En palabras del presidente Donald Trump, recogidas en el memorando difundido por el Departamento de Estado, “en Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes”.
A continuación el texto completo de la Determinación presidencial para el año fiscal 2026 respecto a los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas:
"En virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA) año fiscal 2003 (Ley Pública 107-228), por la presente, identifico a los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos de su Gobierno en la lucha contra las drogas ni su nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de país principal de tránsito de drogas o importante productor de drogas ilícitas que figura en los artículos 481(e)(2) y 481(e)(5) de la Ley de Asistencia Exterior (FAA) de 1961, como fue enmendada (Ley Pública 87-195), la razón por la que se incluye a los países en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un gobierno ha aplicado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y de aplicación de la ley.
De conformidad con la sección 706(2)(A) de la FRAA, por la presente, designo a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que, de manera demostrable, durante los últimos 12 meses no han cumplido con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico ni han adoptado las medidas exigidas por la sección 489(a)(1) de la FAA. Se incluyen en esta determinación las justificaciones para la designación de Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, tal y como exige la sección 706(2)(B) de la FRAA. También he determinado, de conformidad con lo dispuesto en la sección 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.
El tráfico delictivo transnacional organizado de fentanilo y otras drogas ilícitas mortales hacia Estados Unidos ha creado una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública en Estados Unidos que sigue siendo la principal causa de muerte de los estadounidenses de entre 18 y 44 años. Más del 40 por ciento de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos registró un promedio de más de 200 muertes diarias debidas a drogas ilícitas. Esto sigue siendo inaceptable, y mi Administración está desplegando todos los recursos y el poderío de Estados Unidos para derrotar esta amenaza a nuestra nación.
En primer lugar, he asegurado nuestras fronteras utilizando todos los recursos policiales y militares necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía de nuestra nación. Por primera vez en cuatro años, nuestra frontera ya no es un colador abierto para los carteles terroristas de la droga, los traficantes de personas y todos aquellos que quieren hacer daño a nuestro país. Se están salvando vidas estadounidenses, y las muertes por sobredosis están empezando a disminuir significativamente por primera vez en más de una década.
También he movilizado la fuerza económica de Estados Unidos para exigir una mayor cooperación por parte de nuestros vecinos norteamericanos a fin de hacer frente a la amenaza de las drogas y que ellos también pongan de su parte. En Canadá, el primer ministro Mark Carney respondió nombrando a un zar del fentanilo y proponiendo una ley para aumentar las facultades de inspección de las fuerzas del orden, pero se necesitan más medidas para impedir que el fentanilo y otras drogas crucen nuestra frontera y para arrestar a los delincuentes que trafican con drogas y explotan el territorio canadiense. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado la cooperación para hacer frente a los poderosos carteles que envenenan a nuestros dos países con drogas y violencia. México ha enviado 10.000 efectivos de su Guardia Nacional a nuestra frontera común, ha logrado importantes incautaciones de fentanilo y precursores químicos, y ha transferido a Estados Unidos a 29 objetivos de alto valor, entre ellos importantes miembros de los carteles, para que sean juzgados por sus delitos. Mi Administración ha trabajado en estrecha colaboración con la presidenta Sheinbaum para lograr la frontera suroeste más segura de la historia, salvando vidas y protegiendo a las comunidades del flagelo del fentanilo. Este aumento de los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse. Al Gobierno de México le queda mucho por hacer para acabar con los líderes de los carteles, así como con sus laboratorios clandestinos de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas. Durante el próximo año, Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y agresivos por parte de México para hacer responsables a los líderes de los carteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas.
Estados Unidos colaborará con México y otros países para combatir estas amenazas a la seguridad nacional de forma cooperativa siempre que sea posible y, cuando sea necesario, a través de nuestras propias autoridades soberanas. Mi decisión de identificar a los carteles de la droga mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras ha otorgado a Estados Unidos nuevas facultades para desmantelar estos grupos mediante sanciones, la ampliación de las facultades de enjuiciamiento y otros recursos. Mi Administración también ha impuesto restricciones de visado a los familiares y allegados de los narcotraficantes para proteger nuestro país.
Si bien Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar a los delincuentes que permiten la producción, el transporte y el contrabando de drogas ilícitas a través de nuestras fronteras, también pediré a los países de origen y tránsito de estas drogas que cumplan con sus obligaciones y corten el suministro, o se enfrentarán a graves consecuencias.
El papel de la RPC como la mayor fuente mundial de precursores químicos que alimentan la producción ilícita de fentanilo ha sido ampliamente documentado. Durante demasiado tiempo, la RPC ha permitido la producción ilícita de fentanilo en México y otros lugares al subvencionar la exportación de los precursores químicos necesarios para producir estas drogas mortales y al no impedir que las empresas chinas vendan estos precursores a carteles criminales conocidos. Por esta razón, tomé medidas audaces para hacer responsable a Beijing, al aplicar un arancel adicional del 20 por ciento a la RPC por no haber promulgado reformas tangibles y significativas para frenar el flujo de precursores químicos. También firmé una orden ejecutiva que elimina el trato libre de aranceles de minimis para las importaciones de bajo valor procedentes de la RPC, que las empresas chinas han utilizado para ocultar sustancias ilícitas en la circulación del comercio legítimo. La RPC es también un importante proveedor que alimenta la epidemia mundial de otros narcóticos sintéticos, como los nitazenos y la metanfetamina. Los líderes de la RPC pueden y deben tomar medidas más enérgicas y sostenidas para reducir esta circulación de productos químicos y enjuiciar a los delincuentes que los facilitan.
En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el Gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Por esta razón, he designado a Colombia como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando su habilidad y valentía a la hora de enfrentarse a los grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados funcionarios públicos en todos los niveles del Gobierno. El incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año es responsabilidad exclusiva de sus líderes políticos. Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones delictivas colombianas.
En Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante formalmente acusado Nicolás Maduro lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá pretendiendo llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes. También nos enfocaremos en las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como Tren de Aragua, y las eliminaremos de nuestro país.
El Gobierno de Bolivia ha tomado algunas medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y colaborar con las fuerzas del orden de Estados Unidos para llevar ante la justicia a los delincuentes relacionados con las drogas, entre ellos Maximiliano Dávila, el corrupto exjefe antidroga del país. Sin embargo, Bolivia aún tiene mucho trabajo por delante para cumplir de manera coherente sus compromisos en la lucha contra las drogas y garantizar que no sea un refugio seguro para que prosperen los grupos de narcotraficantes.
En Afganistán, a pesar de la prohibición anunciada por los talibanes sobre las drogas ilegales, las reservas de drogas y la producción continuada, incluida la expansión de la producción de metanfetamina; se ha mantenido la circulación de drogas hacia los mercados internacionales. Los ingresos procedentes de este tráfico de drogas financian a grupos delictivos transnacionales y apoyan a terroristas internacionales. Algunos miembros de los talibanes siguen beneficiándose de este comercio, y una vez más designo a Afganistán como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas, dada la grave amenaza que supone para los intereses de Estados Unidos y la seguridad internacional".
FUENTE: REDACCIÓN
