El embajador de Argentina en La Haya alega que en el país “se cometen crímenes” y además adeuda a la organización 14.1 millones de euros desde 2018
Sede de la CPI, en La Haya.
LA HAYA.-En una singular intervención, el embajador de Argentina en La Haya, Mario Oyarzabal, manifestó su oposición a la autorización que la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) concedió a la representación de Venezuela para ejercer su derecho al voto.
Durante la reunión del vigesimotercer periodo de sesiones, el representante del gobierno de Javier Milei en La Haya consideró “inadmisible” la decisión de la Asamblea de los Estados parte.
“Venezuela no puede ser considerado un estado de derecho, los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad de su población es ignorada de manera deliberada”, expresó el embajador en consonancia con la naturaleza del evento.
El gobierno de Argentina ha sido un fuerte crítico del régimen de Nicolás Maduro por las violaciones a los derechos humanos, por lo que la CPI adelanta investigaciones por crímenes de lesa humanidad
También ha cuestionado la decisión de Maduro de no aceptar los resultados de la elección del 28J que perdió, lo que ha sido rechazado por la mayoría de la comunidad internacional. Por este hecho, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Argentina.
Esto, en momentos en que Milei concedió asilo a seis opositores del equipo de María Corina Machado que pidieron refugio en la embajada en Caracas, en marzo pasado, ante la persecución del régimen. Este aún no concede el salvoconducto.
El embajador Oyarzabal también argumentó en su intervención que el Estado venezolano adeuda a la institución del Estatuto unos 14.1 millones de euros, desde 2018.
“Venezuela presenta excusa inaceptables por la falta sus pagos, culpando a otros de las consecuencias nefastas de su modelo económico”, dijo el diplomático en referencia a la intervención del representante de Maduro quien alegó las sanciones como excusa de la morosidad.
Se conoció que una mora superior a dos años conlleva la suspensión del derecho a voto en la Asamblea de Estados Parte, según las normas del Estatuto de Roma.
Oyarzabal añadió que “Argentina ha sido siempre compresiva de las dificultades económicas de los estados parte de esta Asamblea, pero no puede hacer caso omiso de la realidad de los crímenes que se cometen”.
Ante esta situación, la Asamblea decidió "revisar los criterios" para conceder el voto a Estados morosos para 2025, según informó la ONG Provea en sus redes, tras seguir el desarrollo de la reunión.
FUENTE: Con información de redes, Provea
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