MIAMI.- Un estudio realizado por la firma analítica internacional Earth.Org plantea problemas ambientales en América del Sur, como la deforestación, pero obvia graves situaciones como la explotación minera en Bolivia y Venezuela.
MIAMI.- Un estudio realizado por la firma analítica internacional Earth.Org plantea problemas ambientales en América del Sur, como la deforestación, pero obvia graves situaciones como la explotación minera en Bolivia y Venezuela.
El informe de la organización ambientalista, con sede en Hong Kong, que aboga por “políticas económicas sostenibles y gobernanza” para proteger el planeta Tierra, califica de “pérdida desenfrenada de bosques” en la Amazonia brasileña, así como la deforestación que sucede en Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, donde, acorde con el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, del 27 al 43% de los terrenos denotan grandes pérdidas de árboles.
Sin embargo, no denuncia quienes son los causantes de la deforestación ni menciona a gobiernos cómplices de la situación.
En Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández prometió combatir la deforestación de la amplia llanura Gran Chaco, imágenes captadas por los satélites Landsat 8 y Sentinel-2 evidencian que, en la provincia de Formosa, una excavadora abrió senderos de 10 metros (33 pies) de ancho, a solo siete kilómetros (unas cuatro millas) del Parque Nacional El Impenetrable.
“Lo que hacen es claramente ilegal”, declaró al medio ambientalista Mongabay Riccardo Tiddi, un físico italiano que ha vivido en el Gran Chaco argentino durante muchos años y es miembro de una plataforma ciudadana llamada Somos Monte.
Los senderos abiertos recorren un total combinado de 40 km (25 millas) en un área de aproximadamente 7.000 a 8.000 hectáreas de bosque nativo, según estimaciones aéreas.
Es probable que ese terreno sea utilizado para ganado, soja o maíz, según las observaciones y las tendencias regionales de los últimos años.
Pruebas similares denotan que la deforestación de la Amazonía en Brasil continúa, después de dos meses de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y promesas de combatir la ilegalidad.
No obstante, datos satelitales preliminares recopilados por la agencia de investigación espacial del gobierno, INPE, aseguran que la deforestación ha disminuido un 61% con respecto a enero de 2022, el peor mes de los últimos ocho años.
Explotación minera
Además de deforestación, urge denunciar la explotación minera que afecta la geografía de Bolivia y Venezuela.
En el país andino la extracción de minerales suma más de 500 años y últimamente crece debido al incremento de ganancias que produce el mercado internacional.
De esta manera, elevaciones, campos y ríos sufren por el sistemático uso de sus riquezas, que además contamina el medioambiente y no es controlado por las autoridades del país.
Asimismo, existe el abandono de ciertos yacimientos de minerales, que después de haber sido explotados dañan el medioambiente con la expulsión de gases y contaminantes que degradan la calidad del agua en ríos, lagos y mantos freático, donde se acumula el agua que habita en el subsuelo.
Cerca del parque nacional Madidi, al noroeste de La Paz, con una de las mayores variedades de biodiversidad del mundo, la explotación del oro atenta contra el equilibrio natural de la zona.
Allí la minería crece, mientras el gobierno de Luis Arce toma medidas que parecen complacer los deseos de quienes extraen el oro.
Por ejemplo, en 2014, según datos publicados por Actividad Jurisdiccional Administrativa Minera, existían 55 excavaciones mineras y ocho años después, en 2022, la cifra superaba las 100.
En Venezuela, la fiebre del oro corre por las planicies del sur de la nación sudamericana, a medida que se vierten miles de litros de sustancias tóxicas en los ríos, que amenazan el ecosistema y la salud de poblaciones cercanas, sobre todo indígenas.
La explotación de la rica franja de minerales de Venezuela, el denominado Arco Minero del Orinoco, es la maniobra que el Gobierno de Nicolás Maduro para evitar el colapso definitivo de la economía.
El auge de la minería dentro del Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio de la humanidad la UNESCO, ha desatado luchas territoriales entre mineros ilegales e indígenas por hacerse del control de zonas ricas en oro.
De hecho, el documental El Arco Minero del Orinoco, un desastre planetario está en desarrollo, del realizador Miguel Yabrudes, explica como el proyecto impulsado por el régimen de Maduro pudiera afectar “112.000 Km2 del territorio venezolano y de manera indirecta a Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe y varios países de la región, incluyendo la Amazonía en su totalidad”.
Urge mencionar estos datos en informes ambientalistas, que están destinados a llamar la atención de gobiernos y organizaciones internacionales sobre el maltrato a la naturaleza sin distinción de orientaciones ideológicas.