LA PAZ — El exministro de Gobierno de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue arrestado en Estados Unidos por presuntamente recibir unos 602,000 dólares en sobornos de un grupo de empresarios en ese país que vendían gases lacrimógenos.

El miércoles más temprano, el gobierno del actual mandatario, el izquierdista Luis Arce, anunció que solicitaría la extradición del ministro, Arturo Murillo, y de su exjefe de gabinete Rodrigo Méndez.

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El departamento de Justicia de Estados Unidos señaló después en un comunicado de prensa que Murillo, Méndez y otras tres personas fueron detenidas el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por supuestamente participar en un caso de soborno y lavado de dinero. “Están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, agrega el documento.

Murillo, de 57 años, estuvo en el cargo casi un año y salió de Bolivia días antes de que culminara la gestión de Áñez el 8 de noviembre de 2020. De ser declarados culpables, podrían ser enviados a la cárcel por 20 años

El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, habló el miércoles en conferencia de prensa y se refirió a ellos como un “clan mafioso” que se conformó a casi un año de gobierno de Áñez.

“Estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores (Murillo y Méndez) vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano”, según Del Castillo. Agregó que se solicitará la extradición bajo dos conductos, uno por la denuncia en Interpol y con el envío de una nota oficial al gobierno estadounidense.

La tarde del martes, la policía boliviana arrestó a Daniel Aliss Paredes, cuñado del exministro, tras retirar dinero y objetos de valor de una caja de seguridad a nombre de Murillo. También se detuvo a Daniel Bellot, miembro de su equipo de seguridad.

La demanda federal señala que los sobornos fueron pagados para que la empresa con sede en Florida —cuyo propietario figura como Bryan Berkman— obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa. “Un contrato por aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”, se menciona.

Murillo tiene varios procesos abiertos en Bolivia, uno de ellos es la compra y venta de gases lacrimógenos y material antidisturbios.

La exautoridad, junto con su colega de Defensa, Fernando López, fueron los primeros en salir del país días antes que Áñez concluyera sus funciones.

“Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE”, escribió López en su cuenta de Twitter.

La exmandataria asumió en noviembre de 2019, dos días después de la renuncia al gobierno de Morales tras casi 14 años de gobierno por fraude electoral a su favor que causó una crisis política social.

Áñez se encuentra detenida en una cárcel desde marzo acusada por el régimen de Arce de “terrorismo, sedición y conspiración”.

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