miércoles 5  de  febrero 2025
Venezuela

Fiscal Ortega Díaz acusa a Maduro de consolidar un "Estado de Terror" para mantenerse en el poder

El señalamiento figura en la extensa demanda por "delitos de lesa humanidad" que el pasado 15 de noviembre la Fiscal General removida por la Constituyente presentó ante la Corte Penal Internacional, a la que no solo pidió que ordene la detención del mandatario y de cuatro generales sino que le congele sus bienes en el mundo para "reparar las víctimas" de sus crímenes.
Por JUAN FRANCISCO ALONSO

LONDRES.- Como un “Estado de Terror”, en el que los ciudadanos que pretenden ejercer sus derechos constitucionales pueden determinar encarcelados sin motivo alguno, siendo torturados y en el peor de los casos asesinados por los cuerpos policiales y militares. Esta es la radiografía de la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro que la fiscal general removida por la cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz, hizo a la Corte Penal Internacional, para justificar su demanda por “delitos de lesa humanidad” contra el mandatario y cuatro jerarcas militares.

“En Venezuela se ha consolidado un Estado de Terror que tiene como único objetivo el mantenimiento del poder por parte de quienes actualmente lo detentan”, afirmó la funcionaria ahora exiliada en Colombia en su escrito, de 495 páginas y al cual tuvo acceso Diario Las Américas, donde además acusó al mandatario de instaurar “un modelo de Estado de carácter policial dirigido por el Poder Ejecutivo, que de la mano del Poder Judicial, ha venido desmontando el sistema republicano de Gobierno previsto en la Constitución, empezando por la eliminación del principio de separación de los poderes públicos, interviniendo especialmente sobre aquellos organismos que eventualmente pudiera visibilizar, investiga o ejercer acciones frente a las gravísimas violaciones de los Derechos Humanos que sistemáticamente se ordenan desde el poder político”.

Para la jurista el desmantelamiento de la democracia se ha venido produciendo de manera sistemáticamente desde 2015 y puso como primer hito el proceso irregular de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizado por la anterior Asamblea Nacional aún dominada por el chavismo, después lo continuó la aprobación de la resolución 08610 del Ministerio de la Defensa que permite a los militares usar armas de fuego para controlar manifestaciones que se han vuelto violentas y lo remató la puesta en marcha de la criticada Operación Liberación del Pueblo (OLP). La OLP es el último plan de seguridad del Gobierno, en el cual participan miles de guardias nacionales y militares junto a policías y que ha sido acusada de provocar más de 505 muertos desde su puesta en marcha.

Un ensayo

Ortega Díaz, en su escrito, aseguró a la Corte que la OLP fue un ensayo que permitió a las autoridades diseñar mecanismos para enfrentar el descontento social, al costo que fuera y a ellos achacó los 131 fallecidos durante la ola de protestas que sacudió al país entre abril y junio pasado.

“Los planes de represión establecidos desde el poder político para reprimir a la población civil, crear un clima de terror, e impedir y aniquilar cualquier contestación política, son exponente de que existe un plan metódico de destrucción de los más elementales derechos, empezando por la propia vida de los ciudadanos, además de la libertad, la integridad física, la integridad moral y la propia dignidad de las personas”, afirmó y por ello justificó su decisión de pedir el procesamiento también de los ministros de la Defensa y del Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres, respectivamente; del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y del excomandante de la Guardia Nacional y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides.

La OLP también permitió a la removida Fiscal General justificar su señalamiento de que en Venezuela las autoridades chavistas vienen violando de manera sistemáticamente los Derechos Humanos de una parte importante de la población.

“De acuerdo con las cifras cuidadosamente sistematizadas por el Ministerio Público, con un estricto fundamento científico y con alto grado de fiabilidad, durante el 2015, fueron asesinados por parte de organismos de seguridad del Estado 1.777 ciudadanos, en el 2016, 4.667 personas, eso representa aproximadamente el 20% de la totalidad de los homicidios del país en ese año de acuerdo con las cifras oficiales de la Institución. Asimismo, desde enero a junio de 2017, han sido asesinados a manos de las fuerzas policiales 1.848 personas. Estas estadísticas demuestran la instrumentalización de una violencia institucional organizada desde la cúpula del Gobierno”, señaló en su escrito, en el cual reveló que González López, el ideólogo de la OLP, le admitió que la misma buscaba realizar una “limpieza social” en el país.

La actuación irregular del Sebin, en particular su negativa a acatar las órdenes de excarcelación de los jueces, el forjamiento de pruebas para justificar detenciones y las denuncias de tortura, también es otro motivo por el cual la jurista llanera quiere ver a González López en el banquillo de los acusados.

No solo detención

Al momento de interponer la denuncia contra Maduro y los cuatro generales Ortega Díaz informó que le pidió a la Corte de La Haya que ordenara la detención de los señalados, para así asegurar su procesamiento. Sin embargo, esta no es la única petición que figura en la querella.

La funcionaria pidió al juzgado de Las Haya que ordene la “localización e inmovilización de los bienes, cuentas y haberes que constan a su nombre o el de terceras personas tanto en Venezuela, como en el resto del mundo” de los denunciados con “el propósito de una eventual reparación del daño a las miles de víctimas de la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos”.

Por último, también requirió de la instancia que pida a las actuales autoridades del Ministerio Público las actuaciones que reposan en él “relacionadas con las muertes, lesiones, allanamientos ilegales, torturas y demás tratos crueles inhumanos y degradantes” y la OLP para que sean “desaparecidas o inutilizadas con el propósito de procurar garantizar la impunidad de los autores”.

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