Pensar que la activación de la industria petrolera venezolana permitirá alcanzar, de la noche a la mañana, una producción de cuatro millones de barriles diarios es, sencillamente, una ilusión. Una ilusión peligrosa, además, porque suele venderse con tono triunfalista desde los mismos micrófonos que durante años administraron la ruina. Expertos como Horacio Medina, quien dirige PDVSA Ad Hoc, coinciden en que esto es imposible en las actuales condiciones. La industria está prácticamente destruida y, más grave aún, en Venezuela no existen garantías jurídicas ni respeto a la propiedad privada.
Esa misma realidad, aunque expresada con otras palabras, fue planteada recientemente por el director ejecutivo de Exxon Mobil Corp al presidente de EEUU, Donald Trump, durante la reunión sostenida el viernes 9 de enero, según reseñó la agencia Bloomberg. El CEO de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela como un país actualmente “no invertible”, una afirmación contundente que resume el sentir de las grandes corporaciones energéticas.
Trump reunió a casi 20 representantes de la industria petrolera estadounidense y predijo que podrían alcanzar un acuerdo para reactivar las operaciones en Venezuela. Sin embargo, los comentarios de varios ejecutivos dejaron claro que el presidente aún tendría que hacer mayores esfuerzos para convencerlos. Esto no quita que al país lleguen empresas medianas y pequeñas que ayuden parcialmente a la reactivación, aunque ninguna de ellas será suicida financieramente. Porque invertir en Venezuela hoy sigue siendo, para muchos, una apuesta más cercana a la ruleta rusa que a un negocio serio.
Es importante subrayar que las grandes empresas petroleras realizan inversiones a muy largo plazo. Para ello requieren estabilidad política, respeto a la propiedad privada y garantías jurídicas claras, condiciones que actualmente son inexistentes en Venezuela. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, estas compañías perdieron miles de millones de dólares tras la firma de contratos que luego fueron desconocidos, expropiados o simplemente anulados. Pretender que ahora “todo será distinto” porque lo dice el mismo poder que provocó el desastre, raya en el realismo mágico… pero del malo.
En el plano interno, el chavismo atraviesa una profunda desmoralización. La postura asumida por Delcy Rodríguez y el llamado “gobierno interno”, junto a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, al acatar órdenes del presidente Trump, ha sido percibida por sectores del propio PSUV como una traición a Maduro y al legado de Chávez. Ex militantes del partido, con quienes he conversado, coinciden en que nunca antes en la historia política contemporánea del país se había visto un liderazgo tan sumiso frente al gobierno estadounidense. Paradójicamente, los mismos que durante años gritaban “imperio” hoy esperan instrucciones con libreta en mano.
Todo esto obliga a colocar sobre la mesa un análisis fundamental: para que exista producción petrolera sostenible y verdaderos ingresos que beneficien al pueblo venezolano —sin que sean saqueados por una élite gobernante— debe avanzar con urgencia el plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio: estabilización, recuperación y transición. Y conviene subrayarlo: no existe estabilización posible sin democracia, por mucho petróleo que se prometa en discursos vacíos.
Delcy Rodríguez no posee legitimidad jurídica ni de ningún tipo, tampoco capacidad real para garantizar estabilidad económica o petrolera. Pretender lo contrario es como poner a un zamuro a cuidar carne. Su historial es público, notorio y comunicacionalmente documentado: expropiaciones, opacidad, propaganda y subordinación absoluta al poder autoritario. Ninguna empresa seria —ni ningún país responsable— puede confiar su inversión estratégica a quien ha sido parte central del colapso institucional venezolano.
Un escenario mínimamente viable pasa por la liberación de los casi mil presos políticos y la apertura inmediata de un debate serio sobre la ruta electoral. Pero ese debate no puede seguir postergándose como si el tiempo no contara. Venezuela necesita elecciones este mismo año, no como concesión graciosa del poder, sino como requisito indispensable para cualquier proceso de reinstitucionalización. Sin elecciones creíbles en 2026, hablar de recuperación petrolera es vender humo con olor a crudo.
Si ya se ha descartado que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia que le corresponde como parte del sacrificio de la transición, entonces debe establecerse con claridad un calendario electoral verificable, con observación internacional real y garantías efectivas. Todo lo demás es simulación. Y la comunidad internacional, al igual que los mercados, ya no compra simulacros.
Delcy Rodríguez no podrá sostener, ni dentro de sus propias filas ni ante la comunidad internacional, la estabilidad petrolera que requieren Estados Unidos y, sobre todo, los venezolanos. No tiene legitimidad jurídica, ni credibilidad política, ni historial de cumplimiento.
La conclusión no admite maquillaje: sin democracia no hay estabilidad petrolera; sin elecciones este año no hay confianza; y sin confianza, Venezuela seguirá siendo “no invertible”, por más cadenas nacionales que se transmitan y por más promesas que se repitan.
