CARACAS.- El Bloque Constitucional de Venezuela solicita a las autoridades de los Estados Unidos de América —Poder Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema de Justicia—, a sus medios de prensa y a su opinión pública, que sometan el acuerdo petrolero entre EEUU y el país suramericano a un exhaustivo escrutinio, “a efectos de determinar su legitimidad ética y jurídica, y evitar que se trate de un acto en perjuicio de los intereses de Venezuela”.
Una exigencia similar hace a “la opinión pública venezolana, a sus partidos políticos, a la sociedad civil, a las Fuerzas Armadas, a los medios de comunicación, realizar un debate público profundo, informado y transparente sobre el acuerdo petrolero y; la promoción de una consulta popular sobre este asunto”.
La institución sustenta sus peticiones en varios argumentos jurídicos. En primer lugar, señalan que tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero —quien ejercía de manera ilegítima la presidencia de la República—, el presidente Trump declaró: “No podemos arriesgarnos a que se apodere de Venezuela alguien más que no busca el bien del pueblo venezolano”.
Y que debido a la vacancia presidencial que produjo la extracción de Nicolás Maduro, “su exmano derecha Delcy Rodríguez, debió suplirlo por un lapso de 90 días prorrogable por 90 días, período que venció el pasado 3 de julio; y que tras el vencimiento de este, la señora Delcy Rodríguez pasó a ser una gobernante de hecho, bajo la égida de la Administración Trump y sujeta al terror de enfrentar la misma suerte que su exjefe, razón por la cual, no puede ejercer libremente su voluntad ni la defensa del interés nacional”.
Lo que saben del acuerdo
El Bloque Constitucional de Venezuela aspira a que se cumplan sus solicitudes en virtud de que conocen pocos detalles del acuerdo, mediante el cual Venezuela entrega parte de sus reservas estratégicas de crudo.
Exponen que de acuerdo con funcionarios de la Administración Trump y funcionarios de hecho de Venezuela, anunciaron la suscripción de un acuerdo petrolero, del que solo se conocen algunos aspectos divulgados por Donald Trump (presidente), Marco Rubio (secretario de Estado) y Chris Wright (secretario de Energía), y de hojas informativas publicadas por la prensa de Estados Unidos.
Lo que se sabe del acuerdo petrolero:
- Se trata de un acuerdo que beneficiaría a la empresa NABEP con una concesión de 100 años, en 17 campos petroleros, que involucrarían 65 millones de barriles de petróleo;
- NABEP debe traspasar sin costo a la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos de América el 35% de las acciones.
- En la Junta Directiva de NABEP debe haber mayoría de ciudadanos norteamericanos.
- Los Estados Unidos de América tienen derecho a comprar el 20% de la producción petrolera de NABEP al costo.
- Los Estados Unidos de América tendrán derecho preferente para comprar el 80% restante de la producción petrolera de NABEP.
- Se ignora el beneficio real para Venezuela por concepto de regalías e impuestos.
El Bloque Constitucional de Venezuela sostiene que “la práctica de someter los contratos petroleros, de evidente interés público, a una reserva informativa prevista en la inconstitucional Ley Antibloqueo es ilegítima, inmoral y criminógena”.
Recuerda que, en Venezuela, desde 1976, quedó eliminada la figura de la concesión petrolera y, en la actualidad, solo existen contratos para el desarrollo de actividades primarias y contratos de participación productiva, que pueden tener una duración máxima de 25 años.
Les queda claro que el acuerdo petrolero es un contrato de “evidente interés público”, por lo tanto, debió ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional; sin embargo, la Asamblea Nacional solo produjo un acuerdo político de respaldo a dicha negociación, sin que los diputados hayan conocido los términos de la misma.
“Más aún, dicho acuerdo debe ser sometido a consulta ciudadana por tratarse de un asunto de trascendencia nacional”, advierten.
Y alertan que, ante el desconocimiento de las implicaciones tributarias y términos, “y especialmente las liberaridades contenidas en dicho Acuerdo petrolero lesionan ostensiblemente el interés de la República”.
FUENTE: Con información del Bloque Constitucional de Venezuela