Guaidó por fin se decidió a invocar el principio R2P (Responsabilidad de Proteger). Lo hizo en alocución que ofreció por vía virtual ante unas treinta y cinco delegaciones con motivo del inicio de los debates en la 75a Asamblea General de Naciones Unidas. No hay claridad acerca de si tal decisión fue por convicción de él o como consecuencia de las presiones que –como es natural- conviven en el ambiente político nacional. El escenario ya está dispuesto, ahora solo falta un detalle: que algún Estado venga a proteger al desvalido pueblo venezolano cuyo legítimo representante lo solicita.

Cierto es que el principio R2P no es ley, ni norma ni tratado internacional obligatorio. Se trata de una doctrina inspirada en el valor humano de la solidaridad que es común a todas las civilizaciones. Los requisitos indispensables para que se engendre la responsabilidad internacional de proteger son dos: a) que haya un pueblo en desespero por alguna razón natural o no (pandemia, erupción, inundación, guerra, genocidio, etc.) y b) que haya alguien que esté dispuesto a proteger. En el caso Venezuela es evidente que se da el primer requisito e igualmente es evidente que hasta ahora nadie ha ofrecido acudir a proteger.

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Se reclama al presidente (E) que de una vez designe un gobierno y/o algunos ministros que formen un gabinete. DE igual modo se especula con la posibilidad de un gobierno en el exilio después de enero de 2021. Sea como fuere el R2P es como el tango: para bailarlo se requieren dos. Es conveniente hacer algunas precisiones:

A. no luce práctico invocar el principio R2P dentro del marco de Naciones Unidas no solo por la fragilidad de su sustento legal –por más deseable que sea– sino porque el gobierno encargado no es reconocido por más de las dos terceras partes de sus miembros y la posible implementación pudiera ser por el Consejo de Seguridad donde existen cinco miembros con derecho a veto de los cuales dos (China y Rusia) frustrarían todo intento de una solución forzada.

B. No hay porque creer que la protección se materializa únicamente con el uso de la fuerza. La protección se puede concretar a través de la ayuda humanitaria que requiere al menos la no obstrucción por parte de la usurpación, (recordar el intento frustrado del 23F de 2019), por el apoyo financiero, sanitario u otras formas. El único requisito es que lo que se haga sea pronto porque el hambre, la enfermedad y el caos social no admiten circunloquios retóricos.

La posibilidad de la consulta popular que se viene planteando, así como también la evolución de la farsa de elección parlamentaria, en cuya realización se empeñan Maduro & Cía. con o sin participación de vastos sectores, requiere una amplia dosis de Política (con P mayúscula) expresada con el total compromiso de unidad asumido al menos para el único propósito de encaminarse hacia una transición que permita aliviar la situación de desprotección de vastos sectores dejando para un momento posterior la discusión de las agendas personales o grupales que hasta ahora se han constituido en obstáculos para emprender la tarea urgente que es requerida dentro del concepto de protección.

Luce razonable pensar que para que algún Estado esté dispuesto a asumir los costos políticos internos por acudir a proteger pueblo venezolano, lo menos que deben percibir es unidad entre quienes serán receptores de dicha protección. Otra cosa sería “soñar con pajaritos preñados” como decimos en Venezuela.

El autor es asesor internacional de VenAmérica

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