SAN JOSÉ.-JOSUÉ BRAVO
Especial
Mientras las amenazas cruzadas entre “bandos” ocurren, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala frenó el proceso judicial de antejuicio que se sigue contra el mandatario Otto Pérez Molina, al otorgar un amparo provisional a su favor.
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La Corte, en voto dividido de 3-2, otorgó el amparo provisional solicitado por la abogada Karen Fisher, lo cual detiene la labor de una comisión legislativa que debate retirarle o no la inmunidad al mandatario.
“Se otorga amparo provisional solicitado, en el sentido de dejar en suspenso temporal, mientras se tramita y resuelve en definitiva el presente amparo, la resolución del 10 de junio de 2015 —por medio de la cual la CSJ dio trámite al antejuicio contra el gobernante—”, dictó la Corte de Constitucionalidad.
Casos de corrupción
La Corte Suprema había dado curso al antejuicio contra Pérez Molina por participación en casos de corrupción y pidió al Congreso evaluar retirarle la inmunidad.
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Uno de los casos es el llamado La Línea, en el que ahora exfuncionarios de su Gobierno están señalados de defraudación aduanera, cobrando sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos por importaciones. Este caso provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el pasado 8 de mayo.
Fraude contra el Seguro Social
Doce días después de esta renuncia explotó el otro escándalo, al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el titular del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al presidente; acusados de un fraude de 15 millones de dólares contra la seguridad social.
Roberto Molina, uno de los magistrados constitucionales que votó a favor de para el antejuicio, cuestiona que la Corte Suprema no analizó la denuncia que motivó darle curso al antejuicio, “y no establece de ninguna manera la vinculación que podría existir entre los actos por los cuales terceras personas están siendo juzgadas por defraudación aduanera y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el presidente”.
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“Lo único que cita es el hecho de que él nombró a algunos de ellos, lo cual es por mandato legal. Esta situación provoca y pone en peligro la institucionalidad del país”, justificó Molina.
El diputado opositor Amílcar Pop, quien puso la denuncia para el antejuicio, consideró como un retroceso contra la impunidad. Una bofetada contra el pueblo, según él, que podría traer consecuencias gravísimas a su país por decisiones como la de la CC.
Amenazas de muerte
Pop presentó la denuncia contra Pérez Molina el pasado 20 de mayo y luego denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por promover el antejuicio, sin embargo aseguró, que "no desistirá" en su intento de quitarle la inmunidad al funcionario.
“Me llegó información de que habrían decisiones para matarme, de grupos y fuerzas dentro y paralelas al gobierno que verían afectados sus intereses. Luego una llamada telefónica en la que se me conminó a desistir de las acciones contra el presidente”, denunció.
Los cinco legisladores que investiga al mandatario también denunciaron amenazas para votar a favor del antejuicio porque Pérez Molina tiene que dejar del poder, según Baudilio Hichos, presidente de esta comisión.
Ninguna denuncia llegó a la fiscalía y solo buscaron respaldo de la Produraduría de Derechos Humanos. Después de las supuestas amenazas, Hichos renunció a la comisión legislativa al tiempo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), lo acusaran de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Guatemala ha salido a protestar masivamente a las calles
"Lo único que he recibido son amenazas de muerte para dejar la Comisión", dijo. El escándalo que involucra a Hichos es un aparente fraude en el alquiler de un edificio al Seguro Social que condujo a la captura de cinco personas
La CIGIG y el MP pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) levantar la inmunidad al diputado Hichos.
Protestas masivas en las calles
Guatemala vive uno de los mayores escándalos de corrupción de sus últimos años, con el aditivo de que la gente ha despertado del letargo en la que estaba debido a la impunidad y ha salido a protestar masivamente a las calles.
En las calles insisten en la renuncia del mandatario para someterse a los tribunales, que a su vez permita reformar un sistema gubernamental “perverso” que sirvió a solo a mafiosos y perversos, según el director del organismo de transparencia Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.
La crisis del país que promete un refundación institucional, se extenderá durante meses hasta que el sistema electoral acepte a candidatos transparentes para las elecciones generales de septiembre, se cambien reglas del juego como la reelección indefinida de diputados, alcaldes, y modificar la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para combatir la impunidad, según Marroquín.
