El portavoz del Ejército de Nicaragua Álvaro Rivas rechazó este jueves que la institución esté relacionada con la muerte de campesinos en el norte del país y ha recalcado que no es su competencia investigarlos.
Las palabras de Rivas han tenido lugar en respuesta a la información divulgada por dirigentes del Movimiento Campesino y medios de comunicación, que acusan al Ejército de ser responsable de estos hechos.
Según ha explicado al diario local 'La Prensa', los que deben investigar estos casos y aclarar los crímenes son la Policía Nacional y las autoridades civiles. "La determinación de algún delito o de alguna acción, no es potestad nuestra, corresponde a las autoridades competentes poder determinar los hechos, los casos, la tipificación", explicó.
"Nos han querido poner en lugares donde nunca nosotros hemos estado y lo hemos dejado claro en todas y cada una de nuestras notas de prensa y notas informativas", manifestó el militar.
Desde 2019, el Movimiento Campesino, dirigido por Medardo Mairena, ha denunciado ante organismos internacionales la vinculación del Ejército de Nicaragua en la muerte de campesinos en el norte del país.
El último informe fue presentado en febrero de 2020 ante una misión de diputados del Parlamento de la Unión Europea en El Salvador, donde expusieron la muerte de 103 campesinos. Sin embargo, Kenia Gutiérrez en recientes declaraciones a Diario Las Américas informó que la semana pasada la cifra de asesinatos ascendió a 113.
Las Fuerzas de Seguridad han determinado en el informe 'Anotaciones sobre supuestos asesinatos que son denunciados por el Movimiento Campesino y algunos medios de comunicación' que los relatos "recreados por quienes denuncian estos supuestos crímenes intentan proyectarlos ante la opinión pública nacional e internacional como sucesos vinculados a los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2018".
Según el Ejército también refiere que "al momento de investigar uno a uno los casos en su mayoría corresponden a hechos ocurridos por rencillas personales, parricidios y feminicidios". Pero los testimonios de los campesinos dicen lo contrario.
Entre estos casos se mencionaron los asesinatos de dos campesinos nicaragüenses en Honduras, Edgar y Yalmar Montenegro, quienes participaron en las protestas civiles en 2018 y que, según sus familiares, huyeron del país por el asedio y la persecución de los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega.
"En las áreas de responsabilidad que tenemos hemos protegido a nuestros productores y ganaderos y no hemos tenido ni un hecho. Pero además, hemos hecho la retención de armas de uso restringido", expresó el portavoz antes de señalar que están "trabajando para proporcionar seguridad en el campo".
Asimismo, aseveró que las funciones del Ejército están "claramente definidas en la Constitución Política y la Ley" y corresponden a la protección de la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial.
En este sentido, ha hecho hincapié en que ninguno de los informes redactados por organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos incluye la participación de la institución castrense en situaciones de violaciones de Derechos Humanos en el país.
El Ejército se ha plegado al régimen de Ortega, el actual jefe de la institución castrence Julio César Avilés, fue ratificado por tercera vez en el cargo. Ortega modificó la Ley del Código Militar para mantener a Avilés al frente de la institución, lo que ha creado un cuello de botella en la sucesión del mando militar.
Paramilitares entraban y salían del hospital militar durante las protestas antigubernamentales en 2018, de acuerdo con videos publicados en las redes sociales, del hecho ninguna institución ha investigado.
Desde que Ortega llegó al poder en 2007 los crímenes han aumentado en el campo.
FUENTE: Con información de Europa Press
