CARACAS.- La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó este jueves que en 2021 se registraron 743 ataques contra el derecho a defender los derechos humanos, lo que significa un aumento de 145 % respecto a 2020.

El CDJ dijo en un informe que las restricciones que más se repitieron fueron las referidas al espacio cívico y democrático, y reportó un aumento de la criminalización, represión y control social.

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Hubo “graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos”, informó El Nacional.

La ONG se refirió, especialmente, al caso del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien fue detenido el 2 de julio cuando se encontraba en una sede del Ministerio Público para denunciar acoso y persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Fundaredes ha investigado la situación en la frontera colombo-venezolana, específicamente el conflicto entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las disidencias de las FARC, en medio de la connivencia de las autoridades venezolanas.

El director de Fundaredes fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García. Estos dos últimos fueron excarcelados en octubre pasado.

De acuerdo al informe, el mes en el que se registraron más ataques fue julio, con 140. En segundo lugar quedó abril, con 115; le siguen enero, con 99; octubre, con 73; marzo, con 56 y septiembre, con 49.

La ONG sostuvo que "el Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales". La ONG sostuvo que "el Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales".

Agregó que aumentó el riesgo para los defensores de derechos humanos en Venezuela.

"El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno", indicó.

FUENTE: EL NACIONAL

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