La organización no gubernamental venezolana Control Ciudadano expresó este sábado su más enérgica condena por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció por presuntas torturas del régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado difundido hoy, la asociación civil que lucha por los derechos de la ciudadanía en la nación caribeña refirió que la muerte del capitán Acosta Arévalo es el resultado “de las torturas mortales de la que fue objeto, durante una semana desde su detención por agentes del Estado, el pasado 21 de junio”.
El militar fue presentado el viernes ante un tribunal militar “en condiciones tan graves de afectación a su integridad, que el Juez ordenó su inmediato traslado al centro hospitalario más cercano, a escasos metros de la propia Corte Marcial, en Fuerte Tiuna, con carácter de urgencia”.
La organización, que vela por el cumplimiento de las políticas públicas que conciernen a la seguridad, la defensa y la fuerza armada nacional, dijo que Acosta Arévalo “muere siendo inocente, pues nunca desde su detención, fue formalmente imputado por el Estado venezolano”, a quien acusa de violar “las garantías constitucionales más elementales del debido proceso”.
Durante la reciente visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Control Ciudadano le refirió cómo los militares violan los derechos humanos en Venezuela, incluso en contra de efectivos de la Fuerza Armada Nacional.
“Los dos principales órganos de inteligencia en el país, la DGCIM y el SEBIN operan como centros de reclusión, es decir, no solo vigilan, sino detienen a las personas y las mantienen en cautiverio sin control judicial alguno, para ir formando expedientes penales en su contra a conveniencia, que generalmente incluso, se exhiben en la televisión estatal”, dice el texto del comunicado difundido este sábado.
Igualmente añade que Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, considera que: “las acusaciones realizadas por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello Rondón, a través del sistema nacional de medios públicos en contra del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, exponiendo presuntas pruebas que lo incriminaban en delitos, sin el debido control judicial y sin haberlo presentado jamás ante un tribunal, son actos que configuran terrorismo de estado, los cuales han desembocado en el asesinato de este efectivo militar”.
La ONG “exige al Estado venezolano una inmediata investigación que permita juzgar a los culpables, degradarlos y expulsarlos de la Fuerza Armada Nacional por graves violaciones a los derechos humanos. Esto incluye a los mandos superiores que autorizaron la detención prolongada del C/C Rafael Acosta Arévalo sin control judicial, permitieron la tortura prolongada en su contra, y permitieron su asesinato, mientras se divulgaban presuntos hechos incriminatorios en su contra, por el sistema nacional de medios públicos, sin ser imputado por un tribunal de control de los hechos que le atribuyeron pública y comunicacionalmente, altos funcionarios del Estado”.
FUENTE: Comunicado de Control Ciudadano
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