Nicolás Maduro tenía conocimiento de las violaciones y los crímenes de lesa humanidad y en ocasiones ha dado órdenes a subordinados para su consumación, es una de las conclusiones del tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Maduro como cabeza de gobierno, es el principal responsable del diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia. La revisión de esta sangrienta ejecución se ha cumplido, en momentos álgidos de protestas, en reuniones semanales a la que asisten los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Interior y Justicia, así como los directores de la DGCIM, el Sebin y el Cesspa. Diosdado Cabello, Cilia Flores, Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez también se presentan involucrados.

Lo que ratifica este informe es muy grave. Los 122 casos de torturas que fueron investigados corroboran que las órdenes eran impartidas desde el más alto nivel. La responsabilidad de esta cadena de mando debería ser considerada por la Corte Penal Internacional.

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Una vez que este tercer trabajo de la Misión fue hecho público la maquinaria de censura del régimen se encargó de que ningún medio de comunicación informara sobre su contenido. La Organización No Gubernamental Provea recibió también el aviso respectivo de funcionarios encapuchados del Sebin que irrumpieron en sus oficinas para impedir una rueda de prensa de familiares de detenidos.

Los testimonios recabados, las evidencias acumuladas, llegan a ser escalofriantes. Y en este punto surge un temor: la normalización de tanta sangre, de tanta maldad, la incorporación de tanta monstruosidad a lo cotidiano, asumir que lo oscuro es inevitable y que el tirano ganó.

Es aterrador comprobar que la élite del régimen ha puesto en ejecución desde el 2014 un plan perverso que confirma que todas las acciones criminales que violan los derechos humanos han sido producto de un plan para desalentar a todo opositor y aplastar cualquier asomo de protestas arrastrando con ello a familiares y amigos cercanos. Un plan que para su cumplimiento cuenta con financiamiento para la compra de equipos y de viviendas utilizadas para práctica de torturas.

Es inevitable que a cualquier lector de este informe lo asalte un inmenso sentimiento de indefensión. Los activadores de estos delitos cuentan con sobrada impunidad y buscan multiplicarse, hasta el extremo de que existen cazadores para reclutar a aquellos que puedan sentir placer en torturar. Es público que estos criminales no solo han contado con la protección oficial, sino que además han sido premiados con ascensos, y beneficiados con la incorporación a la rosca corrupta del régimen.

La indefensión se hace más exasperante con consecuencias desalentadoras en lo que termina siendo una conspiración contra la justicia donde van de la mano los tribunales del país y el Ministerio Público.

Esta maquinaria es aceitada y supervisada para garantizar el control político que en condiciones de libertad democrática hace rato el régimen habría perdido.

Este tercer informe de la Misión se centró en el rol del Sebin y la DGCIM en los crímenes cometidos contra opositores reales o así percibidos por el régimen. Se comprobó que estos organismos fueron dirigidos para cometer crímenes y violaciones proporcionando un marco estructural que garantizara su ejecución y que quedaran impunes.

Obviamente la Misión tuvo que sortear enormes dificultades porque el régimen no respondió a los constantes llamados para investigar en terreno. Sin embargo, sus miembros lograron acceder a numerosas evidencias y alcanzaron a conversar con víctimas y testigos -incluidos funcionarios de distinto nivel- cuyos testimonios confirmaron la consumación de graves delitos.

Este documento también constata que los indígenas de las zonas mineras del sur del país son víctimas de actores estatales y de grupos criminales, voraces explotadores de las riquezas de la zona. La estadística de torturas y asesinatos de indígenas aún es asumida con dolorosa indiferencia a pesar de constantes denuncias de organismos que documentan esa realidad.

En este sentido la comunidad internacional sigue siendo la esperanza. Hay que repetirlo hasta el cansancio: es urgente la máxima atención sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y aunque desespere constatar que nuestro país sigue atrapado bajo el yugo de un grupo que se mantiene en el poder en total impunidad, es imprescindible continuar documentando estos crímenes e identificar los rostros de los responsables que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia.

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