Por @folivares10
Por @folivares10
No fue un alzamiento militar lo ocurrido el pasado domingo 6 de agosto en el fuerte Paramacay ubicado en el Estado Carabobo, en la zona central de Venezuela, tal como fue presentado el suceso por las autoridades militares venezolanas, al señalar que la rebelión fue neutralizada. El objetivo sería el robo del arsenal militar del parque de armas del fuerte, tal como fue reconocido por el propio presidente Nicolás Maduro, quien confirmó que los atacantes lograron llevarse un importante lote de armas, a pesar de que hay detenidos..
Sin embargo, a diferencia de tantos otros robos de arsenales, la presencia, o al menos la conducción de esa operación, de un importante disidente militar como lo ha sido el capitán Juan Caguaripano, indica que el grupo está vinculado a un sector de militares y policías disidentes que han decidido tomar las armas para enfrentar el gobierno de Maduro.
Los panfletos encontrados en las cercanías del fuerte indican que el robo del arsenal forma parte de lo que llaman “Operación David”, que según detalla es un grupo de resistencia integrado por miembros de la FAN, del CICPC (Policía investigativa), policías uniformados y seguramente civiles.
Informaciones extraoficiales indican que se llevaron casi 100 fusiles AK 103 que son los que utiliza el Ejército venezolano, lanzagranadas, y explosivos.
Es de recordar que en los últimos dos años se han producido al menos 30 robos de armas en instalaciones militares y policiales.
Estos sucesos han tenido escasa difusión a pesar de que han sido sustraídos en instalaciones que se supone deben tener alta seguridad en el resguardo del arsenal.
Por ejemplo en junio de 2014 se detectó el robo de por lo menos 36 pistolas, nada menos que del batallón Ayala en Fuerte Tiuna, que es el principal resguardo militar de la ciudad de Caracas. El robo fue realizado por efectivos militares. En febrero de 2016 se llevaron 19 fusiles, pistolas y municiones del arsenal del destacamento Guardia de Honor del Estado Aragua.
Estos sucesos podrían estar vinculados a bandas armadas del crimen organizado con complicidad de funcionarios militares. Sin embargo, de esos sucesos poco se difunde información sobre las causas de esos robos y el destino de las armas. Algunos arsenales venezolanos han aparecido posteriormente en manos de las FARC decomisados en operativos del Ejército de Colombia. Y los llamados “colectivos” oficialistas suelen mostrar fusiles que son armas exclusivas para el Ejército regular, que no está permitido que porten civiles.
Pero, más allá del suceso ocurrido el 6 de agosto en Paramacay, es importante destacar el deterioro que se observa en la Fuerza Armada Venezolana. Actualmente hay cerca de 90 militares detenidos por razones políticas. La institución militar está igualmente afectada por la crisis económica y política del país.
Un elemento influyente en esa crisis ha sido la excesiva politización del cuerpo armado convertido en el brazo armado del partido de Gobierno. Así lo indica el slogan impuesto por los altos jefes que dice que la FANB es “chavista, socialista y atiimperialista” “chavez vive, la lucha sigue” y quienes se salen de ese concepto ideológico son perseguidos y execrados de la carrera militar.
Un ejemplo reciente que muestra esa realidad fue la resolución del actual comandante del Ejército, el mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio (por cierto un sargento técnico elevado a la más alta posición) quien dio de baja a un general de división, Jesús Alberto Milano Mendoza, quien ocupó importantes cargos en la institución por “traición al legado de Hugo Chávez” y quien fuera un militar de confianza de Hugo Chávez.
En el comunicado con fecha 27 de julio, en el que se le da de baja a Milano Mendoza, argumenta Suárez Chourio: “actualmente mantiene una conducta ambigua, traicionando el legado de quien fuere su jefe, quien entregó su vida por nuestro pueblo, por la independencia y la libertad de la patria, comandante Hugo Chávez, en tal sentido los comandantes en todos los niveles deberán tomar las medidas de control pertinentes para evitar el acceso a las instalaciones militares, operativas y administrativas, tomándolo en cuenta como persona no grata, de igual forma deberán orientar al personal a fin de evitar cualquier tipo de comunicación con este ciudadano y notificar al comando superior inmediatamente de cualquier intento de ingreso o comunicación”.