RÍO DE JANEIRO.- El Gobierno brasileño volvió a autorizar la residencia temporal para los venezolanos que están huyendo de la crisis económica de su país, después de haber anulado sorpresivamente esa decisión la semana pasada poco después de la entrada en vigor de la norma.

La resolución del Consejo Nacional de Inmigración (CNI) fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Unión, aunque sin dar explicaciones respecto a las idas y venidas sobre la medida, aprobada inicialmente el 22 de febrero.

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Consultados por la AFP, ni la Presidencia, ni la cancillería ni el ministerio de Trabajo de Brasil -de quien depende el CNI- dieron explicaciones al respecto.

La cancelación el 24 de febrero de ese beneficio migratorio -que concede una residencia de hasta dos años a ciudadanos de países fronterizos que entren por vía terrestre a Brasil y no estén dentro de los acuerdos de residencia del Mercosur- levantó gran polémica.

Varias ONG denunciaron que era un beneficio muy importante para los miles de venezolanos que llegan al gigante sudamericano a través del estado de Roraima (norte) buscando una mejor vida, y la propia fiscalía general manifestó su "sorpresa" y solicitó "las aclaraciones públicas necesarias".

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Se estima que miles de venezolanos ya cruzaron la frontera con Brasil en busca de trabajo, atención médica y productos que no encuentran en su país.
Se estima que miles de venezolanos ya cruzaron la frontera con Brasil en busca de trabajo, atención médica y productos que no encuentran en su país.

Tras la retractación, los venezolanos que pretendían regularizar su estancia en el país volvían a tener casi como única opción la solicitud del estatus de refugiado, un trámite de resultado incierto que aumentó exponencialmente hasta saturar la capacidad de atención de las autoridades locales.

Los pedidos pasaron de apenas uno en 2010 a 1.805 en 2016, según datos del Ministerio de Justicia recolectados en el estado de Roraima.

De nuevo vigente, la resolución permite regularizar el estatus migratorio de ciudadanos de Venezuela, Guyana y Surinam con documentación e información básica que comprueba, entre otras cosas, que no tengan antecedentes penales.

La resolución estará vigente un año prorrogable.

Si bien se carece de cifras exactas, se estima que miles de venezolanos ya cruzaron la frontera en busca de trabajo, atención médica y de productos que no encuentran en su país que, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, padece la inflación más alta del mundo y serios problemas de desabastecimiento.

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