LA HABANA.- Es evidente que Mónica Baró, 31 años, periodista independiente, disfruta las redes sociales. La joven es extrovertida, agradable y muchas veces divertida. Igual aconseja a sus seguidores para que vean un filme de calidad, ofrece recetas de cocina, que lanza un reto y baila como un trompo delante de la cámara al compás de Los Van Van.

También denuncia la detención del periodista guantanamero Roberto Quiñones, sancionado arbitrariamente a un año de cárcel por el delito de "resistencia y desobediencia a la autoridad". O acusa al gobierno de responsable por el trágico accidente donde fallecieron tres niñas ocurrido el 27 de enero en la barriada habanera de Jesús María.

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Por su calidad narrativa e imaginación, Baró es ahora mismo una de las mejores periodistas cubanas. Es capaz de escribir un extraordinario reportaje de investigación titulada La sangre nunca fue amarilla, con el que ganó en Colombia el Premio Gabo 2019 en la categoría de Texto, que un objetivo artículo sobre el opositor José Daniel Ferrer.

En cualquier país del mundo, las redacciones de periódicos y revistas intentarían contratar a Mónica Baró, menos en Cuba; una isla donde los reporteros con criterios propios son etiquetados como delincuentes de Estado.

Las sociedades autocráticas prefieren a los amanuenses disciplinados al estilo Randy Alonso, Rosa Miriam Elizalde o Iroel Sánchez, auténticos soldados de la palabra.

El periodismo libre en Cuba tiene su costo. Primero, la propaganda del régimen intenta asesinar tu reputación. Luego los “killers” cibernéticos y telefónicos comienzan a amedrentarte para que cambies de opinión. Y créanme que juegan al duro. Sin perder la sonrisa, te insinúan que puedes sufrir un

‘trágico accidente’ o te chantajean emocionalmente con tu pareja o tu familia.

Después de 24 años escribiendo como periodista independiente, conozco de primera mano la tensión sicológica que se sufre. No solo nosotros, también nuestros hijos y parientes. Ese desgaste pasa factura, la salud se quebranta y tener siempre en guardia a un policía interior, nos puede transformar en personas obsesivas y desconfiadas.

La Seguridad del Estado nunca te saca el pie del acelerador. Incluso aunque estés enfermo. Ahora mismo, el escritor y periodista independiente Víctor Manuel Domínguez está ingresado en una sala del hospital Calixto García.

Debido a su diabetes, probablemente le tengan que amputar tres dedos en uno de sus pies. Pero oficiales de la Seguridad del Estado siguen acosando a Julio Aleaga y a Luis Cino, colegas periodistas que lo cuidan.

El martes 14 de abril, en plena epidemia del coronavirus, cuando el régimen pide a los ciudadanos que no salgan de sus casas, Mónica Baró recibió la llamada de un oficial que dijo llamarse Jorge para citarla a un ‘conversatorio’ en una unidad policial. Ya sabemos de qué van esas charlas.

Intimidarte, pedir que colabores con la Seguridad y que desistas de escribir y reportar libremente.

La represión suele ir in crescendo: amenazas sutiles, multas, prohibición de viajar al extranjero, abrirte un expediente y posteriormente enjuiciarte y mandarte a prisión. Los servicios especiales del aparato represivo tienen carta blanca para actuar. Más que un cuerpo dedicado a salvaguardar al Estado, actúan como la guardia pretoriana de un grupo de dirigentes aferrados al poder.

Su labor represiva la complementa el Ministerio de Justicia y la actual Constitución los dota de herramientas legales que les permite sancionar a los opositores al régimen y a los periodistas sin mordaza, como la siniestra Ley 88, que puede condenarte a 20 años de privación de libertad e inclusive la pena de muerte, o el Decreto 370, que permite aplicar multas de hasta 3.000 pesos, equivalente a 120 dólares, en un país donde el salario mínimo ronda el equivalente a 15 dólares mensuales.

En distintos momentos, cada uno de los que ejercemos como periodistas independientes en Cuba, hemos sido amenazados por la policía política. Pero desde octubre de 2019 a la fecha, decenas de reporteros han sido citados por realizar su labor. A doce colegas les han aplicado multas de 3.000 pesos. Y a un año de cárcel fue sancionado Roberto Quiñones, abogado y periodista guantanamero de 61 años.

El único ‘delito’ de todos ellos es contar historias que la autocracia castrista pretende hacer ignorar. Debido a la presión internacional liberaron al artista visual Luis Manuel Otero y al activista político José Daniel Ferrer. Pero Roberto Quiñones lleva siete meses durmiendo en una celda con delincuentes comunes.

Camila Acosta, 26 años, graduada de periodismo en 2016, y colaboradora del sitio Cubanet, en los últimos meses está siendo ferozmente acosada por varios oficiales de la contrainteligencia. Vía WhatsApp, dijo a Diario Las Américas que “un represor que dice llamarse Alejandro es el que ahora atiende mi caso, luego de que otros se dieron cuenta de que yo ni iba a colaborar con la Seguridad, ni iba dejar de escribir. Con este Alejandro pasaron a otra fase, que consiste en aumentar la represión para que, o desista de hacer periodismo, o me vaya del país”.

“Hace un mes tuve mi primer interrogatorio con él y lo dejó bien claro: ‘Contigo va a ser al duro y sin guante’, palabras textuales, y me aseguró que se iba a convertir en mi peor pesadilla. Afirmó que en los próximos meses me iba a montar un proceso penal. Para el régimen, el periodismo independiente no está reconocido”, expresa Camila.

El ensañamiento contra la joven periodista incluyó un acta de advertencia por supuesta violación de domicilio. "Cuando pregunté por qué esa denuncia, pues no había pruebas, este oficial respondió que esa acusación era simplemente por vivir en La Habana (ella es oriunda de Nueva Gerona, Isla de la juventud, antigua Isla de Pinos). Al consultar con un abogado, me aclaró que esa denuncia de violación de domicilio no tiene nada que ver con la supuesta ilegalidad de residir en La Habana, que es una estrategia. Intentar reunir denuncias, falsas evidencias y supuestas violaciones legales para llevarme a juicio y acusarme de lo que sea. Este represor Alejandro, cínicamente, me llegó a decir que el proceso iniciado contra mi persona era porque hacía muy bien mi trabajo. Lo que quieren es acallar a la prensa independiente, pues somos los que mostramos al mundo la cruda realidad de Cuba, afirma Camila y añade:

“Con la actual situación del coronavirus, a pesar de estar la mayoría de las personas en cuarentena, la Seguridad del Estado está citando a periodistas y aplicando elevadas multas basados en el Decreto Ley 370, como la que impusieron al periodista Niober García de Palenque Visión. En mi caso me la aplicaron por publicar en redes sociales sobre grandes colas provocadas por el desabastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de aseo. Recientemente el periódico Granma amenazó con sanciones de prisión de libertad a todas aquellas personas que incurran en el delito de difundir informaciones 'falsas'".

Durante los ejercicios militares Bastión 2016, se filtró un documento de las fuerzas armadas en el cual se decía que los periodistas independientes serían el primer objetivo a inmovilizar en caso de protestas masivas contra el gobierno, de epidemias o catástrofes naturales. Cuatro años después comienzan aplicar dicha estrategia. Las instituciones internacionales que velan por los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión deben tomar nota.

@DesdeLaHabana
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