CARACAS.- Las ONG Provea y Control Ciudadano alertaron este lunes que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que discute la Asamblea Nacional (AN) ilegítima, busca "criminalizar" e "ilegalizar" a las ONG en Venezuela.

Provea manifestó que en el primer trimestre de 2022, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques contra defensores, organizaciones y asociaciones activistas de los derechos humanos, informó Impacto Venezuela.

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La organización sostuvo que la "criminalización y persecución contra las ONG" en Venezuela "no es solo desde el espectro de funcionarios de alto nivel y cuerpos de seguridad"; considera que lo que se busca es "ejercer un control político sobre las ONG y en último término, criminalizarlas o extinguirlas".

Participación

Deborah Van Berkel, presidenta de la ONG Sinergia, afirmó que la ley debería realizarse mediante mecanismos de participación que les permita plantear objeciones y propuestas. "Entendemos que debe ser un proceso que incluya todas las voces y actores del país", dijo.

Agregó que deberían hacer un seguimiento de todo el proceso para informar a la ciudadanía y a los actores relacionados.

La experta aclara que todavía se trata de un borrador, por lo que reitera que las ONG van a estar atentas al proceso de elaboración de la norma.

Sin embargo, según lo que se conoce de la ley, hay varios aspectos que generan alarma, como el que tienen que ver con los fondos que manejan las organizaciones.

"Tal como está planteado en este proyecto, evidentemente hay unas disposiciones que establecerían al Estado como el ente receptor, administrador y un control total de lo que sería la cooperación internacional", dijo.

"Esto limitaría evidentemente toda la cooperación que se establece en temas de solidaridad e intercambio en distintas áreas y materias entre distintos países y organizaciones pares a nivel del mundo, ya sea en cooperación técnica, temas educativos, culturales, en temas humanísticas o ciencias", sostuvo.

Alertó que "toda esa dinámica estaría ahora bajo control directo del Estado y de los recursos que pudieran estar en los intercambios que se generan en estas relaciones internacionales".

Y sobre el registro de las ONG, recordó que "todas las asociaciones, organizaciones civiles y fundaciones que trabajan en el país tienen un documento constitutivo y un registro legal en el país. Por lo cual no son organizaciones fantasmas".

No obstante, añade que "en este proyecto se vuelve a incluir lo que ya se planteó en un proyecto anterior y no prosperó. Pero todos estos registros persiguen realmente tener un mayor control en la acción que realizan las organizaciones civiles en Venezuela. Esta tarea del registro es para aumentar el nivel de control hacia las organizaciones", lamentó.

FUENTE: IMPACTO VENEZUELA

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