La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó este martes la detención preventiva del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) por haber interceptado de manera ilegal las comunicaciones de políticos opositores, empresarios y periodistas panameños.
Los magistrados del máximo órgano de Justicia emitieron el fallo la noche del lunes, tras seis horas de reunión, en las cuales evaluaron los argumentos de acusadores y defensores y decidieron sobre las solicitudes de detención provisional en contra del ex presidente, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El fallo se produjo bajo fuerte vigilancia policial, ante la presencia de manifestantes de diversas tendencias políticas.
En la audiencia por espionaje telefónico comparecieron como víctimas el abogado Miguel Antonio Bernal, y los dirigentes políticos del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y Mitchell Doens, quienes exigieron la detención de Martinelli y elogiaron el fallo judicial.
Doens pidió que el juez de garantías Jerónimo Mejía emita la orden de detención contra el ex mandatario, quien el 11 de diciembre fue declarado "en rebeldía", mientras que Bernal exigió que a Martinelli le sea anulado el pasaporte, para que sea extraditado a Panamá, por la violación de los derechos humanos
A su vez, el jurista Carlos Herrera Morán, representante del médico Mauro Zúñiga, afectado por los "pinchazos telefónicos", solicitó al juez de la causa que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) localice y detenga al ex mandatario. Asimismo, pidió que le sea retirado el pasaporte.
Martinelli se encuentra desde hace varios meses en Miami y denunció que es objeto de una supuesta persecución política urdida por presidente panameño Juan Carlos Varela.
Debido a ello, el abogado querellante Ángel Álvarez, instó al pleno de la CSJ para que proceda la cancelación del pasaporte del ex presidente y sea aplicado el tratado de extradición con Estados Unidos, para someterlo al sistema penal acusatorio en ese país.
Sin embargo, Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, adujo que hay una falla en el mecanismo de notificación a su cliente. Afirmó que ese hecho improcedente es un elemento violatorio que permite interponer una demanda en la Corte Interamericana de Justicia.
El jurista Sidney Sitton, abogado de Martinelli, manifestó que en el proceso "se han conculcado garantías fundamentales y derechos humanos, que nunca se debieron de haber violentado", debido a que "se hicieron acusaciones sin haberle explicado de qué se le acusa".
Recalcó que ese procedimiento judicial viola la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha dictado ese alto tribunal, y advirtió que serán presentados todos los recursos legales a favor de los derechos de su defendido.
En ese sentido, el abogado defensor Rogelio Cruz sostuvo que hubo una "violación al debido proceso" contra Martinelli, y ello ha sido informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un paso previo antes de elevar el caso a la Corte Interamericana.
Martinelli enfrenta diversas denuncias por presuntos delitos que incluyen peculado, corrupción de servidores públicos, extralimitación de funciones, persecución de indígenas y atentados contra la Salud.
