Condenamos las acciones de Daniel Ortega y sus compinches contra el pueblo de Nicaragua, que inició protestas pacíficas contra las reformas planificadas al seguro social, de este ya empobrecido país, el miércoles pasado. Tristemente Ortega, como Castro y Maduro, ha lanzado a su policía nacional para matar a más de 30 jóvenes nicaragüenses y herir a muchos otros.
Ahora Ortega presenta la falsa idea de que las protestas son una maniobra política de la oposición, lo que le da la excusa para censurar, silenciando a todos los medios independientes mientras su gente golpea, encarcela y mata a estudiantes que luchan por sus derechos y se oponen a la injusticia.
Ortega ha cambiado los límites del mandato presidencial de la Constitución, desmanteló las instituciones democráticas y cometió fraude electoral. Las libertades democráticas no se cumplen hoy por la existencia de un régimen fallido en Nicaragua.
A principios de este año, junto a mi colega Albio Sires, presenté la Ley NICA que apunta a fijar condiciones al Gobierno de Nicaragua, similares a las que el Congreso ya promulgó como ley respecto a Honduras, Guatemala y El Salvador.
El 18 de diciembre de 2015, el Congreso anunció la ley Consolidated Appropriations Act 2016, que proporciona fondos para implementar la estrategia de América Central. La ley impone numerosas condiciones sobre la ayuda para Honduras, Guatemala y El Salvador, incluyendo la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos, el combate del tráfico de personas y la seguridad fronteriza.
Debemos mantener a todos los gobiernos de Centroamérica con estándares similares, cuando se trata de derechos humanos, corrupción y transparencia, mientras examinamos cuál es el mejor uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses, y el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción.
Presenté mi proyecto de ley en el Congreso el año pasado llamando al régimen de Ortega a combatir activamente la corrupción y tomar medidas significativas para proteger a los defensores de los derechos humanos y activistas. El momento de actuar es ahora, para el pueblo de Nicaragua y para su futuro democrático, antes de que sea demasiado tarde.
Nuestro proyecto de ley dirige la influencia de Estados Unidos a condicionar nuestro voto en cualquiera de las instituciones financieras internacionales para Nicaragua, hasta que el liderazgo en ese país tome medidas significativas para restaurar el orden democrático.
Y cuáles son algunas de esas condiciones:
• Promover la democracia, con un sistema judicial independiente y un consejo electoral;
• Fortalecer el estado de derecho;
• Combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios del gobierno que presuntamente son corruptos; y
• Protección del derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencia.
Estas condiciones son similares a las que este Congreso ya aprobó para los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador. La Ley NICA puede garantizar que se continúe brindando asistencia humanitaria para atender las necesidades humanas y será una herramienta poderosa que puede ayudar a poner fin a las atrocidades que ocurren en Nicaragua y revertir su actual trayectoria destructiva.
Nicaragua es un país que ha tenido que soportar dos dictaduras y una guerra civil a manos de Ortega. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Ha llegado el momento de que los Estados Unidos demuestre su solidaridad con el pueblo nicaragüense y urjo a mis colegas del Senado a que aprueben mi Ley NICA para cortar el flujo de fondos al régimen de Ortega.
La Administración de los Estados Unidos también debe sancionar a más funcionarios de Ortega. Nuestro país defiende nuestros valores de democracia, libertad y derechos humanos; no debemos permitir que las acciones de Ortega queden impunes.