La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió este lunes con un grupo de 30 juristas que consideran que le falta base jurídica al proceso iniciado la semana pasada en la Cámara de Diputados con miras a destituir a la mandataria, informaron medios locales.
Según el portal de noticias "Último Segundo", el grupo denominado "Juristas en defensa de la Democracia" está integrado por profesores universitarios, abogados y juristas que ya habían manifestado apoyo conjunto a Rousseff a comienzos de año, cuando los movimientos que pedir su salida comenzaron a cobrar fuerza.
El grupo defiende la continuidad del mandato de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) hasta 2018, cuando acaba la gestión, y condena "rupturas autoritarias" de dicho mandato.
El pedido de apertura del proceso para destituir a Rousseff fue avalado el miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
El proceso se basa en presuntas maniobras contables realizadas por la presidenta en 2014 (último año de su primer mandato) con el fin de maquillar la situación fiscal del país. Dicha práctica viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Los autores de la solicitud son dos renombrados juristas: Hélio Bicudo, un fundador del PT que dejó el partido en 2005, y Miguel Reale Júnior, ex ministro durante el Gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
Durante la cita con la presidenta, en la que participa el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, los juristas le entregaron copias de trabajos de su autoría en los que defienden que no se puede desencadenar un proceso para destituir a un presidente si no existe una base legal.
Los trabajos que serán entregados a la presidenta fueron realizados gratuita y espontáneamente por los profesionales, según afirmaron, como respuesta a la "gravedad de la situación política nacional".
"Todos opinan contrariamente a la apertura del proceso, por no estar presentes en el pedido recibido por el diputado Eduardo Cunha los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad cometido por Rousseff", explicó la asesoría del grupo, citada por el portal "G1", del grupo Globo.
En el marco de las acciones destinadas a defender su mandato, Rousseff también se reunirá más tarde con los ministros que integran la coordinación política de su Gobierno.
Mientras tanto, la Cámara Baja se encuentra inmersa en arduas negociaciones para definir los nombres de los 65 diputados que integrarán una comisión especial que, en cumplimiento del protocolo, deberá definir si el pedido de destitución sigue su marcha o es archivado.
Se espera que la comisión especial sea instalada este lunes, tras lo cual tendrá 10 sesiones para definir el camino a seguir.
Paralelamente, oficialismo y oposición buscan el apoyo de movimientos sociales para ejercer presión en contra o a favor de la continuidad del proceso, respectivamente.
Grupos que defienden la salida de la presidenta, como el Vem Pra Rua (Sal a la calle) y Movimiento Brasil Libre, convocaron una jornada de movilización para el próximo domingo, en favor de la destitución de la presidenta.
Por su parte, movimientos sociales y sindicales vinculados a la izquierda brasileña y al partido de gobierno, como la Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), también anunciaron que tomarán las calles para defender el Gobierno de Rousseff y expresar su repudio a lo que catalogan como "golpe".
No se anunció aún la fecha para la primera de esas movilizaciones.
