El régimen de Nicolás Maduro y la oposición iniciarán un nuevo intento de diálogo, que tendrá sede en México, y es auspiciado por el Reino de Noruega.
Collage/fotos AP archivoESPECIAL/CARACAS.- “La lucha por la supremacía política en Venezuela, que alguna vez fue un asunto principalmente doméstico, se ha convertido en una fuente de discordia geopolítica”. De esta manera resume International Crisis Group la dinámica en torno al proceso de negociación entre los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Venezuela.
Aunque International Crisis Group advierte que la comunidad internacional no puede “imponer el fin de la disputa entre el gobierno de Maduro y la oposición”, concluye que las partes en conflicto “tampoco pueden resolver la crisis sin el consentimiento tácito y, preferiblemente, la participación de las potencias mundiales, incluidos EEUU, la Unión Europea, Rusia y China”.
Internacional Crisis Group insiste en que las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición requerirán mediación externa, apoyo sostenido de aliados extranjeros en ambos lados y promesas de apoyo financiero y técnico en el extranjero en caso de que finalmente se llegue a un acuerdo.
El informe de ICG llega en el momento que el Gobierno Interino de Juan Guaidó ha planteado a algunos de sus aliados la necesidad de sustituir al Reino de Noruega como facilitador de las negociaciones que se desarrollaron en México hasta octubre del año pasado aduciendo que la propuesta de negociación presentada imposibilita concretar acuerdos.
En su más reciente informe International Crisis Group recuerda que “más de dos décadas de tumulto político en Venezuela han terminado por enredar a gran parte del mundo. La disputa entre los gobiernos del autoproclamado socialista Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor Nicolás Maduro, por un lado, y una alianza opositora por el otro, se extendió primero a América Latina y luego estalló en una disputa mundial (…) A principios de 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el apoyo de la oposición mayoritaria, buscó abiertamente derrocar a Maduro mediante “máxima presión”: duras sanciones económicas, aislamiento diplomático y vagas amenazas de intervención militar. La oferta fracasó. Pero trazó una línea divisoria clara entre los estados que apoyan a Maduro, incluidos Rusia y China, y otros casi 60 que respaldaron la táctica estadounidense y la presidencia interina del líder opositor Juan Guaidó. Tres años después, el país sigue estancado políticamente y sumido en una emergencia humanitaria”.
Para ICG la comunidad internacional “podría estar en condiciones de fomentar, en lugar de obstaculizar, una resolución pacífica de la crisis”, sin embargo, advierten en su análisis que lograr “un consenso en la división venezolana está lejos de ser fácil dadas las tensas relaciones entre las principales potencias, que se vuelven aún más desafiantes por el enfrentamiento sobre Ucrania. Estados Unidos percibe la creciente huella de Rusia y China en América Latina como una amenaza. Ni Moscú ni Beijing están ansiosos por ver un acuerdo que representaría una clara ganancia estratégica para Washington, especialmente si también perjudicaría sus intereses económicos”.
¿Cómo puede funcionar el acuerdo?
Para ICG incorporar a la mesa de negociación a las diversas potencias extranjeras requerirá adaptarse a sus intereses claves y líneas rojas (…) Estados Unidos tiene un lobby pequeño pero influyente en Venezuela que se opondrá activamente a cualquier acuerdo que perciba como demasiado indulgente con Maduro. Cuba y otras naciones del Caribe necesitarán garantías de que se satisfarán sus necesidades energéticas. Rusia y China buscarán garantías para sus inversiones, particularmente en el sector energético, y para el pago de las deudas bilaterales. Bogotá estará descontenta con cualquier acuerdo que no aborde el tema del refugio en Venezuela a los grupos armados dedicados a la obtención de ganancias ilícitas en Colombia”.
Sin embargo, se indica que estas dificultades “no deberían oscurecer la evidencia de que los líderes de ambos bandos tienen interés en que se resuelva el estancamiento. Para ello, deben alentar a sus pares venezolanos a volver a la mesa de negociaciones y trabajar de buena fe para lograr un acuerdo (…) Deberían ofrecer incentivos, especialmente al lado del gobierno, para avanzar hacia el compromiso. También deben estar preparados para brindar asistencia de diversa índole para sortear obstáculos y asegurar el avance de las conversaciones, desde paquetes de ayuda financiera hasta apoyo a reformas de seguridad interna o justicia, o comprometiéndose a verificar el cumplimiento de un acuerdo final”.
En una reciente entrevista el abogado constitucionalista Gerardo Blyde, cabeza del grupo negociador de la Plataforma Unitaria Venezuela alertó: “Si este proceso muere definitivamente, nos va a costar a todos muchísimo volver a contar con un proceso que cuente con todos los ingredientes con que cuenta este (…) Si no vuelve a reiniciarse o a seguir en el punto en que estábamos y avanzar, va a ser muy difícil construirlo. Estoy seguro de que no vamos a tener un proceso similar en los próximos dos años y vamos a caer en la agenda oficialista”.
El proceso de negociación se interrumpió en octubre de 2021 cuando la delegación de Maduro decidió abandonar las conversaciones como protesta por la detención en Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido señalado por EEUU como responsable de delitos de lavado de dinero a través de los programas sociales del gobierno de Maduro.
Hasta la suspensión del proceso en octubre las partes habían suscrito un acuerdo para reivindicar el derecho territorial de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y un pacto para activar una mesa social para atender las demandas humanitarias en el país. No obstante, este último acuerdo no se concretó por la suspensión de las conversaciones lo que impidió la selección de los integrantes de la instancia acordada en México.
Al momento de interrumpirse las conversaciones estaba previsto que se iniciaran las deliberaciones para acordar la reestructuración del sistema judicial de Venezuela. Aunque las conversaciones sobre esta materia no sucedieron, el gobierno de Maduro decidió adelantar su propia reforma del sistema de justicia. En este proceso no participa formalmente la oposición venezolana.
Aunque desde el Gobierno Interino se sugiere que la falta de acuerdo en México se debe a la retirada prematura de la delegación de Maduro y al esquema de conversación propuesto por el Reino de Noruega, desde la firma Carpe Diem se señalan, además de estos factores, los errores que ha cometido la oposición en este proceso.
En el más reciente informe de coyuntura de la firma se indica que la instancia que debe representar a la oposición en México no ha logrado funcionar como se esperaba.
Según este análisis las causas del fracaso de la representación opositora se encuentran en la falta de cumplimiento del Pacto Unitario (firmado en agosto de 2020) para la aprobación de normas para la toma de decisiones y resolución de conflictos dentro de la oposición.
Adicionalmente se advierte que La Plataforma Unitaria “está integrada en su mayoría por factores políticos que comparten la visión de Guaidó y del Gobierno Interino; esto provoca que en escenarios internacionales se manifieste una evidente ausencia de voces críticas o propuestas alternativas de la clase política venezolana -e incluso de la sociedad civil y gremios- a la visión que presenta Voluntad Popular ante los círculos decisores de Washington, Miami y en algunos países de la Unión Europea. En otras palabras, más que una plataforma de coordinación política, la Plataforma Unitaria se ha convertido en un club de amigos del Gobierno Interino con la presencia simbólica de otros factores políticos”.
@puzkas
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