Prisoners Defenders, que defendió 81 de los 93 casos ante la ONU, subraya que la represión en la isla tiene un carácter sistemático y colectivo
El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
AFPEl régimen cubano recibió una "histórica condena" por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) de Naciones Unidas, según reveló la organización Prisoners Defenders en su Informe Mensual de Noviembre de 2025. El dictamen establece que 49 presos políticos, víctimas de las protestas del 11 de julio (11J) de 2021, fueron detenidos de manera arbitraria y sufrieron "múltiples crímenes de lesa humanidad".
En sus resoluciones (Op. 46/2025 y Op. 57/2025), el WGAD dictaminó que los 49 individuos fueron privados de libertad por motivos puramente políticos e ideológicos, violando múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluyendo los derechos de expresión, reunión pacífica y debido proceso.
El organismo de la ONU exige a Cuba la liberación inmediata de los detenidos, su exoneración penal y la indemnización por los graves daños y perjuicios sufridos, que incluyen desaparición forzada, aislamiento y torturas.
Con estas nuevas resoluciones, Cuba se posiciona como el país del mundo con el mayor número de condenas por detención arbitraria emitidas por el WGAD desde 2019, sumando un total de 93 casos. El documento destaca que la cifra supera a la de cualquier otra nación, incluyendo países habitualmente señalados por violaciones de derechos humanos.
Prisoners Defenders, que defendió 81 de los 93 casos ante la ONU, subraya que la represión en la isla tiene un carácter sistemático y colectivo. Cuba es el único país condenado en tres "Opiniones" de tipo masivo (más de 10 víctimas), lo que, según la organización, demuestra que el encarcelamiento se utiliza como un "mecanismo de control social por medio del terrorismo de estado".
El informe enfatiza que la detención arbitraria es un modelo de gobernanza en Cuba, que recurre incluso a la desaparición forzada. De hecho, el país se sitúa como el cuarto en el mundo en acciones urgentes por desaparición forzada ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
Gran parte de los detenidos incluidos en la Opinión 46/2025 son miembros de la comunidad religiosa yoruba o activistas, lo que sugiere una persecución por sus creencias y posturas políticas.
Aunque algunos de los condenados han sido excarcelados (como Mitzael Díaz Paseiro, Arianna López Roque y Lisdani Rodríguez Isaac) bajo figuras de "licencia extrapenal" o "libertad condicional", Prisoners Defenders denuncia que estas liberaciones son "meramente formales". Los excarcelados permanecen bajo una vigilancia estricta de la Seguridad del Estado, con severas restricciones a su libertad de expresión, prohibición de contacto con organizaciones de derechos humanos y, en algunos casos, forzados a realizar trabajos supervisados.
El informe llama la atención sobre casos críticos, como el de Loreto Hernández García (sacerdote Ifá), quien sigue recluido a pesar de padecer múltiples enfermedades crónicas y enfrentar amenazas de muerte. Asimismo, destaca el reingreso a prisión de Donaida Pérez Paseiro en junio de 2025, un acto que la organización interpreta como el uso del sistema judicial para perpetuar la represión.
FUENTE: Redacción
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