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El más reciente intento del régimen cubano por parecer que hace reformas hacia lo interno era el tema a debate en el programa Juan Juan al medio, de DIARIO LAS AMÉRICAS, que aborda la manera como la isla pretende frenar la "tendencia creciente" en las violaciones de los derechos de los clientes.

Aprobada por el Ministerio del Comercio Interior de Cuba, la Resolución 54 de 2018 entrará en vigor 30 días después de su divulgación este viernes en la Gaceta Oficial y su principal fortaleza radica, según el régimen, en intentar responder a los frecuentes reclamos de los consumidores.

En la isla es muy frecuente escuchar quejas sobre el continuo maltrato de los vendedores, el incumplimiento de los horarios de venta, el desabastecimiento en las tiendas estatales, además de los precios y bienes adulterados.

A esto se une el alto costo de los productos frente a los reducidos salarios de la isla, que se sitúan en un promedio de 740 pesos cubanos (unos 29 dólares) al mes, recuerda un reporte de la agencia EFE.

Tras casi seis décadas de gobierno castrista, la nueva resolución establece derechos y deberes de los consumidores "que no estaban explícitos en ninguna norma rectora" y "determinan las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios", ya sean estatales o privados.

El reglamento estipula que los clientes deben recibir mercancías y prestaciones con calidad, tener garantizado el oportuno abastecimiento de bienes de primera necesidad y la protección de sus "intereses económicos" que modo que puedan adquirir artículos con "adecuada relación calidad-cantidad-precio".

Además, incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones.

Desde el 2000 Cuba trabaja en la actualización de su Ley de Protección al Consumidor, una labor "lenta" que se paralizó en 2011 en medio de las reformas económicas impulsadas por el exgobernante Raúl Castro.

Aún no ha sido aprobada la versión definitiva de la nueva legislación, pero al menos ahora existe un proyecto orientado al respeto de los derechos de los consumidores que, ante el desabastecimiento generalizado que vive la isla, sabrán de la existencia de un cuerpo legal que respalde sus quejas.

FUENTE: Con información de EFE

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