En septiembre la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela ordenó el cierre de 16 emisoras de radio.
PixabayCARACAS, VENEZUELA.- El pasado mes de septiembre se registró un pico en cuanto a violaciones al derecho de libertad de expresión en Venezuela, con 27 casos en los que se produjeron 68 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales más de la mitad fueron hechos de censura, según informó la ONG venezolana Espacio Público.
La ONG dijo, en una nota de prensa, que los medios de comunicación social abarcaron 21 de los 27 casos, siendo las principales víctimas de las transgresiones a la libertad de expresión. En segundo lugar, estuvo la ciudadanía en general, que fue víctima en al menos 11 casos, así como seis periodistas.
Del lado de los victimarios, las instituciones del Estado lo fueron en 16 de los casos, seguidas de los cuerpos de seguridad del Estado, que lo fueron en cuatro casos. Para Espacio Público, estos datos demuestran que se mantienen los patrones de censura, hostigamiento y opacidad como una política propiciada desde las altas esferas del poder de Venezuela.
Espacio Público documentó que en septiembre la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de 16 emisoras de radio. Once de esos cierres (69%) ocurrieron en el estado Zulia (occidente) y las otras cinco emisoras que quedaron fuera del aire fueron del estado Sucre (oriente).
La ONG indicó que la opacidad gubernamental impide conocer de manera formal cómo opera Conatel, que no ofrece información pública ni actualizada sobre el estatus de las concesiones radiales.
De acuerdo con declaraciones de diversos medios, la empresa no responde los trámites en los plazos establecidos y pone en práctica otras trabas para demorar las renovaciones de concesiones u otros permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Estas acciones constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de expresión.
El reporte de Espacio Público también destacó que sigue la criminalización de la protesta pacífica y la intimidación con el objetivo de que no se informe sobre los actos de disidencia. El 14 de septiembre, los periodistas Pilar Guerra, de VPITV, y Alexander Olvera, de Notitarde, fueron fotografiados por un sujeto desconocido mientras cubrían una protesta de transportistas en San Carlos, estado Cojedes.
Asimismo, durante la reapertura de las fronteras entre Venezuela y Colombia, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que dos periodistas grabaran e hicieran cobertura en el lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, donde sí hubo completo acceso de los medios de ese país a lo que ocurría.
La intimidación estatal también se traslada hacia quienes denuncian los atropellos y las faltas de libertades en el país. El 20 de septiembre funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) intentaron ingresar a la sede de la ONG Provea para intimidar a familiares de trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente en julio, quienes iban a ofrecer una rueda de prensa en el lugar.
Los seis detenidos fueron pasados a juicio el 26 de septiembre y acusados de planificar un asalto a un cuartel en el estado andino de Mérida, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y participar en actos de sabotaje contra Nicolás Maduro el 5 de julio. La defensa de los trabajadores y activistas detenidos arbitrariamente asegura que el proceso ha estado lleno de irregularidades como allanamientos sin orden judicial.
Igualmente, el 29 de septiembre, una persona no identificada agredió a los camarógrafos del canal de televisión privada Venevisión mientras cubrían una protesta de jubilados de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Un periodista que fue testigo del hecho asegura que el agresor no estaba identificado y vestía de civil, y que ninguno de los efectivos de seguridad presentes en la protesta impidió la agresión.
FUENTE: Nota de Prensa/Espacio Público
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