CARACAS.- El director de la ONG venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó este miércoles que fue diferida nuevamente la audiencia preliminar de los activistas de la ONG Fundaredes, crítica con el régimen de Nicolás Maduro, y denunció que ello viola el debido proceso y el derecho a la defensa de esos ciudadanos.

Romero indicó en Twitter que el diferimiento de la audiencia preliminar de los miembros de Fundaredes es el tercero desde que Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron detenidos "arbitrariamente" el 2 de julio pasado. Agregó que además no se ha permitido la designación de los abogados.

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"Diferida nuevamente la audiencia preliminar de activistas de @fundaredes_ detenidos arbitrariamente desde el 2 julio 2021. Ya es la 3ra vez que se difiere la audiencia. No han permitido hasta ahora la designación de abogados de su confianza", escribió Romero en su cuenta de Twitter.

Romero remarcó que "ya van casi 3 meses de una detención 'preventiva' arbitraria".

La diputada de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, catalogó el hecho como una “dilación injustificada”, que violenta el debido proceso y el derecho a la defensa de los ciudadanos, que "son inocentes y víctimas de un aparataje judicial al servicio del régimen, tal como lo ha evidenciado el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

En su segundo informe publicado por la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos Venezuela, detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición o ciudadanos que el régimen considere como tal.

El hijo de Javier Tarazona, Javier Alejandro Tarazona, pidió al régimen que libere a su padres y a las ONG que no lo abandonen.

"Quiero a mi papá sano y libre”, escribió el joven en Twitter.

La ONG Fundaredes ha denunciado sistemáticamente los vínculos del régimen de Maduro con las disidencias de la guerrilla colombiana de las FARC. Los tres activistas fueron detenidos cuando se encontraban en el Ministerio Público denunciando que estaban siendo amedrentados y amenazados por las autoridades en virtud de su trabajo.

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