Cuando el presidente George W. Bush pidió al Congreso en 2005 la revisión de las leyes federales para permitir al Ejército estadounidense tomar control de desastres naturales, como el huracán Katrina, buscaba aplicar la ley Posse Comitatus.

Esta norma, que fue aprobada el 18 de junio de 1878, tras la Era de la Reconstrucción que precedió a la Guerra Civil, buscaba establecer límites al Gobierno federal para el uso de los militares como fuerzas del orden, a menos que estuviesen autorizadas por la Constitución o el Congreso.

Te puede interesar

Según la carta magna del país, los gobernadores tienen la autoridad de mantener el orden dentro de sus límites estatales, en base a la Ley Posse Comitatus que limita el poder del Presidente para desplegar al Ejército nacional e intervenir, a menos que la autoridad de dicho estado lo solicite.

Por su parte, la ley de Insurrección es una ley federal de 1807 que sí faculta al presidente de Estados Unidos a desplegar militares y tropas de la Guardia Nacional en todo el territorio, para atender circunstancias particularmente graves, como el desorden civil, la insurrección y la rebelión.

Por eso, cuando el propio presidente Donald Trump dijo públicamente que utilizaría al Ejército nacional para controlar las protestas anti raciales, se disparó la controversia: “Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré al Ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos”- según dijo durante un encuentro con los medios.

Seguidamente, el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que no apoyaba la invocación de la Ley de Insurrección para desplegar tropas estadounidenses en servicio activo y así responder a los disturbios civiles en ciudades de todo el país.

"Digo esto no solo como secretario de Defensa, sino también como exsoldado y exmiembro de la Guardia Nacional, la opción de usar fuerzas de servicio activo para hacer cumplir la ley sólo debe considerarse como un último recurso, y sólo en situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones ahora”, señaló el funcionario federal.

Su declaración fue vista como un desafío directo al presidente Trump y se puso en duda su futuro al mando del Pentágono, tanto así que incluso el senador Lindsey Graham, cercano a Trump, dijo que Esper estaba haciendo un buen trabajo y que debía permanecer como secretario de Defensa.

Con el fin de zanjar la controversia, el fiscal general, William Barr, se refirió a esa ley y defendió la decisión de la administración Trump de tener tropas en servicio activo listas para responder a situaciones fuera de control durante las protestas en Washington, pero aclarando que el Ejército sólo debería desplegarse en el país como "último recurso" y que en últimas instancias no fue necesario.

“Nunca hubo ... el Presidente nunca preguntó ni sugirió que necesitáramos desplegar tropas regulares en ese punto. Se ha hecho de vez en cuando en nuestra historia. Tratamos de evitarlo y estoy feliz de haberlo podido evitar en esta ocasión”, señaló Barr.

El uso de militares activos para solucionar problemas nacionales es un tema muy sensible, ya que el personal militar está entrenado para la lucha en tiempos de guerra, no de paz, por lo que ponerlos en funciones policiacas puede resultar en daños colaterales serios para la vida y la libertad de los ciudadanos.

Por otra parte, el almirante Mike Mullen, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto de los presidentes George W.Bush y Barack Obama, llegó a decir: "Tenemos un ejército para luchar contra nuestros enemigos, no contra nuestra propia gente".

De igual manera, el también exjefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, señaló que tomó décadas tratar de reconstruir la relación de los militares con el pueblo estadounidense después de la Guerra de Vietnam. “Y tenemos una relación maravillosa con la gente de este país, y pienso que es importante continuar trabajando para tratar de mantenerla."

Con tantos desafíos en otros frentes, esperemos que la paz nacional se mantenga y no entre en recesión.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DLA Clasificados

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

Ante la nueva ola de COVID-19, el condado Miami-Dade ha vuelto a cerrar los restaurantes, salones de fiesta y gimnasios... ¿De quién es la responsabilidad?

De las autoridades, que no han sabido controlar la situación
De los jóvenes, que no toman medidas y propagan la enfermedad
De todos, porque no hemos entendido que prevenir es la solución
De los negocios, que con tal de vender, no cumplen las medidas sanitarias
ver resultados

Las Más Leídas