La sede del CNA dejó de operar exclusivamente como una unidad antidrogas para convertirse en una cárcel paralela donde permanecen detenidas personas consideradas “relevantes” por el número dos del chavismo
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
Régimen de Venezuela / Archivo Europa PressCARACAS.– El Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en Las Acacias, Caracas, habría sido transformado desde febrero de 2025 en un centro de detención ilegal, tortura y represión política bajo las órdenes directas de Diosdado Cabello.
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, la sede del CNA dejó de operar exclusivamente como una unidad antidrogas para convertirse en una cárcel paralela donde permanecen detenidas personas consideradas “relevantes” por el número dos del chavismo. Entre ellas figuran el venezolano-estadounidense Andrés Ibarz; el empresario David Manuel Pita Bracho, vinculado al caso de los 104 lingotes de oro que salpicó a Delcy Rodríguez y al empresario español Víctor de Aldama; más de 30 militares activos y retirados; cinco alcaldes y decenas de empresarios y civiles.
Infobae señala que, antes de la Operación Resolución Absoluta —en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores—, a Ibarz se le obligó a grabar un video mostrando su pasaporte estadounidense y destacando su doble nacionalidad. Su familia habría mantenido contacto con el Departamento de Estado de EEUU.
El medio también documenta que el almacén de la empresa de logística vinculada a Ibarz fue allanado por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al Ministerio del Interior, bajo la dirección de Cabello. Las encomiendas habrían desaparecido tras el operativo.
Desde 2024, se intensificaron las detenciones bajo la denominada “Operación Tun Tun”, mediante la cual los detenidos son capturados encapuchados, sin orden judicial, y presentados directamente ante tribunales de terrorismo. “Diosdado Cabello es quien da las órdenes de todo lo que se hace en el CNA”, afirmó un custodio citado por Infobae.
Actualmente, según el medio, en el Comando Antidrogas de Las Acacias habría al menos 72 detenidos: 35 militares activos, cinco alcaldes, 20 empresarios —incluidos un ciudadano estadounidense y dos mexicanos— y 12 civiles.
A varios de ellos se les leyeron sus derechos el 1 de noviembre de 2025 y fueron recluidos en una celda de castigo conocida como El Tigrito, descrita como un espacio sin luz y en condiciones “infrahumanas”.
El 4 de noviembre fueron presentados de manera telemática ante el Tribunal Cuarto de Terrorismo, sin acceso a defensa privada. “Han violentado todos sus derechos constitucionales y el debido proceso”, aseguró a Infobae una fuente vinculada al caso.
La investigación identifica como presuntos responsables de actos de tortura al mayor Joel Eduardo Suárez Gutiérrez; al mayor Rodríguez Aldana, del Estado Mayor de Inteligencia (EMI); y al sargento mayor de primera Pedro Luis Montoya León, alias El Munrra.
El caso de Andrés Ibarz ha sido calificado por familiares como emblemático de “detención arbitraria, tortura y fabricación de cargos”. En el mismo expediente figuran oficiales como el coronel Eduardo Elías Mata Villarroel, el coronel retirado Tomás Gómez Machuca y el capitán retirado Rodolfo Berríos, además de empresarios y ciudadanos extranjeros.
Según Infobae, varios de los militares fueron sometidos a torturas que incluyeron descargas eléctricas en los testículos, asfixia con bolsas, golpizas, encapuchamiento prolongado y aislamiento extremo para forzar confesiones. En uno de los casos, el teniente coronel Gómez Machuca intentó suicidarse tras los maltratos, siendo trasladado de emergencia al Hospital Militar.
El reportaje también detalla el caso del teniente coronel Sinecio de Jesús Coronado Rodríguez, quien habría sido detenido sin orden judicial, trasladado entre distintas sedes del GOES y del CNA, y sometido a torturas físicas severas, incluyendo descargas eléctricas y asfixia. Según la fuente citada, Coronado llegó a vomitar sangre y presentó lesiones internas confirmadas por estudios médicos.
Para Infobae, el uso del Comando Nacional Antidrogas como centro de reclusión clandestino evidencia cómo las estructuras de seguridad del Estado venezolano fueron instrumentalizadas para la persecución política, la represión interna y la fabricación de causas penales, en un contexto de colapso institucional y graves violaciones a los derechos humanos.
FUENTE: Con información de Infobae
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