jueves 30  de  mayo 2024
OPINIÓN

Presos políticos: crímenes que señalan a dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia y sus cómplices

Todos los presos políticos -sin excepción- en el sistema del socialismo del siglo 21 o castrochavismo, son objeto de violación de sus derechos humanos

Diario las Américas | CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN
Por CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN

Hay presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son seres humanos privados arbitrariamente de su libertad porque sus ideas suponen un desafío o amenaza al régimen, acusados falsamente por delitos que no han cometido, sometidos a tortura e indefensión en sistemas judiciales usados por la dictadura para producir miedo en la población. Son la flagrante violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, que se usan internacionalmente para intercambio por criminales del sistema dictatorial de narcoestados.

Organismos de defensa de derechos humanos certifican periódicamente el número de presos políticos identificándolos y presentando los datos. Prisoners Defenders certifica que hasta agosto de 2023 hay 1.043 presos políticos en Cuba; Foro Penal Venezolano certifica 282 presos políticos en Venezuela al 28 de agosto de 2023; Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas certifica 79 presos políticos en Nicaragua al 30 de agosto 2023 luego de la expatriación de 222 presos políticos; Global Human Rights League certifica 265 presos políticos en Bolivia al 1 de septiembre 2023.

Con la denominación de “socialismo del siglo 21” se presenta como grupo político de izquierda la expansión de la dictadura de Cuba, que en este siglo ha convertido en dictaduras a Venezuela, Nicaragua y Bolivia y que tiene a su servicio gobiernos para dictatoriales en Argentina con Fernández/Kirchner, México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula da Silva e intermitentemente Chile con Boric.

En este contexto, los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua implementan el mismo sistema de represión por medio del “terrorismo de estado” que consiste en “la utilización de medios ilegítimos desde el gobierno orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar su objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”. El terrorismo es una cadena de delitos de acción continuada y periódica que violan los derechos humanos, desde la falsificación material e ideológica, acusación y denuncia falsa, prevaricación, manipulación de pruebas, detenciones ilegales, tortura, extorsión, difamación y más, en una asociación delictiva dirigida por el régimen.

Se trata de la judicialización de la persecución y la represión política que se funda en disposiciones penales y leyes infames (violatorias de derechos humanos pero aprobadas por el sistema dictatorial), operadas por fiscales y jueces que en lugar de juzgar son verdugos encargados de prevaricar y violar los derechos fundamentales, que convierten el proceso judicial en un “linchamiento” en el que se conoce de antemano el resultado que consiste en largos procesos de detención sin avance procesal o en sentencias rápidas con condenas atroces.

Todos los presos políticos -sin excepción- en el sistema del socialismo del siglo 21 o castrochavismo, son objeto de violación de sus derechos humanos a la igualdad, la dignidad, la libertad y la seguridad de la persona, a no ser torturado, a su personalidad jurídica, igualdad ante la ley, a recursos legales efectivos, a no ser arbitrariamente preso ni desterrado, a un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, al debido proceso legal, a la protección de su familia, a circular libremente, a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de reunión, al trabajo… Son convertidos en seres sin derechos, cuya culpabilidad se presume y cuya tortura comienza el momento de su detención.

Todos estos hechos criminales están pública y plenamente probados, son además crímenes de lesa humanidad establecidos por el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dispone: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque… 1.e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura”.

Los criminales que tienen presos políticos sometidos a tortura detentan el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia a cuyo régimen aún le otorgan denominación de democracia) y están apoyados y encubiertos por los gobernantes actuales de Argentina, México, Brasil, Colombia y Chile. Los líderes y votantes de países con democracia deben recordarlo, porque es tiempo de que gobernantes como Fernández/Kirchner, López Obrador, Lula da Silva, Petro y Boric rindan cuentas a su votantes y a sus leyes por su participación en la existencia de presos políticos en las Américas.

Carlos Sánchez Berzain

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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