Bastaría reconocer la contribución de la red de colleges de la Florida para prescindir de cualquier intento de hacerles daño. Y es que inhabilitarlos de tomar decisiones acerca de necesidades particulares es hacer daño a estas instituciones educacionales y sus alumnos.
Para comenzar, la propuesta de ley SB540 establecería una junta a distancia, lejos de la realidad que afecta a la ciudad en la que el college funciona, para decidir las clases, los cursos o las facilidades de estudio que debe ofrecer.
A esto, la proposición legislativa estatal suma la limitación de licenciaturas a brindar y el número de años a estudiar, como condición previa para recibir ciertos fondos operacionales.
Y si fuera poco, supeditaría otras ayudas financieras al rendimiento de los graduados de college cuando estudien en centros educacionales superiores.
De esta manera, grandes instituciones del sur de la Florida, como Miami-Dade College, Broward Community College y Palm Beach State College, serían seriamente afectadas y miles de alumnos impedidos de continuar sus estudios.
Cuando alguien pregunta a los legisladores qué proponen componer con estas regulaciones, apenas contestan que quieren acostumbrar a los colleges a concentrarse en la educación de dos años de duración, lo que hace pensar que desechan las múltiples aportaciones que cada uno de ellos proporciona a la zona que atiende.
Desoyen incluso cuán capaz es el college de ajustar sus horarios y facilitar las clases para satisfacer las necesidades del estudiantado. Desechan que hay miles de alumnos que no pueden estudiar full-time porque tienen que reservar horas del día para trabajar. A otros simplemente no les alcanza el dinero para pagar más clases, luego de asumir los gastos inevitables del hogar.
También desoyen que los colleges son las instituciones educacionales por excelencia de las llamadas minorías, sean los hispanos, los afroamericanos o los inmigrantes indocumentados, por establecer precisamente más facilidades para estudiar.
Si todo esto marcha bien bajo los estatutos estatales actuales, qué necesidad hay de regularlo con un organismo centralizado, que parece responder a los intereses de instituciones superiores.