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La recesión económica, la conflictividad política e institucional y la emergencia humanitaria aumentan las disparidades socioeconómicas entre los venezolanos, por lo que cada vez más ciudadanos, para poder subsistir, dependan de las políticas populistas del régimen de Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, aumenta la precariedad en los servicios públicos, la deserción escolar y la pobreza.

Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) correspondiente al año 2018, casi la mitad de los hogares en el país padecen pobreza multidimensional [se refiee a múltiples carencias].

Los resultados sugieren que la pobreza alcanzó a 48% de los hogares, dos puntos porcentuales adicionales a la medición correspondiente al año 2017. El índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una clasificación que no solo se enfoca en el concepto clásico del ingreso monetario, sino que incluye otros elementos partiendo de la premisa que la pobreza implica enfrentar simultáneamente múltiples carencias.

Al hablar de pobreza multidimensional se analiza cómo los ciudadanos quedan rezagados en lo referente al ingreso, las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, educación, empleo y protección social.

Según los resultados del estudio realizado por las universidades Católica Andrés Bello (UCAB), Central de Venezuela y Simón Bolívar (USB) en 29% de los hogares de Venezuela falla el servicio de agua todos los días y en 38% la interrupción del servicio ocurre varias veces a la semana. En el caso de la electricidad los resultados de Encovi indican que el servicio eléctrico falla diariamente en 25% de los hogares, mientras en 27% de los casos se reportan varias interrupciones del servicio a la semana.

Por otra parte, el ciclo hiperinflacionario ha provocado que aumente significativamente la dependencia de los ciudadanos a los distintos planes sociales ejecutados por el gobierno venezolano.

Hace cuatro años apenas 8% de los hogares en Venezuela dependían de los aportes sociales del gobierno para subsistir. Según la medición ejecutada para la Encovi 2018 hasta 63% de los hogares son beneficiados con alguna misión social.

Al discriminar los principales programas sociales del gobierno venezolano los resultados sugieren que 16,3 millones de personas reciben las llamadas cajas y bolsas CLAP (programa de alimentos subsidiados), mientras 1,8 millones de personas son beneficiarios de los planes Barrio Adentro (programas de salud primaria subsidiados) y hasta dos millones de ciudadanos son beneficiados con el resto de planes que incluyen ayudas económicas, sociales o becas. Todos estos programas sociales son utilizados posteriormente por el gobierno de Maduro para exigir lealtad política y electoral a los beneficiarios, so pena de ser excluidos de la lista de asistencia oficial.

Los resultados de la Encovi se presentaron durante la última semana del mes de noviembre de 2018. Solo en 2017 la inflación anual fue de 2.735% según las estimaciones de la firma Ecoanalítica. Para 2018 el Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación acumulada será de, al menos, 1.000.000%.

Aunque se concluye que en 63% de los hogares se recibe algún beneficio de las misiones sociales, en el caso de las cajas y bolsas CLAP la cifra aumenta significativamente.

Las conclusiones preliminares de la Encovi (los resultados definitivos y ampliados se entregarán a principios de 2019) indican que en 89% de los hogares en Venezuela se reciben con alguna periodicidad la caja o bolsa CLAP, mientras al menos uno de sus integrantes inscritos en el sistema Patria o con acceso al Carnet de la Patria.

Para este grupo de beneficiarios de los alimentos subsidiados se concluye que en 41% de los hogares se reciben bolsas y cajas de comida al menos, una vez al mes, mientras en 15% el aporte es recibido cada dos meses. Por otra parte en el 43% de los casos no existe una periodicidad clara en la recepción de los alimentos subsidiados, que pueden llegar cada semana o después de varios meses.

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Pérdida educativa

Desde 2014 los estudios Encovi vienen revelando la acumulación de la pérdida de la cobertura educativa. En el año 2014 el 78% de los estudiantes entre 3 y 24 años asistían regularmente a clases. En 2018, este grupo se redujo a 70%. Si se analiza por género se detecta un descenso mayor de la cobertura educativa entre las mujeres. En 2014 el 76% asistía regularmente a clases, cuatro años después este grupo se reduce a 71%.

Por grupos etarios quienes menos asisten a una institución educativa se encuentran entre los 18 y 24 años; entre ellos, apenas 35% permanecen en el sistema educativo.

La falta de comida en los hogares y las fallas en los servicios públicos son los factores que más están influyendo en la regularidad de la asistencia escolar.

Por otra parte se detecta una migración significativa de estudiantes desde la educación privada a la pública. En el año 2016, el 39% de los estudiantes entre 18 y 24 años cursaban estudios en la educación privada. Dos años después este grupo se redujo hasta 23%. Descensos similares se observan en el resto de los grupos etarios. Para 2018 solo 20% de los alumnos entre 2 y 5 años están en el sistema privado, al igual que 25% de los estudiantes entre 6 y 11 años y 30% de los alumnos entre 12 y 17 años.

Evolución de la actividad

Aumenta la inactividad

La población potencialmente activa que contribuye a la producción de bienes y servicios cada vez es menor. Aunque el Encovi había registrado el crecimiento de este indicador entre 2014 y 2017, en el último año se registró una disminución significativa. Apenas 57% de la población potencialmente activa contribuye a la generación de bienes y servicios.

Esta disminución puede atribuirse presumiblemente al paso nuevamente a actividades dentro del sector informal o incluso a la inactividad.

Por otra parte, el nivel más elevado de desempleo (23%) se registra en el segmento entre 15 y 24 años, cuya tasa es más del doble de la media de toda la población.

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