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DIARIO DE CUBA conversó con el abogado español Carlos Villacorta Salís, socio director de BCV Lex, bufete que representa a 40 familias y a los tripulantes de cabina del vuelo del Boeing 737-200 siniestrado, quien aseguró que su despacho está "en el proceso de publicación de anuncios y edictos, habida cuenta que el señor Rodríguez Campos está desaparecido. El sistema mexicano es muy formalista y además el proceso se ha retrasado como consecuencia de la pandemia".

La pandemia del Covid-19 ha retrasado aún más los trámites, aseguró. "Debido al confinamiento, se han cerrado los tribunales en México y en España, se han suspendido todos los plazos y el lanzamiento de las acciones previstas se ha retrasado como consecuencia".

"De la misma manera, en Cuba se está retrasando también el necesario proceso de legalización de los documentos acreditativos de las relaciones familiares entre las víctimas y los familiares reclamantes. Estamos trabajando con la Consultoría Jurídica Internacional, nuestros representantes legales en la Isla, para facilitar este proceso", aseguró.

Hasta la fecha, los familiares que Villacorta Salís representa no han recibido ninguna indemnización, aunque "algunos han recibido pequeños anticipos, sobre todo en aquellos casos en los que había niños menores. Son cantidades en cualquier caso insuficientes y que no se corresponden con los estándares mínimos internacionales".

Sin embargo, indicó que algunas de las personas recibieron "ofertas finales realizadas sin asesoramiento, ofertas que no se corresponden con los enormes perjuicios sufridos por las familias, ni son mínimamente aceptables".

Sobre este particular, DIARIO DE CUBA conversó con la madre de uno de los fallecidos, residente en Holguín y que no forma parte de ninguna de las demandas judiciales actualmente en curso.

De acuerdo con la persona entrevistada, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, en julio de 2019 las familias afectadas fueron citadas por el abogado del Bufete Internacional Alejandro Vigil Iduate, quien les dijo que fungía como mediador entre ellas y el Estado cubano.

El funcionario planteó otorgarles una ayuda de 5.000 CUC para la legalización de los documentos notariales necesarios para los trámites, que fue dividida a la mitad entre el padre y la madre de la víctima. La suma les fue entregada como depósito bancario, con una tarjeta magnética como medio de pago.

"Según ellos, no es una indemnización, sino una ayuda. Pero primero preguntaron si habíamos hecho alguna reclamación por otra vía. Eso tuvimos que dejarlo por escrito y firmar", contó la fuente.

"Nos aclararon que otras familias que han estado haciendo legalizaciones por otros países no recibirían la ayuda", agregó. Además, los representantes legales cubanos entrevistaron al director de la empresa donde trabajaba el fallecido, para conocer cuánto ganaba allí.

"Nunca más se han comunicado con nosotros. Ni siquiera para preguntar cómo estamos. Del accidente se olvidaron pronto. Pero de los disparos que hace días le tiraron a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, no", señaló.

En agosto de 2019, Archivo Cuba presentó un informe titulado "Cuba viola el derecho internacional al no indemnizar por accidentes de aviación civil", donde aseguró que la práctica del régimen de no compensar a las familias de las víctimas se ha hecho extensiva a lo largo de décadas.

En ese informe, el proyecto con sede en Puerto Rico cuya misión principal es documentar casos de muertes ocasionadas por el Estado cubano a lo largo de su historia, denunció que el régimen no ha cumplido con sus obligaciones con el derecho internacional al no indemnizar "a los familiares de al menos 180 fallecidos" en accidentes aéreos.

Archivo Cuba pidió a los gobiernos del mundo "que impongan sanciones a Cuba hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del Convenio de Montreal (1999)" y "emitan alertas de viaje urgentes para advertir a sus ciudadanos."

El Convenio de Montreal especifica que "sin importar cuál ha sido la causa o quién ha sido el responsable de cualquier accidente de aviación civil, los familiares de todas las víctimas mortales deben ser indemnizados". El tratado fue suscrito por el Gobierno cubano el 28 de mayo del 1999, ratificado el 14 de octubre del 2005, y entró en vigor el 13 de diciembre del 2005.

Igualmente, solicitó a la Organización de la Aviación Civil Internacional que lleve a cabo una "investigación exhaustiva, independiente e integral sobre las prácticas de aviación civil de Cuba y su cumplimiento con los convenios que ha firmado, incluida la indemnización de las víctimas de desastres aéreos, e informe al mundo los resultados con total transparencia".

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