Hace apenas unas horas los comités de Educación y Justicia criminal del Senado estatal dieron luz verde a la propuesta de ley que permitiría portar armas de fuego en prácticamente cualquier lugar, incluso en los centros educacionales
A punto de cumplir 224 años, la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que otorga el derecho a la posesión de armas, podría sumar en la Florida otro capítulo a la larga ristra de contradicciones.
Hace apenas unas horas los comités de Educación y Justicia criminal del Senado estatal dieron luz verde a la propuesta de ley que permitiría portar armas de fuego en prácticamente cualquier lugar, incluso en los centros educacionales.
Ahora, tras la aparente aminoración de la fuerza opositora al armamentismo nacional innecesario, que tuvo a su mayor vocero en la actual presidencia de la nación, resurgen las tendencias que abogan por una propagación armamentista aún mayor, que lejos de querer cumplir con la Constitución apuesta por satisfacer los intereses económicos.
No basta que seamos uno de los estados más permisivos para obtener un permiso de arma de fuego. Tampoco importa que contemos con uno de los mayores inventarios de pistolas, revólveres y escopetas, entre otros armamentos.
Menos aún importa la existencia de un tiroteo múltiple cada siete días en el país, ni que las escuelas o centros académicos sean blancos fáciles de los tristemente célebres sucesos.
La propuesta de ley en la Florida también encarece los gastos de las operaciones en centros educacionales, empresas privadas y gubernamentales, tras la advertencia anunciada por las compañías de seguro de que no pagarán compensaciones que estén relacionadas con el porte de las armas de fuego.
También asalta el derecho de los ciudadanos a vivir en un lugar apacible, donde las familias crezcan sin la obligación de tener que convivir con quienes lleven adentro el legado del viejo Oeste, cuando la fuerza de una bala tenía la palabra.
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