Quienes creemos en el voto como derecho ciudadano estamos envueltos en pensamientos contradictorios: por una parte, consideramos que una elección es la oportunidad de alzar nuestra voz; por otro lado, el llamado a elecciones parlamentarias para este 6-D nos presenta el dilema de hacer a un lado este derecho y utilizar esta oportunidad para demostrarle al régimen que creemos en el sistema de libertades con el cual crecimos y somos mayoría. ¿Tendrá asidero la premisa de algunos voceros de oposición de que si vamos todos a votar será imposible que el gobierno cometa fraude; o sencillamente el fraude ya está cantado?

Organizaciones especializadas en procesos electorales como la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la UE, constitucionalistas y líderes políticos han denunciado que este llamado a elecciones parlamentarias no es transparente.

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El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, OGCD, inició un monitoreo y seguimiento de las acciones del proceso electoral, para identificar las irregularidades y violaciones en el “patrón de violación electoral” que han lesionado el marco jurídico nacional y los derechos civiles y políticos en el marco de los procesos electorales en Venezuela, y recientemente la organización publicó el primer informe de dicho estudio, en el cual se pueden observar las irregularidades y trasgresiones registradas, especialmente referidas al marco legal vigente, la vulneración a derechos de los ciudadanos, y las sentencias arbitrarias contra partidos políticos, debilitando el pluralismo en el país. Asimismo “recoge hechos, pronunciamientos y acciones de actores nacionales e internacionales vinculados con el proceso electoral en Venezuela.”

El documento registra transgresiones que debilitan el evento electoral, generando desconfianza en los ciudadanos sobre la efectividad del proceso para la reconstrucción democrática. Destacan cinco elementos que repiten una conducta violatoria de derechos ciudadanos y que son parte del patrón de violaciones electorales que OGCD y la Red Electoral Ciudadana han venido documentando posterior al proceso parlamentario 2015:

1: Nombramiento irregular del árbitro electoral. Por séptima vez en 20 años, el nombramiento de los rectores del Poder Electoral se aleja de lo establecido en la constitución y el TSJ asume el nombramiento de la nueva directiva del CNE

2: Debilitamiento del pluralismo político. Las intervenciones a partidos políticos como ocurrió con las directivas de los partidos PODEMOS y PPT, antes de la elección presidencial del año 2012, y posteriormente para las elecciones parlamentarias del 2015, con intervenciones y nombramientos de juntas ad hoc a los partidos políticos: MIN UNIDAD, MEP, COPEI, PODEMOS y BANDERA ROJA dejan en evidencia un debilitamiento al pluralismo político, tendiente a generar un sistema de partido único.

3: Convocatoria sin cronograma. El anuncio de las Elecciones Parlamentarias del 6-D se realizó sin la publicación del cronograma electoral.

4: Registro Electoral Débil. El seguimiento a los procesos electorales ha permitido documentar una acción reiterada que afecta y debilita el REP especialmente referida al número de días y puntos dispuestos para las jornadas especiales y que se repite en este proceso.

5: Derecho al voto limitado. Rumbo al sufragio sectorial. El CNE realizó una modificación del sistema de elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020, estableciendo una elección de segundo grado y a mano alzada, lo cual transgrede el principio constitucional del voto directo, libre y secreto.

Desde VenAmérica hemos denunciado en distintas tribunas, que este llamado a elecciones es una farsa; posición claramente respaldada por los países democráticos y organizaciones internacionales que velan por este sistema de libertades. Si además OGCD nos presentan pruebas fehacientes de todas las irregularidades evidenciadas en este llamado a elecciones, ¿Tiene sentido que voceros de oposición nos convoquen a votar? ¿No deberíamos todos juntos trabajar por el cambio que buscamos?

La autora es miembro del equipo de Comunicación de VenAmérica

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¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.35%
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