“En aras de la gobernabilidad y la transparencia y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata renuncia al cargo de Presidente de la República”, dijo el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) Jorge Briz.
La red de corrupción
Es la primera vez que CACIF exige públicamente la renuncia del mandatario, desde que el 16 de abril el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparon la red de corrupción denominada La Línea, mediante el cual funcionarios públicos exigían sobornos a los empresarios a cambio de la evasión de impuestos.
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Después de meses de investigación y el análisis de casi 90.000 escuchas telefónicas, el Ministerio Público y la CICIG señalaron al mandatario y a Roxana Baldetti como los líderes de una masiva estructura de sobornos aduaneros conocida como La Línea.
Máximo tribunal decidirá si retira la inmunidad al mandatario
Las autoridades judiciales han solicitado a la Corte Suprema un antejuicio contra el mandatario. Si la medida es avalada por el máximo tribunal, el atomizado Congreso donde ningún grupo político tiene mayoría, debe decidir después con el apoyo de dos tercios de los legisladores si retira la inmunidad del mandatario para que sea investigado.
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El mandatario, por medio del vocero de la Presidencia, Jorge Ortega, dijo que no ha renunciado ni renunciará, aunque sí adelantó que dará la cara enfrentando a la justicia.
Briz recordó que cuando estallaron los escándalos en abril le demandaron a Pérez Molina “tomar medidas concretas para investigar los hechos de corrupción, señalar a todos los responsables y asegurar la efectiva restitución de los recursos públicos”.
“Ninguna medida fue tomada por él”, aseguró el empresario, quien hizo un llamado a las urnas a todos los guatemaltecos en las elecciones generales del 6 de septiembre, a pesar de la convulsión política por los últimos acontecimientos.
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“La coyuntura que hoy vive el país, nos obliga a los guatemaltecos a actuar con civismo acudiendo a las urnas el 6 de septiembre, emitiendo con responsabilidad su sufragio”, estimó. “Pedir la renuncia al presidente es un precedente claro y contundente para todos los políticos que, en el marco de las elecciones generales, aspiran a ejercer cargos públicos”, puntualizó.
Prisión para la exvicepresidenta
Mientras tanto, la exvicepresidenta Baldetti, apresada el viernes 21 de agosto, fue trasladada desde un centro médico al Cuartel General de Matamoros en Ciudad de Guatemala, luego de controlar problemas cardíacos y una infección intestinal.
El juez Migue Ángel Gálvez, dio la orden del traslado de Baldetti a la cárcel militar de la base Matamoros, donde permanecerá el fin de semana, para ser presentada ante la justicia el próximo lunes a las 10 de la mañana para su audiencia de primera declaración.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que considera importante "que ahora parece que la exvicepresidenta va a enfrentar la justicia. Es importante que ahora que ella es una ciudadana común, como todos los demás, la justicia debe aplicarse a ella como a los demás".
"Este año, podemos ver una actitud diferente entre las instituciones, quizá lo más importante es que la sociedad guatemalteca, como un equipo, está tratando de cambiar la dinámica, tratando de luchar contra los intereses que querían mantener el sistema corrupto", destacó el embajador a una emisora local.
La mayoría de sectores aplaude la captura de la exvicepresidenta, excepto un pequeño grupo que se enfrentaron a quienes celebraban la reclusión de Baldetti.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) exhortó de nuevo a las organizaciones sociales a mantener la movilización para insistir en una reforma del Estado y democratización de Guatemala, horas después de la acusación judicial al presidente Otto Pérez Molina y la captura de su ex vicepresidenta, quienes serían los líderes de una banda de defraudación aduanera.
Marcha de estudiantes pidiendo la renuncia del mandatario guatemalteco. (EFE)
"La movilización social es el pivote fundamental para la reforma del Estado y la democratización del país. De manera particular apoyamos los esfuerzos de la Asamblea Social y Popular por instaurar un régimen de legalidad en el país", señaló la Congcoop en un comunicado.
Movilizaciones en rechazo a las elecciones
Dirigentes de otras 72 organizaciones civiles de Guatemala, anunciaron el fin de semana tres días de movilizaciones para la próxima semana en rechazo a las “ilegítimas, ilegales y fraudulentas” elecciones generales del próximo 6 de septiembre.
Ciudadanos piden la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina frente al Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala. (EFE)
Esos comicios se realizarán en medio de una crisis política en la que los partidos, Gobierno y tribunales “han optado por la impunidad y la corrupción”, de allí su ilegitimidad, argumentó en rueda de prensa la llamada Asamblea Social y Popular (ASP).
“Votar nulo o en blanco no cambiará quién saldrá electo, pero nuestros votos no deben servir para legitimar la corrupción y la impunidad”, según Daniel Pascual, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC).
Las movilizaciones anunciadas se en la capital y en las cabeceras departamentales de todo el país a partir del 25 agosto.
Desde que ocurrieron las primeras movilizaciones ciudadanas en Guatemala, este país se ha convertido en vitrina de nuevas formas de expresión ciudadana para los países del Istmo. El efecto Guatemala ha evidenciado el repudio generalizado a la corrupción.
Corrupción en Centroamérica
En Honduras las protestas sociales tambalearon al Gobierno de Juan Orlando Hernández y en Nicaragua, grupos de la sociedad civil y partidos de oposición marcha cada miércoles frente al Consejo Supremo Electoral en la capital y otros departamentos, demandando elecciones libres el próximo año.
En Centroamérica dos expresidentes son acusados de corrupción. El expresidente Francisco Flores, de El Salvador, es procesado por supuesta malversación en fondos donados por Taiwán. El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli también es procesado por corrupción en la función pública.
