Balda, quien acusa a funcionarios estatales y al mismo Correa de un intento de secuestro perpetrado en Colombia, en el año 2012, conformó un equipo de contrainteligencia con el que, según sus palabras, ha logrado identificar a los agentes ‘secretos’ del estado, que le siguen el rastro día y noche “por órdenes superiores”.
En un video dado a conocer a DIARIO LAS AMÉRICAS, Balda muestra no solo los rostros de quienes realizan labores de inteligencia en su contra, sino también evidencias de la infiltración de agentes a sus manifestaciones políticas o reuniones de trabajo, disfrazados de activistas políticos o incluso como religiosos.
Espiando espías
Todo el entramado alrededor de Balda, de acuerdo con sus declaraciones, lo llevó a adoptar medidas conducentes a demostrar que es “objetivo” del presidente Correa, del ministro del Interior José Serrano y del secretario de Inteligencia Rommy Vallejo, entre otros altos funcionarios.
“Me vi obligado a crear ese grupo de contrainteligencia con militares y civiles de nuestro partido político después de que en dos eventos de rechazo a las políticas de Correa, a principios del 2015, pudimos sacar fotografías de los agentes que nos seguían, estableciendo que habían sido los mismos en las dos manifestaciones”, afirmó Balda.
Según Balda, uno de los casos que permite evidenciar con mayor claridad el esquema de seguimiento al que es sometido ocurrió en agosto del año pasado, durante una marcha registrada en Machachi, en la provincia de Pichincha, al que asistieron indígenas ecuatorianos.
“Cuando mi equipo se percató de la presencia de una persona que tomaba fotografías, fue abordado y los mismos indígenas afectos a nuestro grupo político procedieron a despojarlo de su billetera y del celular, descubriendo por su credencial que era un agente y en su teléfono pudimos leer los mensajes de ‘chat’ que le enviaba a un grupo de alto nivel de la Dirección General de Inteligencia, sobre cada una de nuestras actividades”, señaló.
Balda agregó que “entre los mensajes que enviaba el agente a un mayor de apellido Torres había uno en el que le pedían el número de la placa de mi camioneta, y días más tarde mi vehículo sufrió un extraño desperfecto en la dirección que nos causó un accidente en el que casi pierdo la vida junto a mi esposa y el conductor. Nos salvamos de milagro”.
El también precandidato a la Presidencia reveló que “en mayo de 2015 un supuesto sacerdote asistió a una de nuestras reuniones y al investigarlo descubrimos que se trataba realmente del teniente coronel Francisco Saavedra, miembro activo de la Policía Nacional”.
De igual forma, en otras tres ocasiones el dirigente del partido Sociedad Patriótica se vio precisado a llamar a la Policía tras observar la presencia de “personas extrañas” vigilando los alrededores de su lugar de residencia.
Conforme a lo manifestado, “cuando los uniformados llegaron a ver de qué y de quiénes se trataba, pudieron comprobar que eran agentes de Inteligencia, que dijeron estar realizando tareas en el área. A todos ellos los tenemos plenamente identificados”.
No obstante, Balda aseguró que no solo él es víctima de espionaje en su país. Otros activistas, contrarios a los postulados del presidente Correa, han sido objeto de un “voraz seguimiento” y entre ellos citó al también exasambleísta Cléver Jiménez, a la asambleísta en ejercicio Lourdes Tibán y, entre otros actores de la vida pública ecuatoriana, el abogado César Sarango. (VER VIDEO)
Balda, “el objetivo”
Fernando Balda era compañero de Rafael Correa, en su partido Alianza País, pero en 2009 se pasó a la oposición “por diferencias con su forma de ejercer autoridad”.
A partir de ese momento, a través de entrevistas, blogs y páginas web, Balda se dedicó a realizar toda suerte de denuncias y críticas en contra de Correa, señalando al Gobierno ecuatoriano de disponer de “una central secreta” desde la que estaría espiando a políticos y periodistas no afectos al régimen. A raíz de esto fue demandado por injuria y buscó refugio en Colombia a mediados de 2010.
En primera instancia, Balda fue objeto de un “extraño operativo”, el 5 de julio de 2012, cuando salía de su apartamento en Bogotá, siendo interceptado por varios hombres que lo llevaron ante las autoridades de migración colombianas con el propósito de deportarlo a Ecuador, pero ante la inexistencia de una orden de captura por parte de la Interpol la acción no pudo realizarse cabalmente.
Días más tarde, el 12 de agosto del mismo año, Balda fue obligado a subir a una camioneta y minutos más tarde, gracias a la oportuna intervención de un taxista que observó el hecho, las autoridades iniciaron una persecución de los “secuestradores”, quienes se vieron precisados a abandonar el vehículo, con Balda en su interior, en un paraje solitario de la capital colombiana.
Las huellas dactilares en el vehículo permitieron a las autoridades colombianas dar con la ubicación de un hombre que aceptó su participación en el intento de secuestro de Balda, quien relató, además, que “el propósito era llevar al exparlamentario hasta Ipiales”, una pequeña ciudad en la frontera con Ecuador. Un cabo del Ejército colombiano estuvo involucrado en el episodio, según lo narrado, y ambos se encuentran pagando condena en Colombia.
La declaración del hombre detenido desveló la participación de agentes de la Inteligencia ecuatoriana tras rastrear la matrícula del vehículo utilizado para cometer el fallido plagio, que fue alquilado por un sargento de la Policía de Ecuador, adscrito al Ministerio del Interior, identificado como Raúl Luis Chicaiza, quien en 2010 había participado como supuesto miembro de una ONG, en una actividad pública en Bogotá, en el que estuvieron Balda y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Al revisar la lista de asistentes y los videos del mismo evento, los investigadores encontraron el nombre de una persona que se identificó como Stalin Scoto, pero realmente se trataba del agente Raúl Luis Chicaiza. Se estima que otros 10 posibles elementos de la Inteligencia del país del presidente Correa, hayan realizado tareas en Colombia siguiendo la pista de Balda y “posiblemente al expresidente Uribe”.
Finalmente, el exasambleísta fue deportado a Ecuador el 11 de octubre de 2012, “por solicitud de Ecuador”, y recibido en Quito por Rommy Vallejo, director del Departamento de Inteligencia, funcionario de confianza del presidente Correa. El 7 de enero de 2013 un juez condenó a Balda por “atentar contra la seguridad del Estado”, quedando en libertad en diciembre de 2014, tras otro proceso por manutención los 22 meses que estuvo en la cárcel.
El exparlamentario prepara para presentar este año una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en contra del Gobierno de Rafael Correa. “Sólo estoy esperando judicializar algunos hechos y personas dentro del proceso (…) porque esta vez no volverán a meterme a la cárcel por injurias (…) porque quiero estar libre hasta que todos ellos sean juzgados por la justicia”, declaró.
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