó esta alianza y todo indica que se utilizó en el asesinato en Chile del teniente retirado Ronald Ojeda. La policía de este país tiene identificados a tres sospechosos de nacionalidad venezolana, un menor de edad, a Maikel Villegas Rodríguez y a Walter Rodríguez Pérez, este último trabajó en la gobernación de Aragua con Tarek El Aissami. Ojeda ya no era de interés para obtener información, pero sí para evitar que testificara ante la Corte Penal Internacional por las torturas que sufrió y otras que conoció. El objetivo pareciera que fue secuestrarlo y simular que había entrado a Venezuela para realizar acciones de desestabilización. Algo les falló y decidieron asesinarlo. Esta acción tuvo que ser autorizada al más alto nivel.

El distinguido periodista Hernán Lugo divulgó parte de un manuscrito de Ojeda en donde señala “los vínculos del Alto Mando Militar, DGCIM y de personeros del 'gobierno' de Maduro con la guerrilla colombiana, con grupos organizados de delincuentes y de cómo los manuales de tortura dictados desde Cuba se aplican en Venezuela”. Además, Lugo cita nombres de militares señalados por Ojeda, que deben ser investigados. Entre ellos, Ovidio Delgado, Marco Tulio Álvarez, Franco Quintero, Alexander Granko, Asdrúbal Brito y Nairobí O´Connor. El embajador general Arévalo Méndez debe despojarse de su inmunidad y declarar sobre este asesinato.

El presidente Boric ha actuado con seriedad y ha declarado que en Venezuela hay violación a los derechos humanos. Los gobiernos democráticos deben impedir que la mano peluda de los dictadores intervenga dentro y fuera de sus países.

Como (había) en botica: Rechazamos la detención de Emill Brandt, jefe de campaña de María Corina en Barinas, y miembro de Gente del Petróleo. A Rocío San Miguel no le han permitido ver a sus abogados y al teniente coronel Igbert Marín le inventaron otros cargos y lo trasladaron a la cárcel de El Rodeo. Lamentamos los fallecimientos de Carmen Josefina Martínez y de Jorge González Campos, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! www.venamerica.org.

Eddie A. Ramírez S.*

*Director MCVM

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