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LONDRES.- Pese a que según la Constitución de 1999 su labor es “impartir justicia” y garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha dedicado en los últimos años a ayudar al Gobierno a desmantelar la democracia en Venezuela, provocando así la crisis política que el país vivió en 2017 a raíz de los fallos que en los que el máximo juzgado prácticamente desmanteló a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015.

La denuncia figura en el informe “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y estabilidad democrática en Venezuela” que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó hoy y en el cual aseveró que la alianza entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro, el TSJ y los demás poderes públicos tiene “consecuencias concretas” en los ciudadanos de a pie, “quienes enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública de la nación”.

“La falta de independencia de las instituciones llamadas a velar para que ello sea posible, ha conducido a que el poder público que les fue concedido sirva a fines ajenos a la tarea encomendada”, afirmó la instancia, para quien esta situación queda patente con la destitución de alcaldes opositores, la inhabilitación de la que han sido objeto dirigentes antichavistas como el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski; o la criminalización de la protesta.

En el informe, el tercero que la CIDH elabora sobre el país desde 2002, se fustiga duramente la actuación del Poder Judicial, por considerar que su “falta de independencia” es “un elemento que incide de manera determinante tanto en la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial, como en la de este último en el Legislativo”. Situación ésta que, según el organismo, se produce debido a la inadecuada elección de los magistrados y a la alta provisionalidad de los jueces.

66% de los jueces de instancia y superiores están en condición de provisorios, temporales o accidentales, lo cual implica que en cualquier momento pueden ser removidos por el TSJ sin ningún procedimiento previo, tal y como lo reconoció el máximo juzgado a la CIDH en 2013.

Pero no solo cuestionó al Poder Judicial por irle arrebatando facultades a la AN, sino por avalar los siete decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica que ha dictado el presidente Maduro y los cuales le han permitido disponer de recursos sin control, al tiempo que anular potestades que la Carta Magna le confiere a los legisladores como la de destituir a ministros.

Sin libertad no hay pan

La Comisión, en su reporte, achacó la agudización de la crisis económica que vive el país al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho que se viene produciendo desde que la oposición ganó el Parlamento en diciembre de 2015.

“Se produjo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica”, enumeró el organismo, el cual tachó de “inaceptables” los problemas que los venezolanos tienen para satisfacer sus necesidades elementales y cuestionó algunas de las medidas que el Gobierno ha tomado para solventarlas, en particular las bolsas de alimentos a precios regulados que vende a través de los consejos locales de abastecimiento y producción (CLAP), por considerar que las mismas no llegan a toda la población y son discriminatorias.

Asimismo criticó que las autoridades respondan al creciente malestar social que el aumento de la pobreza viene produciendo con represión y por ello recordó que los “Derechos Humanos constituyen un todo indisoluble”. En otras palabras los Estados están obligados a garantizar tanto el derecho a la alimentación, educación o salud o como a la vida, protesta y libertad de expresión.

“Una vida libre de temor y necesidad comporta inevitablemente garantizar los derechos civiles y políticos puesto que a través de la participación popular, quienes son objeto de la negación de sus derechos económicos y sociales, pueden participar en las decisiones que se relacionan con la asignación de los recursos nacionales y el establecimiento de programas sociales, educativos y de salud”, agregó la CIDH, al tiempo que condenó los excesos ocurridos durante las protestas de 2017, donde 124 personas fallecieron, de las cuales 46 fueron por acción de policías y militares y 27 por presuntos miembros de grupos civiles armados afectos al chavismo (colectivos), acuerdo con las cifras que el Ministerio Público dirigido por la removida fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le suministró.

Baterias de medidas

Tras anunciar que por décimo quinta ocasión incluirá a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocida como la “lista negra” de los Derechos Humanos, el organismo formuló a las autoridades 76 recomendaciones para que el país pueda “constituirse en un Estado donde sus habitantes puedan vivir en la más amplia libertad y democracia plena”.

Entre los planteamientos figuran reestablecerle a la AN sus potestades, levantar la inhabilitaciones a los políticos, tomar medidas para devolverle al TSJ y a otros organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) su independencia; desmilitarizar los cuerpos de seguridad, castigar los abusos y violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante las protestas y tomar las medidas para combatir el retroceso en derechos como la alimentación, salud, educación o vivienda.

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